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El Govern catalán ultima un expediente interno, en el que tratará de arrojar algo de luz sobre algunas de las preguntas que siguen sin respuesta ... sobre el caso de la niña de 12 años que vivía bajo el paraguas de la Generalitat y fue violada y prostituida por una red de pederastas entre 2020 y 2021.
El centro donde vivía la menor estaba bajo la guardia de la dirección general de la infancia de la Generalitat (DGAIA). Nadie detectó nada ni vio nada raro durante casi dos años, en los que la menor fue violada por un depredador sexual y ofrecida a clientes pederastas. A pesar de la gravedad del caso, la Consejería de Derechos Sociales ni la propia DGAIA realizaron informe alguno interno para detectar posibles fallos tras conocer el caso, entre 2021 hasta la actualidad.
Entre 2020 y 2024, el año en que la red de pederastia fue desarticulada por los Mossos, hubo tres consejeros diferentes en Derechos Sociales, dos de ERC y una de Junts. Las violaciones a la menor se produjeron entre mayo de 2020 y octubre de 2021. La niña denunció a finales de 2021. En 2024, los Mossos desarticularon la red de pederastia.
En 2024, asumió el Govern el PSC. La consejera Mónica Martínez Bravo lleva un año en el cargo y ha asegurado que no le consta que la DGAIA abriera expedientes al conocer el caso de las violaciones continuadas a la menor, aunque al mismo tiempo no puede descartarlo.
El primer informe interno al respecto se ha abierto a raíz de que la Fiscalía presentara un escrito de acusación pidiendo 107 de años de cárcel para el principal sospechoso de la red de pederastia, que violó reiteradamente a la víctima. La justicia investiga a otros 15 hombres en tres causas penales paralelas.
Además, la consejera ha afirmado este viernes en TV3 que tuvo conocimiento de la causa recientemente y que el anterior titular de la cartera no le puso al día sobre el caso en el traspaso de poderes.
Martínez comparecerá próximamente en el Parlament. Deberá responder por qué ceso a la cúpula de la DGAIA solo seis meses después de su nombramiento. Destituyó a la directora y al subdirector al medio año de su elección. La consejera eso sí ha negado que los ceses tuvieran relación con el caso de la menor violada.
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