Condenan a un funcionario de Santander por violencia de género

La Comisión 8 de Marzo convocó este jueves una concentración frente al Ayuntamiento de Santander para exigir a la alcaldesa, Gema Igual, el cese «inmediato» de un funcionario del Consistorio que ha sido condenado por violencia de género. Cerca de treinta personas – incluidos representantes políticos del PSOE e IU– se manifestaron para exigir coherencia a la regidora respecto a este asunto, en un momento en el que el equipo de gobierno del PP guardó un minuto de silencio –en la misma plaza– en memoria de las tres últimas mujeres asesinadas en España, víctimas de la violencia de género. Cuando terminó el minuto y los populares se disponían a abandonar la plaza, los manifestantes pidieron a gritos la dimisión del funcionario.

Más tarde, durante el pleno, el portavoz de IU, Keruin P. Martínez, cuestionó a Igual por este asunto. Martínez solicitó la aclaración de las funciones que ha desempeñado el condenado, en el pasado y en el presente, así como si el Ayuntamiento va a proceder a su cese. La alcaldesa reconoció que el tema le parece «demasiado serio» por lo que expresó su compromiso «con la violencia de género, con las mujeres maltratadas y con las agresiones sexuales. Mi total compromiso, pero sin jugar a ser juez, y lo repito, tolerancia cero y responsabilidad diez». Y añadió: «La persona juzgada no es un asesor municipal, es un funcionario. Un policía local que tiene, como otros muchos funcionarios, complementos de disponibilidad y prolongación de jornada. Es decir, trabaja según la disponibilidad, según el servicio, sin horario fijo. Está adscrito a las áreas de Ocio y Barrios y entró en el Ayuntamiento por oposición en 1999». Igual también explicó las numerosas funciones que ocupa, relacionadas con la coordinación de eventos municipales. «Aún no tenemos la sentencia, pero ya está solicitada para analizarla con nuestros servicios jurídicos».

La magistrada del caso ha impuesto al funcionario una pena de seis meses de prisión por dos delitos, computables por trabajos en beneficio de la comunidad (un total de 32 días), según la resolución judicial a la que ha tenido acceso El Diario Montañés.

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