Una afrenta a Cantabria

Una sentencia con tan graves consecuencias no debe quedar sin la depuración de responsabilidades. Es preciso que el gobierno investigue las causas de que un expediente de tan elevada inversión, redactado por ingenieros cualificados y con el trabajo de la abogacía del Estado, pueda ser tumbado con tanta contundencia por los abogados de una entidad sin ánimo de lucro. Quienes ocupan los más altos cargos, empezando por el ministro, no pueden argüir que la sentencia sea un «accidente», por el contrario deben indagar en qué fallaron los informes y pedir a los autores que se hagan responsables de lo dictado por el juez.

Al grave revés judicial debe unirse el retraso que acumulan las obras de la vía de alta velocidad en la provincia de Palencia. Unas dilaciones que carecen de control y de las que apenas se informa. También algunos tramos de la infraestructura aun no han salido a concurso para ser adjudicados. El horizonte temporal es decepcionante, ya que al menos en ocho o diez años no circulará ningún AVE entre Palencia y Reinosa.

Este nuevo agravio a los cántabros se produce tras la decisión, muy lesiva, de renunciar a un tren de alta velocidad hasta Santander. Una renuncia impuesta que se ha hecho sin contrapartida. La mayor parte de las ciudades españolas cuentan, desde hace mucho tiempo, con conexión ferroviaria en alta velocidad. Cantabria ha quedado relegada ahora que los fondos españoles y europeos deberían destinarse con total prioridad a equilibrar las comunicaciones y destinarse al trazado Palencia-Reinosa.

El nuevo varapalo a las aspiraciones de los cántabros viene de la mano de la Justicia. Pero esa no es una excusa y ni siquiera un atenuante. Todos los trazados AVE han tenido dificultades, pero ninguno ha recibido una sentencia como ésta. Es obligado que los proyectos de obra no solamente obtengan el visto bueno de los ingenieros del ministerio, sino también que los servicios jurídicos avalen la idoneidad del planteamiento desde el punto de vista legal. Una sentencia tan grave no puede quedar sin que se depuren las responsabilidades de quienes no han hecho bien su trabajo. Los técnicos deben afrontar las consecuencias de sus informes porque el perjuicio a los españoles es muy serio. No es en absoluto razonable que los abogados de una oenegé tumben las decisiones jurídicas de abogados del estado.

El Gobierno y los municipios de Cantabria no deben ser meros espectadores de una obra que transcurre por Palencia. Es imprescindible un seguimiento constante de la marcha de las obras para denunciar los retrasos. También se impone exigir al Ministerio la adjudicación de los tramos del AVE que aún restan por ser licitados y adjudicados. Los cántabros merecen una información oficial rigurosa y constante sobre la situación de las obras, una información que evite que los plazos se incumplan sin que nadie se haga cargo de la demora.

Esta sentencia debe unirse a un presente intolerable. El viaje en tren entre Santander y Madrid supone emplear más de cuatro horas para un trayecto que ya tiene parte (Palencia-Madrid) de vía AVE. Por si fuera poco, este verano muchos viajes deberán hacerse en autobús hasta Palencia con un posterior transbordo. Los viajes en avión son escasos y escandalosamente caros. El panorama nos retrotrae a la España del subdesarrollo, como si aun viviéramos en los años sesenta del siglo pasado.

La acumulación de desprecios, omisiones y afrentas a los cántabros que se vienen produciendo desde hace muchos años han producido una situación de discriminación que debe tener fin. Es hora de activar una reacción democrática y pacífica, pero firme y contundente, para que quienes tienen en sus manos las decisiones sobre las infraestructuras tomen en serio a los cántabros. Quienes vivimos en esta tierra no pedimos nada más, ni nada menos, que un trato igualitario. Que a la larga relación de ciudades con un tren del siglo XXI se una Santander, que ahora tiene unas vías construidas en el siglo XIX y que inauguró la reina Isabel II.

La fuerza de los ciudadanos se demuestra con manifestaciones pacíficas y decisiones simbólicas, pero eficaces. Los ministros no deben venir a esta tierra sin abordar esta situación de ninguneo. Cantabria debe hacerse oír en España y con unidad y voz unánime. No se trata de socialistas, populares, regionalistas y demás partidos. Cantabria debe poner fin a esta deriva de pérdida de oportunidades y levantar una sola voz de forma constante hasta que se termine con esta discriminación y carencia de inversiones.

Firman este artículo los siguientes socios de Foramontanos Siglo XXI: Calixto Alonso, Alberto Antolín, Ramiro Bedia, Carmen Carrión, Daniel Casanova, Lucía Casanueva, Carlos Casanueva, Manuel Ángel Castañeda, Enrique Conde, Ana Correa Pineda, Alberto Cuartas, Francisco Díez Iglesias, Antonio Eraso, Alberto Fernández de la Pradilla, Carlos Fernández-Lerga, Tomás Ramón Fernández, Fernando García Andrés, José García-Morales, Nacho Herrán, Mercedes Ortega, Juan Manuel Pérez de Guzmán, Ramón Pérez-Maura, Gervasio Portilla, Rafael Puyol, Julio Rama, Pedro Rivero, Carlos J. Rodríguez, Eduardo Rodríguez Rovira, Ignacio Rosales, Carmen Saiz-Ipiña, Javier Santacruz, Marisol Ugarte, Juan Ramón de la Vega y Eduardo Zúñiga.