¿De verdad se lo creen?
No sé si la supresión de una parte de la deuda de las comunidades es positiva o no para éstas, pero tal medida no puede ser buena para los españoles en su conjunto
Durante toda la legislatura, cada vez que el Gobierno del Sr. Sánchez hace una nueva concesión a Cataluña o al País Vasco, muchos de los ... diputados, alcaldes, concejales y miembros de las direcciones autonómicas, provinciales o locales del Partido Socialista, aseguran que lo dicho por su máximo dirigente es una verdad irrefutable y que las medidas acordadas no solo no representan un privilegio para tales comunidades sino que las mismas repercutirán muy positivamente en su propia comunidad, provincia o localidad.
Así, vemos ahora a muchos dirigentes socialistas –salvo excepciones muy singulares, cuál es el caso de los presidentes de Castilla La Mancha y de Asturias–, no solo defender la financiación singular que el Gobierno de España ha negociado con los independentistas catalanes, sino aplaudir con pasión su aprobación y aplicación generalizada. Yo no sé si la supresión de una parte de la deuda de cada una de las comunidades autónomas es positiva o no para éstas, pero lo que sí sé es que tal medida no puede ser buena para los españoles en su conjunto, pues la deuda no desaparece sino que se añade a la que el Estado debe, y por tanto a la que debemos todos los españoles. Una deuda cuya cuantía se va incrementando hasta límites ya prácticamente inasumibles, como lo demuestra el hecho de que a pesar de que los intereses actuales están en un nivel muy bajo, la cuantía anual de los mismos superará este año los cuarenta y dos mil millones de euros. Además, una parte importante de esa deuda está en manos de fondos extranjeros. ¿Qué ocurrirá si un día los intereses aumentan de forma importante? ¿Y si los fondos extranjeros deciden que la deuda española puede suponerles un riesgo que quieren reducir y, por ello, exigen su amortización a medida que la misma finaliza? Por otra parte, esa reducción de deuda el Gobierno no la ha negociado con el conjunto de las comunidades autónomas, como hubiera sido lo lógico, sino exclusivamente con Cataluña, aplicando luego la misma a todos los demás, les guste o no. Bueno, a todos los demás no, ya que al País Vasco no le afecta, como tampoco afectaría luego a Cataluña si una vez hecha la reducción conceden a la misma su total independencia fiscal, al estilo de la del País Vasco. Si a eso le sumamos que se beneficia a quien más gasta y menos ahorra, en perjuicio de quien se preocupa de ajustar sus gastos a sus ingresos, el tema ya no parece tan justo y equitativo.
Igual ocurre con la cesión de la Seguridad Social al País Vasco, negociada con los partidos nacionalistas de nuestra vecina comunidad, incluido el partido político heredero de los terroristas que hasta hace bien poco se dedicaban a asesinar a cuantos se opusieran a sus ideas independentistas –incluidos muchos socialistas–; cesión que conlleva, sin embargo, qué casualidad, que el pago de las pensiones se haga con cargo a los dineros de todos los españoles ya que, y eso no es ninguna casualidad, el monto de dinero que actualmente los trabajadores del País Vasco aportan para el pago de las pensiones tiene un déficit de más de cinco mil millones anuales con relación al costo de las mismas, cantidad que día a día se va incrementando dado que los trabajos existentes actualmente en la comunidad son, normalmente, de inferior nivel económico a los existentes anteriormente. Con ello, lógicamente, es menor su aportación al fondo de pensiones, a la vez que éstas se van incrementando ante el elevado número de trabajadores que, al igual que en el resto de España, están alcanzando ahora la edad de jubilación y que, por lo expuesto anteriormente, las nuevas pensiones, en general, son bastante elevadas en relación a las cotizaciones de los actuales trabajadores.
De análoga manera vemos ahora la cesión que el Gobierno está negociando también con los partidos nacionalistas e independentistas del País Vasco para la gestión de las pensiones no contributivas por parte de su Gobierno, para que sea éste quien lo gestione y las conceda a quienes acrediten su derecho a las mismas, aunque, eso sí, el dinero, faltaría más, lo pondremos el resto de los españoles.
A la vista de lo anterior y ante la actitud de muchos miembros del Partido Socialista, que defienden ahora tales políticas y concesiones, muchas veces en contra de lo defendido por ellos mismos hasta hace bien poco, cabe preguntarse qué dirán el día que su líder actual, Sr. Sánchez, impulsor de tales políticas como medio de mantenerse en el poder, deje la dirección de su partido y, sobre todo, si éste queda, como consecuencia de tales políticas, muy mermado en sus posibilidades electorales. Ciertamente ellos, como cualquier otro, tendrán derecho a cambiar de opinión, faltaría más, pero, por favor, que no se enfaden si entonces alguien les recuerda su ciego posicionamiento actual y les pregunta si de verdad se lo creían.
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