De delincuente a funcionario

En España, y concretamente en Cantabria, vemos con estupefacción medidas judiciales que chocan con esa tesis de proporcionalidad entre la falta y el castigo y que deterioran el prestigio y la credibilidad de las leyes y de los jueces. Los ejemplos son múltiples y en distintos aspectos, pero algunos resultan especialmente incomprensibles.

Quienes trabajan en la función pública deben ser personas de la máxima honradez, porque en ellas deposita la sociedad su seguridad y su patrimonio. Un funcionario tiene no solamente que respetar de manera escrupulosa la ley, también debe ser seleccionado por su capacidad técnica y su presunción de honradez. Por estas razones, resulta incomprensible que personas condenadas por graves delitos se mantengan en trabajos públicos y que incluso sean beneficiados con ascensos o la consolidación de su estatus funcionarial.

Un caso especialmente alarmante se ha producido por la condena de cuatro trabajadoras del Hospital de Sierrallana por el grave acoso a sus compañeras, acoso que pasó inadvertido para la dirección del hospital y que salió a la luz por el empeño de un funcionario que activó los mecanismos de denuncia, ante el silencio de la dirección del citado centro. El resultado del proceso es frustrante. Una de las condenadas no solo sigue en su puesto de trabajo, sino que ha logrado que su plaza como interina se convierta en fija. Las otras mantienen sus trabajos, quizás para dar ejemplo de que una cosa es la ley y otra la realidad.

Las condenas impuestas en este caso no han sido leves, ya que según la sentencia tienen que ingresar en prisión para cumplir cinco años de internamiento. Los recursos, la dilación en el proceso –¡Cómo si las víctimas tuvieran la culpa de la lentitud de la Justicia!– y otras alegaciones pudieran permitir que, pese a la sentencia firme, las autoras de un delito grave no ingresen en prisión y, en el colmo de la paradoja, sigan como trabajadoras en el servicio público de salud, precisamente en el ámbito en el que cometieron los delitos. Por el momento, tras años de proceso judicial las condenadas no han pisado la prisión.

Otro ejemplo es el de la que fuera interventora del Ayuntamiento de Noja, Irene L. D., condenada por el tribunal de Cuentas –no en un ámbito penal– a devolver 725.404 euros que había obtenido ilícitamente por el poder de su cargo. Al no existir técnicamente delito, esta funcionaria ha conseguido plaza fija como secretaria interventora en la administración local. La pregunta aparece sin apenas pensar: ¿Se consolida una plaza de interventora a una persona que ha sido condenada por apropiarse de dinero público? En este caso ya resulta sorprendente que lo detectado por el Tribunal de Cuentas no pasara a una actuación penal, pero para rizar el rizo de la incoherencia, la persona que realizó una actuación que roza el delito logra pasar de interina a fija en el mismo cargo.

Otros casos que afectan, de diferentes formas, a la gestión pública chocan contra la lógica. Acabamos de saber que el que fuera hasta hace unas semanas alcalde de Cartes convocó dos plazas fijas en su municipio, una para su hermana y otra para él mismo. Ambos han logrado pasar de interinos a funcionarios. Este hecho, que sentencias del Tribunal Supremo consideran ilícitas, pudiera quedar sin consecuencias por la defensa que el exalcalde recibe desde su partido político. El ejemplo para los administrados es demoledor y debilita la imparcialidad y la transparencia del sistema legal del que estamos dotados.

En otro plano, el juez que instruye el caso de Ábalos y Koldo García ha manifestado –posiblemente en un exceso de sus competencias– su estupor por el hecho de que el exministro de Transportes mantenga su escaño como diputado en el Congreso, a pesar de los evidentes indicios delictivos. Quienes tienen el poder de dictar leyes deben realizar un trabajo impecable desde el punto de vista ético y jurídico, de forma que las decisiones de los tribunales –basadas siempre en la ley– no colisionen con la visión de la mayoría de los ciudadanos. Casos como algunos de los descritos en este artículo y otros muchos deben provocar la reacción de los legisladores para corregir los defectos detectados.