La claridad del consejero de Salud
El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó el pasado 9 de octubre iniciar los trámites para destinar un total de 216 millones de euros al ... Hospital Santa Clotilde de Santander, una entidad privada, de acuerdo a un convenio plurianual, que todavía no existe, para privatizar servicios sanitarios sin licitación pública y cuyo contenido, por tanto, se desconoce hasta la fecha.
El acuerdo es por un periodo de 15 años a razón de 14,4 millones al año, lo que implica hipotecar a la futura política sanitaria de posteriores gobiernos, que estarán obligados a mantener el convenio o a rescindirlo unilateralmente previa indemnización a favor de la entidad privada.
Para poder hacer posible esta privatización de servicios sanitarios sin concurso previo, el Gobierno de Cantabria introdujo una modificación en la Ley de Acompañamiento de los últimos presupuestos generales de 2024 que, mediante la figura de 'convenio singular', permite a la Administración pública contratar servicios de hospitales privados por un período máximo de 20 años, prorrogable en otros cuatro, y sin concurso. Es decir, que esta operación financiera estaba perfectamente planificada con meses de antelación.
En paralelo, recientemente el Gobierno comunicó que se va a externalizar la lectura de 1.000 mamografías a este mismo hospital privado. Casualmente, en enero Santa Clotilde había inaugurado un nuevo Servicio de Radiodiagnóstico.
En fechas recientes el consejero de Salud explico cuál es la razón principal del convenio con el Hospital Santa Clotilde: estabilizar financieramente a una entidad privada que va a hacer una inversión de 60 millones de euros. Mas claro el agua.
En lugar de invertir 216 millones en la sanidad pública, le garantiza, durante 15 años, a una entidad privada que va a hacer una fuerte inversión, la demanda de pacientes necesarios para financiar dicha inversión con dinero público. Nadie cuestiona que existan acuerdos puntuales con la sanidad privada para resolver problemas excepcionales. Pero una cosa es eso y otra carcomer desde dentro la sanidad pública derivando recursos públicos hacia la iniciativa privada.
No deja de ser curioso cómo se aprueba una cantidad de recursos públicos con cargo a un convenio que aún no existe y, por otro lado, se exige una cláusula inaceptable a los docentes para cerrar el acuerdo sobre la actualización de sus retribuciones. Por cierto, por una cantidad anual similar.
De otro lado, sería importante conocer cuál va a ser la política del Gobierno regional para el tejido empresarial que acometa inversiones en la región. Ante lo acontecido con el hospital privado Santa Clotilde, ¿significa eso que cualquier empresa que acometa inversiones en Cantabria puede contar con la ayuda del gobierno regional para 'estabilizar' financieramente sus cuentas? ¿Es ello compatible con las normas de la UE en relación a las ayudas de Estado?
La sanidad pública y todos los servicios públicos esenciales son el armazón del estado del bienestar. Y este nos ayuda a construir una sociedad menos desigual, impulsa el ascensor social, potencia el desarrollo económico, fortalece la convivencia y reduce la polarización.
Es por ello que la defensa de lo público es esencial y que la política que realiza el gobierno de Cantabria, con el convenio con el hospital Santa Clotilde, debe ser denunciada y combatida. Tampoco debemos olvidar que fue también el PP quien privatizó el buque insignia de la Sanidad cántabra, el Hospital Valdecilla, con un contrato de colaboración público-privada que otorgó a la empresa constructora más de una veintena de servicios del hospital durante 20 años.
En este contexto no deja de ser sorprendente la valoración inicial de los agentes sociales, con especial mención en este caso a los sindicatos mayoritarios, con respecto al proyecto de Presupuestos generales para 2026. Ante un desmantelamiento tan evidente de la sanidad pública, la falta de respuesta a la dignificación salarial de los docentes de la educación pública, la reducción en un 55% de la inversión en la Renta Social Básica, mientras las rebajas fiscales en IRPF, sucesiones, donaciones, patrimonio y transmisiones han supuesto una merma de ingresos de 370 millones desde 2024. Eso sí, tenemos ayudas para la tauromaquia en municipios con riesgo de despoblación. Desde una visión amplia y desde una óptica progresista no se puede ser condescendiente con esta deriva.
Seguramente el proyecto de Presupuestos para 2026 incrementará el gasto en la sanidad, pero eso no es incompatible con el desmantelamiento de la sanidad pública, pues, como hemos visto, parte de esos recursos público irán a parar a entidades privadas y en una cuantía para nada desdeñable.
El consejero de Salud ha sido muy claro y es de agradecer. Nos corresponde a los demás responder con inteligencia y contundencia para evitar el desmantelamiento de lo público que con tal claridad nos ha sido expuesto.
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