Condena de 11 meses de inhabilitación al exalcalde de Santiurde de Toranzo

Para conocer los antecedentes de este caso, hay que retrotraerse al año 2007 que es cuando el Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo autoriza la ampliación, modernización y mejora de la planta de hormigón instalada en el municipio. En paralelo se había procedido a llevar a cabo una modificación de las Normas Subsidiarias que cambiaban la clasificación de las parcelas donde se construyó la planta para adecuarla a la legalidad de la actividad minera.

El Ayuntamiento, en base a esa modificación urbanística, había otorgado licencia de actividad a Fernández Rosillo que fue anulada por sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) en diciembre de 2012, al carecer de «sustento legal» la misma. Previamente se habían ya sucedido pronunciamientos judiciales contrarios a la ampliación de la planta, el primero de ellos relativo a la reclasificación urbanística de las parcelas que pasaron de ser «rústica de especial protección agropecuaria a rústica de protección ordinaria con posibilidad de llevar a cabo actividad minera extractiva». Una modificación urbanística que «fue declarada contraria a la legalidad y en su consecuencia anulada por sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC» en enero del año 2009 y ratificada por otro auto de 2012.

Cabe destacar que todos estas modificaciones se llevaron a cabo a petición de la empresa para poder ampliar la actividad, hasta que un particular afectado interpuso denuncia.

La actual sentencia viene a juzgar el comportamiento obstruccionista de Fernández en este caso concreto, durante su época de alcalde entre los años 2011 y 2015.

El fallo judicial al que ha tenido acceso este periódico viene a recordar que aunque Fernández «era conocedor de los pronunciamientos judiciales» que obligaban a desmantelar lo ilegalmente construido y a publicar y dar efectividad a los sucesivos fallos «hizo caso omiso, a pesar de conocer su obligación y vinculación a la parte dispositiva de la resolución judicial», resume la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

Así, por ejemplo, según enumera el magistrado, el 1 de septiembre de 2014 se dictó auto en el que se acuerda «la demolición de lo construido al amparo de la licencia anulada... y requiero a la Administración demandada a que adopte las medidas de derecho precisas para que se lleve a cabo a mayor brevedad», advirtiendo ya en ese auto la posibilidad de exigir responsabilidad penal si no se ejecutaba. A esta notificación de ejecución judicial, le siguió otra con fecha de octubre de 2014, que lo que hace es «constatar que no se ha hecho nada para la efectividad del fallo» y, a partir de ahí «ante la franca oposición para acatar la decisión judicial» se le notifica personalmente y se le apercibe de las consecuencias legales.

Asimismo, no es hasta mediados del año 2015, coincidiendo con que Estanislao Fernández deja de ser alcalde del municipio, cuando el Ayuntamiento comienza a cumplir el procedimiento de ejecución de los fallos, aportando los informes técnicos y jurídicos precisos, además de un cronograma para el desmantelamiento de la planta ilegal que se acabaría ejecutando un año después, en octubre del año 2016. «La única actuación del alcalde fue abrir la puerta a la legalización, hasta el punto de que la demolición tuvo lugar cuando dejó de ser alcalde», resume la sentencia.

Estanislao Fernández es actualmente portavoz de la oposición en el municipio de Santiurde de Toranzo y alcalde pedáneo de Soto Iruz, cargos que tendrá que dejar en manos de otros en el momento en el que se ejecute la sentencia que lo inhabilita para ambos cargos. A éste respecto, Fernández dice que ya ha puesto los mismos «a disposición de lo que diga mi partido», insiste.

El exregidor acogía ayer con resignación su condena que no piensa en recurrir. «Acato la sentencia y apechugo con las consecuencias de la misma, pero no me han condenado por robar, ser un chorizo o favorecer a alguien para lucrarme, yo solo traté de defender los puestos de trabajo de la planta», resume para concluir que «volvería a tomar las mismas decisiones», en aquel contexto «de crisis económica», donde peligraban unos noventa puestos en la cantera desmantelada.