«No nos consideramos unos okupas»

Marineros a la deriva y sin puerto donde refugiarse del temporal que se avecina, así se sienten los 60 propietarios de embarcaciones que fondean en La Pozona, un puerto de mar ubicado en la zona de las antiguas canteras de Cuchía (Miengo). La Demarcación de Costas de Cantabria lo ha declarado «ilegal» y les ha remitido una orden de desalojo y desmantelamiento de las instalaciones el pasado octubre. Esta semana, el Pleno de Miengo aprobaba, a propuesta del PRC, una moción de apoyo a los afectados para instar la paralización del desahucio y tratar de legalizar la situación. El propio presidente regional, Miguel Ángel Revilla, amparaba a los afectados hace dos días y prometía mediar en el conflicto ante el Estado.

«No nos consideramos unos okupas porque esto es una herencia que lleva en el pueblo desde tiempos inmemoriales», explica Justo Udías, presidente de la Asociación La Pozona, un colectivo que aglutina a los 60 atraques con los que cuenta el enclave de mar y que se creó en los años ochenta para tratar de legalizar la situación del puerto.

Las primeras multas que pagaron los inquilinos de La Pozona no fueron de broma y llegaron en 2003. Demarcación de Costas les sancionó con «papeletas» que oscilaban entre «700 y 1.600 euros», recuerdan. Lo abonaron religiosamente, a la par que iniciaban los trámites para dar cobertura legal a una situación que consideran injusta por razones históricas y sociales, y porque el puerto da refugio, a diario, «a más de un centenar de embarcaciones». Por ello, y con ayuda del Ayuntamiento de Miengo y el propio Gobierno Regional de entonces, impulsaron la redacción de un anteproyecto de legalización, que salió a información pública en 2004.

A partir de entonces fueron años de relativa calma, pero con constantes gestiones para dejar de ser para siempre marineros 'sin papeles'. «Revilla estuvo aquí hace 13 años y nos dijo que esto era tercermundista y había que buscar una solución», recuerdan.

Mientras llegaba la promesa presidencial, antes incluso de ello, los afectados fueron dotando de elementos de seguridad el puerto, un abrigo realizado aprovechando el dique construído por la antigua Asturiana de Zinc en la zona y al que se trasladaron cuando otra empresa -Solvay- rellenó los terrenos donde se ubicaba el viejo puerto de mar. «Instalamos los pantalanes y otros elementos desmontables por motivos de seguridad, no por lucro personal», incide Juan Andrés Alba, uno de los propietarios de barco de recreo que atracan en la zona. El pequeño refugio de La Pozona tiene hoy esos atraques, una placa solar para dar luz, e incluso pagan agua y basura al Ayuntamiento de Miengo. Además «nos ocupamos nosotros de arreglar la carretera hasta aquí, lo hacemos todo arrimando el hombro», añaden.

Pocas veces hubo tantas ganas de tener un recibo para pagar un aparcamiento de mar, pero los de Miengo lo reclaman ya hace tres décadas sin respuesta. No lo hacen por capricho, sino porque si no les dejan estar ahí no tienen donde ir. «Que alguien nos diga donde vamos, porque en Suances no hay sitio. Hay una lista de espera bastante grande», apostillan.

Así es, en la villa marinera de en frente cuentan con 75 atraques, y la última vez que consultaron al Club Náutico (2012) constaban 401 embarcaciones matriculadas en la ría de San Martín de la Arena, por lo que las cuentas no salen. «A fecha de hoy, también según los datos de Puertos de Cantabria, todos los atraques del puerto autonómico de Suances estan ocupados y con lista de espera, y la ampliación del puerto nos dicen que también está paralizada».

Sin embargo, en su orden de desalojo de octubre, Demarcación de Costas les apunta que las instalaciones de La Pozona no están adscritas a la red de puertos e instalaciones portuarias del Gobierno de Cantabira y, añade, que su ubicación actual se sitúa a escasos 500 metros del puerto de Suances «donde debieran de estar ubicadas».

«Es cierto que estamos a 500 metros a nado de Suances», les replican desde La Pozona, «pero a quien amarre su embarcación en la margen contraria de San Martín, tiene que recorrer los 17 kilómetros por carretera que separan ambos municipios, a parte de que no hay sitio», insisten.

En la súplica marinera a Costas, los afectados piden además que se considere «un puerto de refugio» de embarcaciones en el lugar conocido como La Pozona. «Es una necesidad social de los vecinos del municipio de Miengo y adyacentes, con un gran arraigo popular que forma parte de las tradiciones del lugar, y que no pone en peligro la conservación y el uso sostenible de la costa y el mar».

Aseguran que la historia reciente les avala y que los vecinos de la zona que se dedicaban a las artes de la mar ya estaban allí desde siempre. «Desde tiempos pretéritos es conocida la existencia de una importante actividad marinera y pesquera en las localidades de Cuchía, Cudón, Miengo, Mogro, Mar y otros lugares cercanos», enumeran.

Hasta la primera mitad del siglo XX los pescadores y marineros tenían sus embarcaciones fondeadas en el llamado Puerto de Reales, situado en lo que después sería el puerto de Cuchía. «Precisamente Solvay, al obtener la concesión de explotación minera de la cantera, tuvo que desplazar las embarcaciones de su puerto original al lugar actual, un rincón entre la escollera construida por la Real Compañía Asturiana de Minas para encauzar San Martín», afirman.

Miembros del colectivo de La Pozona mantuvieron esta semana una reunión con el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, a raíz de un encuentro propiciado por la Junta Vecinal de Cuchía. En él, según comenta uno de sus portavoces, Luis Abarca, el presidente «nos recibió muy bien» y prometió mediar y hacer las gestiones oportunas para paralizar el desalojo, pidiendo amparo al Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica, para gestionar después la legalización del puerto mediante un futuro proyecto de adscripción del mismo. «Vamos a seguir luchando por paralizar el desalojo, pero nosotros no queremos una solución temporal, queremos que el Gobierno Regional reclame la adscripción de ese puerto, pero no solo para nosotros sino para todo un municipio y la comarca. Ahí estaría demostrado el interés social, también por razones históricas», concluyó.