Cantabria apuesta por modernizar su Administración

Esta ley aporta novedades importantes para el sector empresarial que permitirán una mayor agilidad en la tramitación de permisos, lo que podría estimular la inversión y promover la creación de empleo. Cabe destacar la apuesta por la utilización de las declaraciones responsables, facilitando que los ciudadanos y empresas no tengan que esperar la autorización de la Administración para hacer una obra o abrir un negocio. Esta medida se acompaña con la introducción de la figura de las entidades colaboradoras de certificación, que podrán ejercer funciones de comprobación, informe y certificación en los ámbitos en que se aplique la declaración responsable.

Importante también es la creación de un marco de tramitación preferente de los denominados 'proyectos empresariales estratégicos', que permitirá reducir los plazos para obtener los permisos necesarios y tener preferencia en el acceso a incentivos a la inversión.

En lo relativo a medidas para la simplificación y digitalización de la gestión interna en las unidades, el proyecto de ley redactado por el Gobierno cántabro carecía de concreción y plazos de ejecución, lo que generaba dudas sobre su aplicación práctica, un aspecto que se puso de manifiesto por diversas entidades que participamos en la fase de información pública. Tampoco se contemplaba la necesidad de elaborar un plan que detallase las actuaciones a desarrollar y su horizonte temporal, una omisión notable si pretendemos reducir la burocracia.

Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria de la ley se han introducido enmiendas que han mejorado notablemente el texto remitido por el Gobierno, consiguiendo una norma más clara y operativa. Entre las novedades más relevantes, se establece un plazo de seis meses para aprobar un plan que concrete las acciones precisas, los plazos y los responsables de su ejecución. Asimismo, se dispone que en el plazo de tres meses se constituya un grupo de trabajo responsable de proponer las medidas de simplificación.

Otra mejora significativa es la fijación de un plazo de tres meses para revisar la normativa con la finalidad de sustituir las autorizaciones o licencias previas por declaraciones responsables, así como para actualizar los formularios correspondientes a los procedimientos que hayan sido modificados. El mismo plazo se establece para adaptar los procedimientos en los que el silencio administrativo tiene efectos desestimatorios, a fin de otorgarles efecto estimatorio.

La ley no sólo introduce medidas para simplificar la gestión, sino que también actúa como una 'ley ómnibus', modificando numerosas normas autonómicas. Entre los cambios más debatidos, citaremos la posibilidad de construir vivienda libre en suelo rústico, el levantamiento de las restricciones para realizar obras de reforma en bienes ubicados en zona de protección del litoral o las facilidades para la modificación puntual de los planes urbanísticos municipales. En materia de servicios sociales se posibilita el reconocimiento automático del grado de discapacidad a personas en situación de dependencia, lo que facilitará el acceso a prestaciones y reducirá las listas de espera actuales.

El desarrollo de esta ley tendrá que afrontar desafíos que podrían dificultar su ejecución y limitar su operatividad. Uno de ellos es la imprevisión de la inversión precisa. A pesar de que en la memoria del proyecto se dice que no conlleva impacto presupuestario, la ejecución de las medidas de simplificación requerirá, entre otras cosas, herramientas digitales, cambios organizativos y formación del personal; sin recursos económicos, la aplicación de la ley podría quedar en simples modificaciones normativas sin efectos en la agilidad y eficacia de la gestión interna.

La aplicación del régimen de declaración responsable implicará una reorganización de los servicios, la incorporación de personal de Inspección y la capacitación de los funcionarios. En el ámbito municipal, a esta dificultad se une la necesidad de implantar soluciones en la tramitación electrónica y propiciar el cambio organizativo, siendo precisa la colaboración del Gobierno de Cantabria para dotarlos de medios que aseguren una Administración eficiente en todo el territorio autonómico. Otro obstáculo significativo es la ausencia de mecanismos que permitan evaluar los efectos de la ley; se carece de indicadores que permitan cuantificar la reducción de tiempos de espera, la supresión de trámites o los ahorros en costos operativos. Sin estos parámetros, resultará complicado analizar los logros obtenidos e introducir correcciones en casos de ineficiencia.

Si bien la Ley de Simplificación Administrativa representa un paso importante hacia una gestión pública más ágil, su efectividad dependerá de su aplicación práctica y de que se acompañe de una verdadera transformación digital. Si no se dotan los recursos necesarios o si no se cuenta con el compromiso de los empleados públicos, la simplificación podría quedarse en una declaración de intenciones sin impacto real.

Foramontanos Siglo XXI comparte los objetivos y fines que se pretenden alcanzar con la nueva ley, por eso deseamos que su desarrollo efectivo permita incrementar las capacidades de nuestra Administración pública y beneficie tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial de Cantabria.