Protestas deslegitimadas
La solidaridad hacia la causa palestina no justifica el intolerable exceso de reventar la Vuelta ni el irresponsable activismo del presidente Sánchez
La suspensión sin precedentes ayer en Madrid de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España –y, con ella, de la entrega de premios–, ... provocada por los manifestantes que llevan días desplegándose en una carrera de notable proyección internacional para denunciar la masacre de Israel en Gaza, ha llevado unas protestas legítimas en su origen a un límite intolerable. Intolerable porque los activistas movilizados contra la presencia en la competición de Israel-Premier Tech, cuyo director, el navarro Óscar Guerrero, ha sufrido pintadas amenazadoras, han rebasado el activismo pacífico contaminándolo con actuaciones que han puesto en riesgo la seguridad de los corredores y de miembros de la organización; y que ayer culminaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en los que se registraron lanzamientos de vallas y botellas. La justicia de una causa no justifica ni exonera excesos que, en último término, recurran a la violencia. Y el argumento de manifestantes y miembros del Gobierno de que lo ocurrido ayer en las calles de Madrid constituye un hecho menor por comparación con el posible genocidio que investiga la ONU constituye una obviedad exculpatoria que, en realidad y bajo un pretendido compromiso solidario, lo que termina haciendo es banalizar el inimaginable padecimiento de los gazatíes. Un sufrimiento que exige de la comunidad internacional que haga lo que esté en su mano para que el Gobierno de Netanyahu le ponga fin de inmediato y una empatía ciudadana que no se convierta ella en protagonista con ejercicios de presión inaceptables.
Si el boicot consumado a la Vuelta ya resulta en sí mismo excepcional, lo que lo acentúa son las irresponsables declaraciones previas del presidente Sánchez avalando las protestas en la carrera fuera cual fuera su tenor e identificándolas como un «orgullo» de la posición de la sociedad española. Una equiparación con la que, a buen seguro, muchos ciudadanos que deploran las atrocidades del Ejecutivo israelí no se sintieron ayer ni representados ni reconfortados en su conciencia íntima. Y resulta incomprensible que quien es el responsable último de la protección del orden público en el país y al que se supone conforme con el operativo de 1.500 policías y guardias civiles –cifras propias de la cumbre de la OTAN de 2022– movilizados para intentar que la carrera llegara a la meta sin incidentes alentara sin matices las protestas cuya represión estaba preparada. La responsabilidad institucional es incompatible con el populismo activista.
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