Desequilibrios regionales

Prestando atención exclusiva a lo sucedido a lo largo del año anterior, se pone de manifiesto una vez más que, pese a que todas las comunidades presentaron incrementos de su PIB superiores o iguales al 1% de la Unión Europea (UE-27), las diferencias entre unas y otras fueron enormemente pronunciadas: mientras que algunas de ellas (Murcia, Canarias y Baleares) registraron aumentos del PIB real por encima del 4%, la ciudades autónomas de Ceuta y Melilla apenas llegaron o sobrepasaron el 1% y nuestra región, Cantabria, la menos dinámica de todas las comunidades, sólo cosechó un magro 2,3%.

Las diferencias económicas entre comunidades no sólo se muestran en relación con sus dispares ritmos de crecimiento sino, también, en lo que concierne al nivel de su renta per cápita. En este terreno, como sucede siempre, Madrid se sitúa a gran distancia del resto, con una renta por habitante más de un 37% superior a la media nacional y prácticamente duplicando la renta per cápita de Andalucía. En cuanto a Cantabria, sólo cabe señalar que nuestra renta por persona es un 9% inferior a la media nacional, y ello pese a que la evolución demográfica de la región contribuye algo a mermar las diferencias.

Si únicamente prestáramos atención a lo dicho con anterioridad, uno podría caer en el error de pensar que las diferencias regionales mostradas, tanto en lo que atañe al crecimiento del PIB como al nivel de la renta per cápita, no son preocupantes. Lamentablemente, lo son, sobre todo por el hecho de que las mismas, con pequeñas variantes, se mantienen/aumentan a lo largo del tiempo. En efecto, en líneas generales y de forma tendencial, las regiones más avanzadas son las que más crecen, y viceversa. Por mostrar sólo un caso, y por no señalar a nadie ajeno nos referimos a Cantabria, valga apuntar que, por ejemplo en los tres últimos años, su ritmo de crecimiento del PIB ha estado por debajo del registrado en el conjunto nacional, lo que, obviamente, se ha traducido en que sus diferencias de renta per cápita con la media han ido en aumento, ligeramente pero en aumento: si en 2022 teníamos una renta que suponía el 93,4% de la media nacional (algo parecido sucedía con la productividad), en 2024 la renta equivalía sólo al 91,3%; pero, si tomáramos en consideración un horizonte temporal más largo, la comparación sería aún más negativa: por ejemplo, en el año 2000 nuestra renta relativa era aún más elevada ya que equivalía al 93,7% de la media nacional.

Puesto que lo que decimos para Cantabria es válido también para muchas otras regiones con niveles de renta por debajo de la media española (pensemos en Ceuta, Melilla, Andalucía, Extremadura, Murcia…), sucede que la parte inferior de la distribución regional apenas ha sufrido modificaciones de interés. Pero es que, asimismo, la mayoría de las regiones con niveles relativos de renta por encima de la media siguen siendo igual o más dinámicas que el resto, por lo que, en el peor de los casos, mantienen el diferencial de rentas. Es decir, tal y como señalaba al principio, las disparidades regionales de renta y bienestar, lejos de reducirse no hacen más que enquistarse y, en casos concretos, aumentar.

Pues bien, aunque es evidente que, al igual que a título individual, siempre habrá comunidades ricas y comunidades pobres, lo verdaderamente llamativo es que, en términos relativos, nada sustancial haya cambiado con el paso del tiempo. Esto supone, y no creo incurrir en ninguna exageración al decirlo, un fracaso completo y total de la política regional, la española propiamente dicha y, por extensión, la europea. Por mucho que haya ido cambiando la orientación de la misma, sus benéficos efectos sobre la evolución de los desequilibrios territoriales son, si algunos, bastante pírricos. El problema, el verdadero problema es que, a la vista de lo sucedido en las dos últimas décadas, no sabemos muy bien qué podemos hacer, o no queremos hacerlo, para lograr, como sucedió por ejemplo a finales del siglo pasado, revertir la situación y lograr una reducción paulatina de las disparidades. ¿Falta de voluntad política y/o resultado inevitable de la actuación de los mercados?