Parar todo para que todo siga

El Colegio de Arquitectos cerró sus oficinas desde el mismo viernes 13, antes del decreto de Alarma Nacional, pasando no sin esfuerzo todos sus servicios a desarrollarse de modo telemático. Pero el trabajo de los arquitectos tiene una parte fácil para teletrabajar y otra manifiestamente imposible de hacer desde casa: las obras exigen nuestra presencia allá donde se ejecutan.

En medio del control de los desplazamientos, con la población confinada en sus viviendas, entre multas por salidas injustificadas, no parece nada razonable que las obras sigan funcionando.

No cabe duda que en esta decisión han pesado más que razones de contención de la exposición al virus motivos económicos en relación al peso cuantitativo y cualitativo del sector de la construcción en la economía y el empleo, pero pasada una semana de estado de alarma, con cifras crecientes de contagio y paralizada ya en Italia y en otros países la actividad no esencial llega el momento de adoptar un clamor unánime para que el Gobierno decrete la paralización de la construcción.

¿Parar todas las obras quince, quizás treinta días es un daño económico? Sin ninguna duda. Es comparable al enorme coste que produce en la economía española el retraso de las licencias y autorizaciones administrativas que llevamos denunciando y padeciendo tanto tiempo. Tal vez esta obligada circunstancia permita una real puesta en servicio de los procesos de Administración Electrónica que agilicen los plazos. Para ello, el COACan ofrece como siempre su mayor colaboración a los Ayuntamientos.

La paralización de las obras tiene consecuencias amplias sobre la suspensión de cláusulas y plazos contractuales, pagos y penalizaciones pero no puede dejarse seguir una actividad tan ubicua, extensa e intensa en movimiento de personas, materiales y vehículos, tan imbricada en el tejido residencial, con condiciones de convivencia y exposición al virus tan complejas.

Los trabajadores de la construcción pudieran ser el próximo batallón de contagio en esta citada guerra al coronavirus, y de seguir las obras abiertas llevar a sus familias y mayores una exposición que no podemos compensar con la ficción de continuidad económica que debemos descartar cuanto antes.

Ni siquiera puede afirmarse que las obras sigan a ritmo normal con la gente asustada, pendiente de qué pasará, si podrán cobrar finalmente su trabajo, con incertidumbre de suministros y materiales, sin equipos de protección individual EPIs, ¿dónde los encontraremos mientras la población se afana en fabricarlos a marchas forzadas para los sanitarios y trabajadores esenciales? ¿Dónde guantes? ¿Dónde mascarillas? ¿Es posible siquiera guardar distancias mínimas mientras se manipulan cargas pesadas y se comparten herramientas? ¿En espacios confinados? ¿En andamios?

Habrá algunas obras en las que se puedan cumplir las exigencias sanitarias y esas deberán justificarlo para poder seguir adelante con las debidas garantías, pero en las condiciones habituales se utilizan aseos portátiles compartidos por un número extenso de trabajadores, con un solo grifo en el que se coge el agua para el mortero y se lavarán las manos todos.

Todos se cambian en un vestuario compartido con condiciones generalmente mínimas. ¿Se llevarán la ropa de trabajo a casa para lavarla diariamente? ¿Comerán juntos en la obra? ¿Se pagará a los trabajadores el gasto suplementario del desplazamiento individual, uno en cada vehículo cuando este sea posible y dispongan de uno?

El sector de la construcción, uno de los de alta siniestralidad por su misma naturaleza, en situación de alarma ¿deberá continuar adelante con el riesgo añadido de que cualquier accidente recurrirá en última instancia a los servicios médicos sobrecargados por la epidemia?

Sin duda los números asustan. Estos miles de millones, esta incertidumbre… La construcción pasó ya la crisis de 2008 y apuntando como estaba una cierta recuperación quizás por eso asusta tanto tomar medidas sobre ella.

Pero no se trata de un sector menor, ni puede banalizarse la exposición que supone de una extensa población de trabajadores y sus familias. No es esencial en tiempo de supervivencia. Es mejor una parada ordenada que una penosa retirada sobrevenida que dejará detrás un largo rosario de contagios y enfermos.

El Gobierno de España es el único competente. Ya el Ayuntamiento de Barcelona, el de Madrid y otros menores, alguna Comunidad Autónoma, han dictado medidas para la paralización de sus obras propias, y en la vía pública, pero fuera de eso solo pueden aplicar al decreto de alarma, releyendo sus términos en tono más estricto, ni siquiera tanto: la simple observanza de las medidas de seguridad, que sobre el papel se exigen sin dificultad, resulta imposible en la práctica, en las obras, en el transporte, en los distribuidores y fabricantes de materiales.

No digo que sea fácil, ni indoloro, pero es necesario y conveniente, para el mismo sector y para la sociedad. Para España. También para esa España que guardamos en cada uno de nuestros hogares.

Todo debe parar para que todo pueda seguir.