El Estado ratifica la orden de desalojo del puerto de La Pozona en Miengo

«En sesenta días nos viene ya el desahucio», explicaba esta semana Justo Udías, presidente de la Asociación La Pozona, que aglutina a los 58 propietarios de embarcaciones de recreo que atracan en este puerto con ocho pantalanes flotantes, rampas de acceso, pasarelas, iluminación mediante paneles solares y todos los servicios que necesitan. Todo ello en un total de 9.324 metros cuadrados que han sido ocupados por pescadores locales desde hace más de 350 años, por lo que el arraigo histórico y social del municipio hacia el lugar es indiscutible para el colectivo y el propio Ayuntamiento.

Lo han explicado mil veces en las últimas tres décadas y ante distintas instancias: Demarcación de Costas, Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento... No son, ni quieren ser, «okupas» de este puerto por más tiempo. De hecho quieren «pagar» las tasas y tener unas instalaciones dignas.

La explicación que da el Ministerio para echarlos es que no se puede legalizar el puerto porque «no reúne las características para ser una instalación portuaria estatal». También dice, y tira así la pelota al tejado del Gobierno regional, que la competencia «corresponde a la comunidad autónoma» y que de acuerdo con el vigente Plan de Puertos cántabro el enclave de Cuchía «no tiene esa titularidad». La resolución estatal dice algo más, y es que la denegación se hace «sin perjuicio» de que Cantabria solicite al Ministerio la adscripción de bienes para la ocupación de esos espacios «con destino a la construcción de puertos y vías de transporte de su titularidad», resume.

«Queremos quedarnos, pero no que nos regalen nada», explica al respecto la representación del colectivo que cuida con mimo de las instalaciones. No sólo son ellos ya que, a diario, utilizan su rampa decenas de embarcaciones neumáticas «ya que no hay otra por la zona», añaden. El puerto de Suances está a vista de pájaro, saltando la ría, pero «hay que dar un rodeo de 17 kilómetros para llegar», y no hay atraques disponibles. La ampliación para sus vecinos está en la agenda del Ejecutivo hace casi las mismas décadas que los de Miengo esperan solución. Si los echan no hay alternativa.

Los de la Pozona se han reunido con el equipo de gobierno de Miengo y su alcaldesa en funciones, Sara Gómez, que les trasladó el apoyo municipal. «Se trata de un enclave de uso histórico, patrimonio de la memoria colectiva y uno de los pocos espigones al mar en muchos kilómetros», exponía. Por ello apoyan que se mantenga «como está», con las mejoras de seguridad, «sin que signifique ninguna ampliación», matizan.

En estos años, el Ejecutivo ha prometido buscar soluciones. En 2003 Ayuntamiento y Gobierno regional impulsaron la redacción de un anteproyecto de legalización que salió a información pública en 2004. El propio presidente, Miguel Ángel Revilla, visitó el puerto hace 14 años y prometió actuar. El pasado año volvió a reiterar su compromiso de mediar ante el Estado pero nada ha trascendido de sus gestiones. Los de Miengo, con el desalojo encima, se muerden la lengua. Desean creer en la palabra dada, pero piden que se transforme en hechos.