Asignaturas pendientes para atajar la corrupción

Dado que recientemente (el pasado 16 de abril), el GRECO ha publicado dos nuevos informes evaluatorios sobre España, vamos a hacer algunos comentarios sobre el diagnóstico y las recomendaciones que se recogen en ambos informes. Cabe señalar que uno de los dos informes se adoptó por dicho organismo en diciembre de 2023, y el otro en junio de 2024 y, aunque fueron conocidos en aquellas fechas por nuestro Gobierno, no se han hecho públicos hasta este momento que los ha publicado dicho organismo, y ello a pesar de que como últimas recomendaciones en cada uno de los dos informes dicho organismo instaba a España a que se tradujeran al español y se publicaran lo antes posible, cuestiones éstas que vemos que no se han cumplido.

Resulta significativo, por otra parte, que en diciembre de 2023 el GRECO señalaba que España aún no había aplicado plenamente ninguna de las 19 recomendaciones que había hecho a nuestro país en 2019, habiendo aplicado solo parcialmente trece y no habiéndose cumplido las otras seis. En el otro informe adoptado en junio de 2024 el diagnóstico era algo mejor, ya que de las once recomendaciones formuladas, España había aplicado satisfactoriamente siete, solo parcialmente otras tres, y no había aplicado una. En resumen, que de las 30 recomendaciones formuladas entre los dos informes, solo se han cumplido adecuadamente siete de ellas, lo cual da una idea de las diversas asignaturas pendientes que nuestro país tiene al respecto, y que explica el hecho de que este organismo nos haya abierto el año pasado un procedimiento de incumplimiento.

Sin querer ser demasiado prolijos ni entrar en las muchas páginas de estos informes, vamos a mencionar al menos algunas de las cuestiones pendientes que señala el GRECO sobre España; por ejemplo, respecto a los parlamentarios, la ausencia de unas normas específicas y la gran opacidad existente en los contactos de estos con los grupos de interés y 'lobbies' en general. Por otra parte, y en cuanto a las relaciones entre el Fiscal General y el Poder Ejecutivo, este organismo insta a revisar el sistema de nombramiento del propio fiscal y reforzar la autonomía del Ministerio público. También se recomienda, por ejemplo, modificar el procedimiento especial de aforamiento para no obstaculizar el proceso de justicia penal respecto de los miembros del Gobierno y altos cargos sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción.

Teniendo en cuenta las numerosas insuficiencias y recomendaciones del GRECO, pasamos a formular, en línea con las mismas, algunas consideraciones y propuestas para mejorar en lo posible la prevención y lucha contra la corrupción: como el reforzamiento del control efectivo y de los mecanismos de supervisión de las declaraciones de bienes y conflictos de interés de políticos y altos funcionarios, con auditorías externas periódicas; el fortalecimiento de la independencia judicial mediante la revisión de los mecanismos de nombramiento de jueces y magistrados, garantizando su independencia de los poderes legislativo y ejecutivo; el aumento de la autonomía del Ministerio fiscal, reconsiderando el método de selección del Fiscal general, así como su mandato, para asegurar su independencia del poder ejecutivo, y una mayor dotación de recursos humanos y económicos propios para la Fiscalía, sin tener que depender presupuestariamente del Poder Ejecutivo, reforzando así su autonomía operativa.

Otras propuestas serían establecer mecanismos de seguimiento y evaluación continua de las medidas anticorrupción implementadas, con publicidad periódica de los resultados en internet, de cara a aumentar su eficacia y transparencia social; el fortalecimiento de los organismos de control anticorrupción, dotándoles de mayores recursos y autonomía, en especial a la Oficina de conflictos de interés y a la Fiscalía especial Anticorrupción, y fomentar la educación y la cultura de integridad, promoviendo programas de formación sobre ética pública para funcionarios y políticos, junto a campañas de sensibilización ciudadana sobre los numerosos costes de la corrupción y los beneficios de la transparencia.

Finalmente, nuestra recomendación más importante se basa en el hecho de que la prevención y lucha contra la corrupción es una tarea y una obligación no solamente del Gobierno de turno, sino también de los miembros y partidos de la oposición. Es por ello que creemos una necesidad perentoria y urgente que nuestros representantes políticos en su conjunto, o al menos en su mayoría, firmasen un Pacto de Estado contra la Corrupción, aunque solo contuviera el cumplimiento de las insuficiencias y asignaturas pendientes que el Consejo de Europa viene señalando en estas materias para nuestro país. Esperemos que nuestros representantes políticos estén a la altura de esta necesidad social y de la voluntad de los ciudadanos.