El PP insta al alcalde de Cayón a dimitir por «imperativo legal» y porque «no hay otra salida»

«No hay otra salida posible de conformidad con la legalidad», explicaba ayer el PP cántabro respecto a la situación judicial de Gastón Gómez, un alcalde que ha cosechado para el partido hasta seis mayorías absolutas y que ya ha dicho que no piensa renunciar tan fácil, aunque se lo pidan. De hecho ya estudia recurrir la sentencia.

Tal y como adelantó este periódico, los populares hacen referencia a dos artículos de la Loreg (6.2.b en conexión con el 6.4), en la que, según esgrimen, «los acuerdos reiterados de la Junta Electoral Central y el propio Tribunal Supremo establecen que los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por un delito contra la administración pública a pena de inhabilitación especial, incurren en causa de inelegibilidad e incompatibilidad sobrevenida obligando, una vez sea constatada por el pleno y declarada la correspondiente vacante, a tramitar la credencial de quien haya de sustituirle», resumen.

Por ello, la pasada semana, y tras analizar las causas jurídicas de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Santander, ya se le invitó a dimitir, tal y como reconoció el propio regidor, que también explicó que no estaba en su agenda el hacerlo para que su partido «quedase bien», porque la sentencia era «recurrible» y porque se considera «inocente» a pesar de estar condenado ya en primera instancia a la pena máxima que se solicitó para él por un delito continuado de prevaricación administrativa, que implicó hasta 200 contrataciones directas o verbales en siete años investigados.

En su comunicado, los populares tienen palabras de agradecimiento para el regidor, pero le piden que se vaya y anuncian, por si acaso, la apertura de un «expediente informativo» para hacer un seguimiento del cumplimiento de la directriz que marcan los órganos del partido. «Gastón Gómez es un compañero muy querido cuya situación personal todos lamentamos, que cuenta con una larga trayectoria de servicio público y que reiteradamente ha merecido la confianza mayoritaria de sus vecinos», subrayan. No obstante insisten en que no hay otra vía que la dimisión tras el análisis jurídico y tras haber dado un tiempo al regidor para estudiarlo, pese a que Gómez esgrima los apoyos de su equipo local y de los propios vecinos para continuar al mando. «Dicha decisión no es por tanto disponible. No depende de la voluntad del alcalde, del apoyo de su grupo municipal ni de la dirección regional del PP. Es un imperativo legal», afirman.

Respecto a las consecuencias disciplinarias por la normativa interna del partido que podría tener para el alcalde no acatar el dictamen popular, la Ejecutiva recuerda que Gómez no tiene cargo orgánico en el partido y sólo posee la afiliación. Por ello recuerdan que la pérdida de esta condición «exige la apertura de expediente sancionador como consecuencia de una resolución judicial firme que hoy no existe». No obstante, matizan que en cumplimiento de dicha normativa, «se procederá a abrir el oportuno expediente informativo para hacer seguimiento de la ejecución de la resolución judicial y las actuaciones del regidor», subrayan.

El partido deja ahora, así, la pelota en el tejado de Gómez y su equipo de concejales díscolos, que son los que tendrán que mover ficha, bien para cerrar filas en torno al regidor, bien para acatar el mandato del partido. El propio Gómez también ha amenazado con irse él antes de que lo echen.