Arenas reconoce el encargo de venta en 2014 a su inmobiliaria pero insiste en que nunca cobró
El edil de Laredo (UxL) reitera que el documento destapado por el alcalde perdió vigencia en 2017 «por lo que la comisión jamás se devengó» al no venderse Villa Mercedes
El portavoz de Unidos x Laredo (UxL), Ramón Arenas, ha reiterado que no obtuvo beneficio alguno por la gestión de venta de Villa Mercedes, aunque sí reconoce que su inmobiliaria rubricó un contrato para gestionar la enajenación de la finca valorada entonces en 3 millones de euros. Tal y como expuso el alcalde de Laredo, Miguel González (PP), en el pleno del pasado jueves, ese encargo, que incluía una comisión del 4%, es decir, 120.000 euros para la inmobiliaria, se firmó el 11 de junio de 2014, el mismo día en que el Ayuntamiento ratificó el convenio urbanístico para la adquisición de la finca, precisamente cuando Arenas era primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo por el PP.
Con la salida a la luz de esta documentación, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, el edil independiente reconoce el encargo de venta, pero aclara –como ya hizo en la sesión plenaria y ya se publicó en este periódico– que el mismo perdió vigencia en 2017 y que la transacción nunca se ejecutó, por lo que no percibió nada de esos potenciales 120.000 euros. Asimismo, Arenas define el contrato como «un acuerdo privado totalmente ajeno y desvinculado del cumplimiento o no del convenio urbanístico» y recalca que se trataba de un documento «privado, habitual y extinguido desde 2017». Además, el portavoz de UxL añade que, a su juicio, el cumplimiento íntegro del convenio urbanístico municipal dificultaría la venta de la finca, ya que «beneficiaba claramente al municipio al preservar un bien patrimonial como Villa Mercedes» y, por tanto, suponía una cesión sin contraprestación económica que limitaba las posibilidades de negocio para los propietarios.
En este sentido, el edil defiende que la intención de su partido, que presentó una enmienda ante la posibilidad de rescindir el convenio, es que el Ayuntamiento recupere el inmueble para evitar su desaparición, basándose en dicho acuerdo urbanístico iniciado en 2006 y renovado durante el mandato del PP del que él formó parte en 2014. Este acuerdo preveía que los propietarios cedieran la casa al Consistorio a cambio de compensaciones urbanísticas en el resto de la parcela. Con todo, Arenas participó en el debate de la enmienda en el pleno pese a que el alcalde le invitó a ausentarse, y finalmente su propuesta no fue aprobada dado que informes técnicos municipales concluyen que el convenio es inviable, ya que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que lo sustentaba quedó anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en 2016. Según estos informes, las disposiciones fijadas en el convenio de 2014 no pueden cumplirse en la actualidad.
Esta cuestión se remonta a 2006, cuando los propietarios firmaron un acuerdo urbanístico con el Ayuntamiento de Laredo para mantener el edificio, entonces sin protección urbanística y con una solicitud de derribo en trámite. Así, los dueños se comprometían a ceder al Consistorio una parte de la finca y la casa construida en ella, a cambio de poder mantener en el resto del terreno la misma superficie edificable –2.949,20 metros cuadrados– que les reconocía el planeamiento vigente.
El convenio se modificó y ratificó el 11 de junio de 2014, pero la modificación puntual del PGOU prevista nunca llegó a aprobarse. En noviembre de 2024, los actuales propietarios presentaron un escrito solicitando al Pleno municipal la resolución definitiva del acuerdo, lo que abre la puerta a la demolición del inmueble y, con ello, a la pérdida de un bien de interés arquitectónico para Laredo.
