Fuera maltratadores de las instituciones

Este funcionario ejerce múltiples tareas y funciones que no tienen ninguna relación con su condición de policía local, pero que le proporcionan un considerable poder y una gran proyección pública y demuestran además la vinculación política tan estrecha que mantiene con el equipo de gobierno del Partido Popular. Él mismo se presenta en redes como «amigo de la alcaldesa», «compañero de concejalas» y «entusiasta del PP». Y ha aparecido en actos oficiales con las autoridades municipales, como si fuera parte del propio equipo de gobierno. Tan es así que podríamos decir que actúa como el concejal número 15 de Santander y por ello es gratificado con un complemento salarial nada desdeñable de 20.000 euros.

Pero lo más grave no es esta asignación de funciones. Lo grave es que ha sido condenado y no por un delito menor sino por haber ejercido violencia machista. La sentencia es pública y la alcaldesa no puede alegar desconocimiento. El propio maltratador la ha difundido públicamente, sin borrar el nombre de la víctima, en un nuevo ejercicio de maltrato, subrayando en el texto los hechos que no se han considerado probados. Olvida, claro está, que el no haberse podido acreditar hechos acaecidos en la intimidad no siempre significa que no se hayan producido. Y que la descripción de los hechos denunciados, aunque «no acreditados» que figuran en la sentencia, muestra a un maltratador de manual: censura del modo de vestir, control de redes, gritos, amenazas, celos, coacciones, agresiones físicas, ambiente asfixiante… Y finalmente olvida que sí se han acreditado dos delitos de violencia de género por los que se le ha impuesto una condena de dos penas de tres meses de prisión (una por cada delito), inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de portar armas durante seis meses y un día, prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante un año y tres meses y al pago de una indemnización y las costas del proceso. Además, la sentencia tiene en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño, lo que implica el reconocimiento implícito de los hechos por parte del condenado.

¿Cómo es posible que alguien así condenado por maltrato sea mantenido en un puesto de libre designación en una institución como el Ayuntamiento de Santander?

¿Cómo es posible que alguien a quien se le ha inhabilitado para ser elegido por la ciudadanía pueda ser, sin embargo, elegido directamente por la alcaldesa para un cargo de confianza, de libre disposición?

¿Cómo va a mantener el Ayuntamiento a partir de ahora que su tolerancia frente a la violencia machista es cero? ¿Qué credibilidad van a tener sus declaraciones públicas, campañas institucionales y los minutos de silencio mensuales después de los Plenos?

No hay excusas. No se puede mantener en un puesto de confianza institucional a un hombre condenado por violencia de género. No se puede blanquear a un maltratador. No se puede decir que es un tema «delicado» para justificar la inacción. No se puede, por quienes dicen respetar siempre las sentencias judiciales, hacer caso omiso precisamente de ésta, alegar que es recurrible, o que «no se va a actuar porque el tema esté de moda». Pero, lamentablemente el tema de la violencia contra las mujeres sí «está de moda». Día tras día, mes tras mes, año tras año «sigue de moda». Por ello, ni la sociedad ni las instituciones pueden no actuar frente a ella. Y nuestros políticos no pueden ser cómplices ni mirar hacia otro lado. Cuando nuestros representantes callan y permiten la permanencia de un condenado por violencia de género en un espacio institucional, están tomando una decisión política y enviándonos un mensaje muy claro: la violencia machista no es motivo suficiente para cesar a un maltratador.