Un fiscal insostenible
García Ortiz va a pasar de acusador a acusado, una circunstancia insólita en democracia que apela a su renuncia para salvaguardar la institución
La confirmación por la Sala de Apelaciones del Supremo del procesamiento del fiscal general, imputado por el juez instructor Ángel Hurtado por haber revelado información ... confidencial de un justiciable investigado por fraude tributario –el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador–, sitúa al Estado de derecho y al entramado institucional español ante un episodio insólito en democracia. El rechazo del tribunal, con el voto de dos magistrados y el discrepante del tercero, al recurso presentado por Álvaro García Ortiz convertirá a éste en el primer responsable del Ministerio Público en ser enviado al banquillo por la posible comisión de un delito. Es decir, el acusador pasará a ser el acusado. Una circunstancia tan anómala como para que el legislador no previera qué hacer en una tesitura semejante.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sí fija para sus miembros el deber de guardar «el debido secreto de los asuntos reservados de que conozcan por razón de su cargo», con amenaza de castigo si se incumple; y esta normativa, incardinada con la ley del Poder Judicial, abre la puerta a la suspensión de empleo y sueldo de los funcionarios en caso de procesamiento. Pero las previsiones no alcanzan a la figura del fiscal general, especialmente protegida por el peso de su función en el ordenamiento constitucional. De tal forma que solo García Ortiz puede resolver si continúa en el cargo, como ha sido su intención hasta ahora, o dimite.
Como cualquier encausado, él también tiene pleno derecho a la presunción de inocencia. Y a argumentarla después de que el dilema jurídico en juego haya quedado reflejado en la división de la Sala de Apelaciones; en la decisión unánime de ésta de exculpar a la fiscal jefe de Madrid por falta de pruebas; y en el descarte, también por los tres magistrados, de la tesis del instructor de que García Ortiz habría instigado la filtración sobre el novio de Ayuso a instancias del Gobierno para perjudicar a una rival política. Pero la situación del fiscal general se ha hecho insostenible por la falla en la credibilidad de la institución que induce su procesamiento y que erosiona al conjunto de quienes integran el Ministerio Público encargado de perseguir el delito; es decir, a los fiscales que tienen a su superior jerárquico imputado. El presidente Sánchez ha reafirmado su apoyo a García Ortiz. Pero si algo demuestra el auto de la Sala de Apelaciones es que se han respetado las garantías procesales y la inconveniencia de un cierre de filas que, si algo ha hecho, es cuestionar la obligada independencia de quien dirige la Fiscalía.
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