El escándalo colapsa la agenda

Encapsular un escándalo de esta magnitud como si fuera un problema de Cerdán, Ábalos y Koldo es no haber entendido los estragos de la corrupción. El Gobierno de Sánchez corre el riesgo de achicharrarse por haber puesto la mano en el fuego por un número tres del PSOE que en realidad llevaba años en el sumidero. Y lo hace en el peor momento de la legislatura, acorralado por los tribunales, enfrentado a algunos jueces y sin Presupuesto. El último intento de retomar la agenda fue la Conferencia de Presidentes y acabó como el rosario de la aurora. Lejos de apagarse, los frentes judiciales han dejado al borde del banquillo al fiscal general y al hermano del presidente. La renovación del Ejecutivo podría ser un revulsivo y le permitiría examinar los ministerios más expuestos a las adjudicaciones de obras públicas gestionadas por la trama investigada a cambio de mordidas. Aun así, el bloqueo es un peligro real por el choque entre la negativa a adelantar elecciones de Sánchez o someterse a una cuestión de confianza y la imposibilidad de Alberto Núñez Feijóo de sacar adelante una moción de censura. Sánchez necesita renovar la confianza de sus aliados si quiere recobrar impulso en una legislatura atascada. Con más bronca que avances en lo importante. Con acuerdos ahogados en la hipérbole. Un calvario. Así podría sonar el principio del fin.

Como extensión de esta turbia situación a Cantabria, donde los enredos de Leire Díez –rayanos en el vodevil si no tuvieran esa apariencia delictiva– han encontrado continuidad en las sugerencias del nuevo responsable de Organización del PSOE regional al apuntar la cercanía del anterior secretario general y vicepresidente del Gobierno de Cantabria con Santos Cerdán. La gravísima mezcla de ilegalidades de toda índole y el hedor de los manejos explica en buena medida que la Encuesta Social que prepara el Instituto Cántabro de Estadística (Icane) cada dos años muestre la enorme desconfianza de los ciudadanos en la política, que llega al 68% de los consultados. Solo el 8% aprueba a nuestros representantes, planteado de forma general, aunque la aceptación de las instituciones más próximas es mayor: 41% los ayuntamientos, 31% el Ejecutivo regional y el 20% el gobierno nacional. Otro dato preocupante del mismo informe es el desinterés en los asuntos públicos, que hace constar el 38% de los cántabros. El ignorar lo que nos afecta a todos es un grave problema que responde al uso que algunos hacen de lo que debería ser una ocupación noble y digna, no un refugio de indignidad y latrocinio.