La accesibilidad no es un lujo, es una necesidad básica

Los administradores de fincas colegiados, al igual que otros muchos colectivos, defendemos que la accesibilidad es una cuestión de derechos humanos y de justicia social. Hacerlo posible es una responsabilidad compartida por todos, pero especialmente debe descansar, a nuestro juicio, en los gobiernos, sean municipales, autonómicos o central, que deben promover políticas que contribuyan a la eliminación de estas barreras que comprometen sin razón la calidad de vida e independencia de tantas y tantas personas.

En este contexto, las ayudas y subvenciones públicas para la instalación de ascensores y otras mejoras adquieren sin duda un singular interés. Porque si partimos de la idea de que la política verdaderamente buena es la que procura el bienestar de todos los ciudadanos, no podemos pasar por alto que uno de los mayores problemas en nuestras ciudades es el aislamiento forzoso que sufren quienes no tienen ascensores en sus edificios y ven condicionado, de este modo, su bienestar y su acceso a servicios básicos como la atención médica, la compra de alimentos o la posibilidad de socializar con familiares y amigos.

Porque no poder salir de casa significa menos actividad física, menos contacto con el exterior y, en muchos casos, una mayor sensación de soledad y depresión que no afecta solamente a las personas de mayor edad, sino también a familias con niños pequeños, personas con discapacidad o movilidad reducida y, en general, a cualquier persona que en algún momento de su vida pueda tener dificultades para desplazarse.

Pero esta dolorosa realidad que viene siendo advertida por diferentes estamentos desde hace mucho tiempo, quizá ya demasiado, deja entrever otra no menos preocupante: los costes para mejorar la accesibilidad de nuestros edificios suelen ser muy elevados, lo que dificulta en muchas ocasiones que comunidades de vecinos con escasos recursos económicos puedan afrontarlo sin ayuda. Y aquí es, precisamente, donde las políticas públicas juegan a nuestro entender un papel trascendental.

Como promotoras de la cohesión social, las administraciones públicas deben buscar el bienestar de la sociedad en su conjunto y entender que la accesibilidad no es un lujo, sino una necesidad básica. Porque un edificio accesible es un edificio más habitable, más funcional y más inclusivo.

Llegados a este punto, los administradores de fincas colegiados queremos agradecer el compromiso de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, que ha elevado hasta los 16 millones de euros el presupuesto destinado a programas de mejora de accesibilidad, dotado inicialmente con 6,4 millones.

Un aumento del 250% que responde a la elevada demanda que estas ayudas despiertan entre las cientos de comunidades de propietarios de la región que desean, pero que sin ellas no pueden, mejorar la accesibilidad de sus viviendas. El éxito de esta y anteriores convocatorias demuestran la importancia y la utilidad de estas subvenciones y son fiel reflejo de que las políticas públicas, cuando están bien planificadas, pueden y deben contribuir a que nadie quede excluido de la vida en comunidad por falta de infraestructuras adecuadas.

Ahora, y siempre, toca que simplificar al máximo los trámites administrativos y garantizar que estas ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan. Así daremos un paso hacia una sociedad más justa e igualitaria en la que todas las personas, sin importar su edad o condición física, puedan disfrutar de una vida plena y autónoma. Invirtamos en calidad de vida. Es nuestro obligación y nuestro derecho.