Adecuación en diferido

En la mesa de negociación se informó de que el Gobierno regional había introducido una partida de diecisiete millones de euros en el borrador de los Presupuestos Generales de Cantabria; cantidad con la que se pretende implementar la primera fase de la adecuación retributiva, siempre y cuando el Parlamento dé el visto bueno al conjunto de las cuentas públicas que presenta el Ejecutivo. Resulta curioso este planteamiento negociador que desprovee de sentido a una firma de la parte sindical ya que, si se aprueban los Presupuestos, el profesorado cobrará este primer plazo con independencia de que se rubrique o no el acuerdo por la Junta de Personal, y, en el caso de que finalmente no haya Presupuestos, el profesorado no cobrará, aunque sí se haya suscrito el acuerdo.

La llamada 'cláusula Silva', la que condiciona el cobro de la adecuación retributiva de los docentes a la aprobación año a año de los sucesivos Presupuestos Generales de Cantabria, se vio ligeramente modificada en la mesa de negociación con una nueva –y no menos sorprendente– propuesta de la Consejería de Educación: si no hay Presupuestos, las cantidades acordadas y no pagadas de la adecuación se abonarán en otro ejercicio, con carácter retroactivo, cuando futuros gobiernos cuenten con los suficientes apoyos parlamentarios para aprobar las cuentas públicas. A la vista de la probable falta de Presupuestos autonómicos en 2026 y a su prórroga en 2027, suscribir este acuerdo por parte de la Junta de Personal Docente equivale, en el mejor de los casos, a diferir la adecuación retributiva hasta 2028.

Así las cosas, y con mucha seguridad, no será este Gobierno el que tenga que hacer frente a la justa reivindicación de la adecuación salarial del personal docente, sino el siguiente Ejecutivo a partir de 2028.

Resulta difícil imaginar que la Consejería pensara que se iba a aceptar un acuerdo cuya aplicación se retrasaría al menos dos años y que, en comparación con otros que se han firmado, constituye un verdadero agravio para el profesorado. Si el acuerdo del personal sanitario no contiene ninguna cláusula que condicione su aplicación a la aprobación de los Presupuestos de Cantabria, no tiene justificación que sí se imponga esta cortapisa a la adecuación retributiva del personal docente. El Gobierno de Cantabria nunca explicará –porque no puede– cómo en unas cuentas que superan los 3.900 millones de euros, es imposible articular el pago de diecisiete millones (no supone ni el 0,5% del montante global) sin el soporte de unos Presupuestos Generales.

A la vista de cómo se está gestionando este conflicto, muchas somos las personas que empezamos a pensar que nunca hubo una intención sincera por parte del Gobierno de que el profesorado adecuara sus sueldos en esta legislatura, sino en la siguiente. Quienes así lo creemos, y además hemos estado reunidos con Silva en las mesas, nos hemos sentido en ocasiones como Sísifo arrastrando una pesada roca por la montaña de la negociación: cuando llegábamos a la cima, tras hacer grandes esfuerzos y a punto de alcanzar un acuerdo, la Consejería ponía otro nuevo obstáculo, la roca rodaba hasta el valle y vuelta a comenzar de nuevo. Si realmente es así, si la Administración educativa y el Gobierno de Cantabria, al más alto nivel, están en una estrategia deliberada de estirar el conflicto para agotar a la otra parte, están cometiendo un inmenso error y demuestran una enorme irresponsabilidad. Es un error creer que se puede vencer por agotamiento a un colectivo numeroso, concienciado de que lo que reivindica es de justicia, que está organizado sindicalmente y que viene experimentando de manera exitosa diferentes formas de lucha y movilización desde hace un año. Y es una irresponsabilidad, impropia de un gobierno solvente, alargar indefinidamente un conflicto, tensionar a toda una comunidad escolar y crispar a un colectivo de profesionales que han situado al sistema educativo de Cantabria a la cabeza del Estado español.