Y ahora los jueces

Así, ya en junio de 2017, decía que: «cuando un Gobierno atenta contra la seguridad jurídica, y la sociedad no reacciona ante tal atropello, aquel tendrá la tentación de seguir haciendo análogas actuaciones en cuantos campos considere conveniente, alegando para justificar tales medidas, que lo hace para salvaguardar los intereses generales de los ciudadanos, los cuales, se justificará, están por encima de los intereses, egoístas y poco solidarios, de los particulares. Aunque es cierto que tales actos son propios de regímenes populistas, cuando no directamente dictatoriales, hay ocasiones en las que algunos gobiernos, que se califican de liberales, sienten análoga tentación, si bien en tal caso se espera que los tribunales, llegado el caso, pondrán firme al gobierno de turno y no le permitirán modificar las condiciones en base a las cuales los inversores tomaron sus decisiones. Sin embargo, y por aquello de que España es diferente, nuestro máximo órgano judicial, so pretexto del interés económico general, no dudó, al menos en el sector fotovoltaico, en bendecir cambios retroactivos muy perjudiciales para los pequeños productores, lo que ha abocado a la ruina económica a miles de familias que habían confiado en lo prometido por su gobierno».

Posteriormente, en septiembre de 2019, exponía sobre el mismo tema: «decir, como se ha dicho, que lo que por una ley se aprueba por otra ley se modifica -faltaría más que ya se saltasen este básico principio del derecho- es algo por todos admitido, siempre y cuando, claro es, tal cambio tenga en cuenta los perjuicios que la misma pudiera causar a quienes estaban sometidos a la anterior regulación, estableciendo para ello las compensaciones pertinentes a que las modificaciones introducidas dieran lugar. Justificar que los afectados por un cambio regulatorio debieran haber tenido en cuenta los riesgos que un sistema regulado conlleva es un escarnio hecho de forma inmisericorde a quienes nada han podido negociar, ni antes ni después de los cambios realizados. ¿Qué opinarían quienes tales afirmaciones han hecho si mañana, Dios no lo quiera, un gobierno aprobase -por ley, naturalmente- que los jueces dejasen de tener el régimen funcionarial del que actualmente gozan para integrarse en el régimen laboral general? Decirles que siempre hay que tener en cuenta que las cosas no son inmutables y pueden cambiarse con el tiempo sería una ofensa de tal calibre que difícilmente podemos imaginar».

Sin embargo, algo ha comenzado a moverse ahora en el mundo judicial, consecuencia de la pretensión del gobierno de limitar la capacidad de nombramientos del Consejo del Poder Judicial, so pretexto de que el mismo no ha sido renovado -cuando tal decisión no corresponde a ellos, sino a los propios partidos políticos- y, más grave aún, pretender hacer en el futuro tal renovación reduciendo la mayoría necesaria para ello, dando así una vuelta de tuerca a la limitación de la capacidad de elección directa de sus representantes (tal y como preveían los constituyentes de nuestra Constitución de 1978).

Ahora que los jueces son los atacados los ciudadanos no podemos, ni debemos, dejarles desamparados -aunque ellos anteriormente mirasen para otro lado cuando el Gobierno del señor Rajoy hizo lo que hizo a los pequeños productores fotovoltaicos- ya que si los jueces pierden su independencia los españoles perderemos nuestra libertad, por lo que debemos exigir con firmeza y determinación a todos los partidos políticos que modifiquen la ley para devolver a los jueces la capacidad de nombrar a sus propios representantes en el Consejo del Poder Judicial -a la vez que regule adecuadamente el procedimiento de los que corresponde elegir al Congreso y al Senado para que prime en ellos solo la capacidad y el mérito-, haciendo así que el Poder Judicial sea de verdad, junto al Ejecutivo y al Legislativo, uno de los tres pilares básicos de nuestro sistema democrático.