Jubilados entre rejas

Aniceto es uno más de la larga lista de mayores de sesenta años que ocupan las cárceles españolas, un porcentaje que ha pasado del 0,9% en 1985 al 3,8% este año, y que apunta a que, en un futuro no muy lejano, algunas cárceles se habrán convertido en una suerte de geriátricos en las que las revisiones de próstata y los pañales estarán a la orden del día. A eso, y a que es posible que, de no tomar medidas, a España todo este asunto le coja con el pie cambiado.

Concepción Yagüe, subdirectora general de tratamiento y gestión penitenciaria con el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y autora del estudio sobre el que se armó en 2011 un protocolo de atención integral a la ancianidad en el medio penitenciario, encabeza un nutrido grupo de profesionales que considera que, al margen de aplicar el sentido común, sería conveniente que los responsables políticos volvieran a poner el foco en las personas. «Sin duda hubo unos años en los que se intentó; en los que se hizo un esfuerzo después de que nuestra investigación pusiera sobre la mesa la necesidad de trabajar en esa dirección. Sin embargo, hace tiempo que hemos entrado en un periodo de inacción. Todo se está dejando morir: los programas para las unidades de madres, los módulos de respeto y, por supuesto, la atención a las necesidades específicas de los ancianos», asegura, lamentando el tiempo perdido.

Ignacio Gutiérrez, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), tiene muy claro cuáles son los principales problemas con los que se encuentra el sistema penitenciario español a la hora de atender a los reclusos mayores. El primero, las estructuras arquitectónicas de las cárceles: «Solo hay que aplicar el sentido común para darse cuenta de que, tal y como están concebidas, es imposible. Que por mucho que uno quiera, un señor de 85 años no puede subir y bajar treinta y tantos escalones tres veces al día».

A la existencia de barreras arquitectónicas allá por donde uno vaya, Rodríguez suma la ausencia de profesionales sanitarios especializados en gerontología y la certeza de que los trabajadores penitenciarios no están formados para atender a personas mayores. «Estamos hablando de muchas cosas, desde la necesidad de tener un baño cerca, al hecho de que por ser mayor de 60 o 70 años uno no deja de tener derecho a tener sexo. Pues bien, los cuartos para los vis a vis no están preparados», asegura el portavoz sindical mientras lamenta que los trabajadores de prisiones carecen de un programa tratamental específico.

El hecho es que, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, de los 50.364 presos que ocupaban en junio de este año las cárceles españolas, 2.046 (1.906 hombres y 140 mujeres) tienen más de sesenta años.

Condenados fundamentalmente por haber cometido delitos contra la salud pública (un 37% en 2015), seguidos por los homicidios (un 15%), lo realmente sorprendente es que, según los analistas, se producen variaciones en la tipología de delitos entre los mayores de 60 y los mayores de 70: los primeros son más dados a atentar contra la salud pública mientras que los que han cumplido setenta son responsables de haberle quitado la vida a alguien.

Algunos de esos presos están en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), la única prisión española que en algún momento de estos últimos años aspiró a convertirse en un centro especializado para condenados que hace tiempo que peinan canas.

Rafael Correa, funcionario de prisiones desde hace más de veinte años allí, cuenta que en 2011 se pretendió hacer de Alcázar de San Juan una cárcel especializada en presos mayores, pero que la época de recortes dejó el proyecto aparcado. Correa explica que, aunque de los cerca de cien reclusos que hoy viven entre aquellas paredes veinte tienen más de sesenta años y cerca de diez han cumplido ya los 80, no hay celdas adecuadas para ellos. «¿Qué dice el sentido común? Que debe haber una cárcel geriátrico en donde puedan ser atendidos, aunque eso cueste dinero. ¿Que por qué lo que tenemos no sirve? Un ejemplo: aquí hay un solo médico para atender a la población reclusa aunque nos corresponderían tres. Ese profesional tiene su jornada de trabajo y sus días libres como cualquiera. Simplemente, cuando un viejete se cae, se arma una considerable».

Correa, delegado del sindicato Comisiones Obreras, apunta también que solo una de las celdas que tienen en la prisión está adaptada y que, aunque las de la planta baja son individuales, el resto no. «Es fácil entender que un señor mayor no puede dormir en una litera alta», dice recordando que ha tratado con presos de 92 años y que la falta de medios se suple con la entrega de muchos funcionarios y la colaboración de algunos reclusos que están pendientes de sus compañeros. «De otra forma sería imposible, no podemos estar controlándoles todo el día».

Los mayores de 70 años, por más que una leyenda urbana nos haya convencido de lo contrario, van a prisión como cualquier otro hijo de vecino convertido en delincuente. Ahí está como ejemplo Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y copropietario del Grupo Marsans, que está a punto de celebrar su 75 cumpleaños en Soto del Real.

Aunque es verdad que el artículo 92 del Código Penal y las normas penitenciarias establecen que el juez puede concederles la libertad provisional anticipada aunque no hayan cumplido dos terceras partes de la pena si atienden a una serie de requisitos, también lo es que queda a criterio del juez y que en la práctica solo sucede cuando el condenado ha cometido un delito menor. La prueba de que se trata de una idea muy extendida es que hace unos años las mafias de la droga convencían a ancianos para que transportaran mercancía asegurándoles que, aunque los pillaran, nunca entrarían en la cárcel.

No es el caso de Antonio Rizo, porque a él nadie le engañó. Natural de Rota (Cádiz), ha pasado casi tres años en la prisión Puerto II cumpliendo condena por traficar con hachís. Dice que andaba con mala gente y que un buen día las cosas se complicaron hasta acabar en chirona. «Cayeron ellos antes y luego caí yo. Antes de eso era relaciones públicas y buscaba actuaciones para grupos de flamenco y pop. Luego me presté a ayudar a esa gente y cuando me di cuenta estaba metido hasta arriba. Traficábamos con hachís de todo tipo: de barco, playa, invernaderos, cuadrillas de tierra...».

A sus 54 años asegura que todo aquello quedó atrás y debe de ser cierto. Mientras espera a que le operen -«para arreglarme un problema en la espalda y la pierna»-, colabora con el departamento de Asuntos Sociales de Lanzarote, la isla en la que vive feliz desde que salió de la cárcel, con asociaciones que trabajan con los presos de ese pedacito de tierra que emerge en el Atlántico, y aún saca tiempo para ofrecer charlas a jóvenes en los institutos contando su experiencia. Durante el tiempo que pasó en prisión compartió patio, comedor y vida con unos cuantos de esos presos a los que la vejez ha pillado encerrados. «Estaba José María, de Sanlúcar. Un hombre de cerca de 80 que había abusado de niños. Eso es de lo peor. Fuera y dentro de la cárcel. Y ese era mejor tenerlo lejos. Pero la realidad es que los mayores se las arreglan casi siempre con ayuda del resto. Las cárceles no son un lugar para viejos, aunque muchos ya no quieran salir de allí». «¿Que si es cierto? Hace no mucho me encontré con Luis, un compañero de prisión que ya ha cumplido los 65. Acababa de salir y me dijo: 'Antonio, yo no sé vivir en la calle. Voy a romper algún cristal y me vuelvo dentro'».

Lo que le pasa a Luis les ocurre a muchos reclusos mayores en todo el mundo. Después de pasar años entre rejas, cuando las puertas de la libertad se abren de par en par nadie espera fuera.