Primera victoria del Gobierno regional en los tribunales sobre el cierre de El Pedregal de Castro
El TSJC ha desestimado el recurso de las familias para suspender de forma cautelar la supresión de plazas de los docentes
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso contra el cierre del colegio El Pedregal de Castro Urdiales presentado por el sindicato STEC y las familias, ... en este caso representadas por el AMPA, que pedían la suspensión cautelar de la supresión de plazas docentes hasta que se resolviera el cierre del colegio público. El alto tribunal se pronuncia así acerca del polémico cese de actividad del centro educativo de Castro que la Consejería de Educación anunció el pasado mes de marzo. Desde el Ejecutivo regional informaron entonces de que el patronato de la Fundación Barquín, propietaria del inmueble en el que se desarrolla el proyecto educativo, había decidido rescindir el contrato de alquiler del edificio, por el que el Ejecutivo abona 20.000 euros anuales.
La situación puso en pie de guerra a las familias de los alumnos, que pedían la continuidad de la actividad en el mismo colegio y no la redistribución de los escolares en los diferentes centros de Castro -como planteaba la Consejería-.
Fue hace dos semanas cuando el AMPA y el citado sindicato elevaron la polémica al ámbito judicial y presentaron un recurso contra la decisión de anular las plazas de los docentes, solicitando la suspensión cautelar de la medida. Alegaban, entre otras cosas, que a los profesores no se les había comunicado la decisión con la suficiente antelación y «la falta de motivación para la clausura de un servicio público esencial». En base a este argumentario, solicitaban que se rechazase cautelarmente la medida del Ejecutivo, y eso es precisamente lo que el TSJC acaba de desestimar. La resolución supone un primer escollo para las familias afectadas y un aliciente para que el Gobierno de Cantabria siga adelante con la decisión de cerrar el centro.
La respuesta judicial fue anunciada ayer por la Consejería a través de un comunicado, en el que se aclaraba que «el dictamen implica que la eliminación de plazas docentes será efectiva, sin suspensión temporal de la medida». La denegación del tribunal «representa un paso clave para la ejecución de las modificaciones aprobadas en la plantilla, en consonancia con las decisiones administrativas correspondientes». La Consejería de Educación volvió a defender «la legalidad de todo el proceso» y destacó «la coherencia de la resolución judicial con las gestiones y los pasos que se están dando desde la Administración».
Además del recurso, desde el AMPA del colegio presentaron un total de 11.300 firmas en el Parlamento de Cantabria, un movimiento que estuvo precedido de varias movilizaciones. Otro aspecto que también generó cierta confusión fue que el patronato de la fundación está integrado, entre otros, por representantes del Gobierno de Cantabria y por la alcaldesa de Castro, Susana Herrán (PSOE), que en un principio fue acusada de votar a favor de la propuesta, pero ella misma aseguró después no haber estado presente en el acto.
La socialista manifestó su apoyo a las familias de los alumnos de Castro, que tendrán que buscarse una alternativa en caso de que el colegio El Pedregal termine por cerrar sus puertas definitivamente.
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