La gestión regional del tratamiento de residuos

Desde hace ya muchos años la gestión del amianto es una carga administrativa y económica. El amianto retirado se convierte en un residuo que se ha de gestionar de manera específica en instalaciones adecuadas.

Toda demolición o reforma de una nave, edificio de viviendas u oficinas, conlleva la necesidad de asegurarse con carácter previo de la existencia, o no, de amianto y –en caso de existir– encargar la retirada de ese material a un gestor específicamente autorizado para ello ya que debe ser gestionado y entregado a un gestor final para su eliminación definitiva, hoy por hoy, en vertedero, pues no existe otra opción circular para su gestión.

En Cantabria no existe en la actualidad un gestor final, un vertedero, al que poder entregar el residuo para su eliminación, de tal manera que todo el amianto que se retira en Cantabria tiene que ser enviado a otras comunidades autónomas. Ello supone mayor coste y mayor dependencia de terceros en la gestión obligatoria de nuestros propios residuos.

La situación se ha visto acelerada a raíz la publicación de la vigente Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en abril del año 2022, que establece en una disposición adicional que, en el plazo de un año, (SIC) se hará por los ayuntamientos un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionados antes de 2028.

Son plazos y requisitos muy poco realistas, pero estos son los mimbres con los que hemos de hallar la solución para la retirada y gestión del amianto en Cantabria.

En este contexto, una empresa de Cantabria, que gestiona el actual vertedero industrial de Carceña, tiene previsto realizar una inversión importante que dotará a Cantabria de una instalación adecuada para la recepción del amianto retirado y para su gestión, utilizando –precisamente– el mismo emplazamiento del vertedero de residuos industriales preexistente, es decir, sin ubicar la nueva instalación en otro emplazamiento, evitando así una mayor dispersión.

Es una muy buena solución que optimiza una instalación prexistente, facilita y hace más competitiva la gestión de estos residuos y da autonomía a Cantabria para el tratamiento del amianto según pide la ley. La solución ha sido proporcionada por una empresa privada que asume el coste y que lo hace con todas las garantías y exigencias legales y medioambientales. Con esta solución se aplica también el principio de proximidad que forma parte de los principios rectores de la gestión medioambiental auspiciada por la Unión Europea.

En todo este tipo de procesos la transparencia es un valor esencial. Nuestra legislación permite desde el año 2006 el acceso a la información y la participación en materia medioambiental dentro de los convenios de referencia de la Unión Europea. Además, en la propia tramitación administrativa del expediente medioambiental la información pública queda perfectamente garantizada y asegurada.

Desde el Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía de CEOE Cepyme Cantabria creemos que la situación creada y la solución aportada nos proporciona una buena ocasión para reflexionar sobre la función social de la empresa y el papel de los partidos políticos y otros organismos y organizaciones que componen la sociedad civil; reflexionar sobre el hecho de que establecer una legislación exigente y rigurosa, que obliga a realizar inversiones y asumir gastos en materia medioambiental, no es un tema menor y que, una vez legislado, hay que cumplir la normativa y eso conlleva una serie de actuaciones, inversiones, costes económicos, permisos, autorizaciones, controles, etc. que tendrán que ser asumidos y respetados por particulares, empresas y administraciones.

Las aportaciones serias, responsables, basadas en el conocimiento y con la finalidad de colaborar y ayudar a mejorar una propuesta o un proyecto son siempre bienvenidas y necesarias. Lo contrario genera confusión, inquietud, preocupación y lío con el único objetivo de entorpecer, dilatar o dificultar una decisión necesaria.

Por ello desde el mundo empresarial hacemos un llamamiento para que este tipo de cuestiones queden al margen de la trifulca política y se gestionen y decidan de manera objetiva, sin demagogia, sino de forma técnica y coherente, comprometidos con la implementación de un modelo de desarrollo sostenible para Cantabria.