Conflicto vecinal por una carretera en Bezana

Así lo asegura Jesús Fernández, presidente de la comunidad de Las Llamas 1, acompañado de Marián González, titular de una vivienda en el complejo Las Llamas 2. Ambas, en las inmediaciones de Las Pérgolas. «Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bezana, el trazado de la carretera en cuestión debe discurrir por el área bloqueada y que está dentro de Las Pérgolas». Un espacio, insisten, «municipal». De hecho, varias verjas incrustadas en bloques de cemento indicaban el final del vial recién construido, justo en frente de la urbanización cerrada. Como si la carretera no pudiese continuar. Como si se acabase o estuviese a medio hacer.

Un extremo que el Ayuntamiento ni confirma ni desmiente. La alcaldesa, Carmen Pérez, tan solo aseguró que «la carretera nueva forma parte de las actuaciones que se están ejecutando en Sancibrián para mejorar la seguridad». Es más, dijo, «la obra ya está ejecutada, aunque no ha sido recepcionada aún». Es decir, según el razonamiento de la regidora, se podría deducir que el trazado de la vía no continúa necesariamente por donde dicen los vecinos que protestan, ni tendría que atravesar el área bloqueada –y supuestamente pública– para alargarse luego hasta el Parque Científico y Tecnológico. Al menos por ahora.«En un futuro, ya se verá». La seguridad vial es precisamente otro de los caballos de batalla de los vecinos. Los de Las Llamas creen que la intención del Consistorio «es eliminar el doble sentido de circulación en nuestra calle», lo que, «generará problemas de tráfico, especialmente de cara al verano, con la llegada de los propietarios de las segundas residencias». Precisamente para tratar esta cuestión, la alcaldesa mantendrá una reunión con los propietarios el próximo lunes a las once de la mañana. Con todo, a priori, desde el Ayuntamiento aseguraron ayer que la actuación «no pasa necesariamente por instalar el sentido único en esa calle» y «se tendrá en cuenta la opinión de los residentes».

El conflicto en la localidad bezaniega se remonta a finales de los años noventa. Entonces, la comunidad de propietarios de Las Pérgolas, tras edificar en la mayor parte de los terrenos, no materializó las cesiones de espacios libres y de vialidad al Ayuntamiento –como recogía el Plan Parcial San Cibrián– y la Administración local «tampoco lo requirió».

La cosa continuó como si nada hasta que en el año 2004 tocó renovar los polémicos cierres de la urbanización. Entonces sí, la comunidad solicitó permiso alConsistorio y el tema terminó en el juzgado con una sentencia a favor del demandante, es decir, de Las Pérgolas. El juez, sin entrar en profundidades, consideró que el Ayuntamiento tenía que haber requerido a la propiedad el cese del vial público, pero como esta circunstancia no se produjo, le dio la razón a los vecinos. Y la situación se enquistó.

El Ayuntamiento reconoce ahora que existe cierta contradicción en torno a la valoración del vial objeto de polémica. «En el planeamiento urbanístico municipal aparece como público, pero en el registro de la propiedad es calificado de privado». El Consistorio tendrá que resolver este galimatías que viene arrastrando desde hace más de dos décadas y que además mantiene en pie de guerra a los vecinos.

En representación de Las Pérgolas explicó ayer su versión Miguel Ángel Cuevas, uno de los propietarios, quien recordó que llevan «dos sentencias ganadas». ¿Por qué les dieron la razón si se trataba de un espacio público? «Los residentes estuvieron realizando durante años las tareas de mantenimiento y limpieza de la zona y asumían el coste de las mismas, por lo que finalmente decidieron cerrarlo». Lo que no era normal –alega– es que «el vial fuese público cuando lo manteníamos nosotros». Cuevas arroja además luz sobre el curso que debería seguir la nueva carretera que muere a las puertas de su casa. «Según nos transmitió el arquitecto municipal, debería continuar por el vial dentro de Las Pérgolas».

Una versión que coincide con la que aportan los vecinos de las urbanizaciones colindantes. Con todo, Cuevas entiende que en caso de que haya que abrir la urbanización porque exista una necesidad pública, «el Ayuntamiento tendrá que iniciar un expediente de expropiación». Después, «los propietarios decidiremos qué actuaciones llevar a cabo, en función de cómo se motive dicha expropiación y de cómo se compensará a los vecinos». Lo que no podía ser, insiste, «es que el vial fuese público y el mantenimiento privado; si pagábamos nosotros, era nuestro». El razonamiento resulta simple, pero lo cierto es que el tema es farragoso y las partes no terminan de estar de acuerdo. Al final, al Consistorio no le quedará más remedio que actuar.