Fin del 'caso Obras Públicas'
El acuerdo entre las partes cierra una investigación compleja en la que queda la duda sobre si todo el daño causado a la Administración regional ha sido resarcido
El acuerdo entre la jueza instructora, la Fiscalía, los acusados y la acusación particular da por cerrado el 'caso Obras Públicas', aún a falta de ... su ratificación ante el tribunal juzgador. Tres años y medio ha durado una investigación que se inició por una denuncia anónima en marzo de 2022 y que afloró a la luz pública en febrero de 2023 con la entrada de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y agentes de la Agencia Tributaria en la sede de la Consejería de Obras Públicas y en las de las empresas y que conllevó ocho detenciones en ese momento. Seis de los diez investigados han aceptado su culpabilidad, evitando así la exposición del juicio oral y el riesgo de unas condenas mayores.
Miguel Ángel Diez, exjefe de Carreteras de la consejería, cabecilla y principal implicado, será condenado a siete años de cárcel y pagará 963.000 euros de multa y 749.000 de indemnización. También será inhabilitado para cualquier puesto público durante nueve años. Su esposa acepta un año de prisión y 478.000 euros de multa. Los cuatro representantes de las empresas de la trama, dos años de cárcel cada uno, multas de 1.800 euros e indemnizaciones entre 110.000 y 255.000 euros. En total, más de tres millones de euros para un perjuicio causado a la Administración regional calculado en 1.623.000 euros, aunque en este montante se incluyen solamente los casos investigados y durante un periodo limitado.
Los condenados reconocen, pese a haberlo negado hasta el momento, haber llevado a cabo prácticas corruptas para concertar contratos públicos durante muchos años adulterando los procedimientos, por lo que resultaron favorecidas unas empresas frente a otras, y aceptaron o sufragaron remuneraciones cuantiosas, pagos en especie, dádivas y favores. Gracias a ello, Diez amasó un cuantioso patrimonio y las empresas obtuvieron ingresos superiores a los que habrían conseguido en limpia competencia, a la vez que causaban un grave quebranto al Gobierno de Cantabria.
La conclusión judicial del 'caso Obras Públicas' se suma a las consecuencias políticas que tuvo en la región, con las dimisiones del consejero José Luis Gochicoa y el director general Manuel del Jesus. Junto a la influencia que pueda haber tenido en el resultado de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, en las que la victoria del PP y la caída del PRC propiciaron el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga. Recordemos que la consejería afectada ha tenido desde hace décadas una significación especial para el PRC, pues desde ella inició Revilla su ascenso político y su partido la ha controlado en varias legislaturas autonómicas. La auditoría sobre la adjudicación de obras encargada por el actual Ejecutivo, conocida el pasado febrero, determinó que los controles públicos fallaron.
El Gobierno de Cantabria ha manifestado su conformidad con la resolución del caso, pues considera que ha sido recuperado el dinero sustraído a la Administración y el funcionario responsable ha quedado apartado. El PRC, por contra, ha considerado poco ejemplarizante y una tomadura de pelo el acuerdo que cierra un hecho gravísimo en la historia regional. Queda la duda acerca de la amplitud del caso y del daño real causado al erario público, ya que otros expedientes anteriores no han sido objeto de la investigación, que habría sido muy compleja por su lejanía en el tiempo, y que podrían incluso haberse visto afectados por la prescripción legal.
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