Una cuarta parte de quienes piden la eutanasia fallecen mientras se tramita su solicitud

Cuando se cumplen justamente cuatro años de la entrada en vigor de la ley de eutanasia las cifras indican que aunque este derecho de los enfermos cada vez se asienta más en nuestro país, el grado de aplicación difiere y mucho según la voluntad política de la autonomía de que se trate, al tiempo que persiste el incumplimiento de los plazos máximos que fija la norma para que el paciente obtenga la respuesta. Es el balance del cuarto aniversario de la ley que hace la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), la organización de profesionales y familias que más empujó para lograr la aprobación de la ley y que más se ha implicado después en su puesta en marcha.

Los responsables de DMD calculan que desde el 25 de junio de 2021 unos 3.000 enfermos graves e incurables o que tienen un padecimiento crónico grave e imposibilitante han solicitado en España que se les aplique la eutanasia, derecho que han logrado ejercer aproximadamente 1.300 de ellos, lo que ronda el 40% pese a que se autorizan dos de cada tres peticiones. Una vez excluido el aproximadamente 6% que se echa atrás o aplaza la prestación una vez la tiene autorizada, el desfase entre autorizaciones y prestaciones ejercidas se debe a lo que es una de las principales quejas de DMD: el 25% de peticionarios fallece antes de que los médicos y la administración sanitaria sean capaces de terminar la tramitación de su solicitud.

La ley indica que entre la petición de eutanasia y la respuesta final no pueden transcurrir más de 30 días. Es el tiempo máximo que la norma estima necesario para que tomen las decisiones el médico al que se le pide de inicio, un segundo médico que revisa la adecuación o no del caso a la ley y para que llegue el informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, el órgano colegiado autonómico decisorio. Sin embargo, el actual tiempo medio entre petición y respuesta en España es de 49 días, que en algunas autonomías es aún mucho mayor. Los portavoces de DMD señalan que se trata de tiempos de tramitación «excesivos e inasumibles para personas en situación terminal» y que para agilizarlos haría falta que se garantizase que los solicitantes puedan hablar con el médico que iniciará el proceso en un máximo de dos o tres días y que se mejore la formación de los profesionales.

El vicepresidente de DMD, Fernando Marín, resumió la situación con la idea de que «la eutanasia se abre camino en España, pero muy lentamente y con muchas desigualdades entre territorios». Comentó que es innegable que la ley se asienta, como demuestra que en 2024 se presentasen 960 solicitudes, un 25% más que un año antes, y se practicasen 427 eutanasias, un 28% más en 2023. Este avance continúa el registrado hace dos años, cuando se produjeron un 33% más de solicitudes y un 16% más de eutanasias que en 2022.

Las cifras de muertes dignas asistidas en España suben año tras año, aunque todavía están lejos de las de otros países europeos donde la prestación de ayuda para morir es legal desde hace más tiempo. Por este motivo, consideran que, «con los datos existentes, no es correcto afirmar que la prestación funciona de manera adecuada en todo el país, como sostiene el Ministerio de Sanidad». Marín pidió «voluntad política» para reducir «la desigualdad» que existe entre las diversas autonomías y reclamó a la sanidad privada que cumpla con la ley, porque sus cifras de eutanasias son marginales, «ya que rechazan hacerlas y las derivan a la pública, que concentra más del 90% de los casos».

Los portavoces de DMD pidieron cambios legislativos que impidan la paralización en los tribunales de eutanasias aprobadas conforme a la ley, como ha sucedido en los casos de Noelia y Francesc, dos vecinos de Barcelona que no han podido ejercer su deseo pese a tener luz verde para ello de los médicos desde hace diez meses. En ambos casos fueron los padres, representados por organizaciones ultracatólicas, quienes han logrado por el momento paralizar la muere asistida en contra de la voluntad de sus hijos, pese a que son los únicos titulares del derecho y no están incapacitados para ejercerlo. El Tribunal Supremo tendrá ahora que fijar jurisprudencia sobre este particular, pues la Generalitat ha recurrido en casación una de las resoluciones judiciales.

«Estas dos personas solicitaron la prestación de ayuda para morir y les fue aprobada, pero están siendo obligadas a vivir en contra de su voluntad por los recursos judiciales interpuestos por sus familiares, en un contexto eutanásico de pérdida de dignidad por el deterioro irreversible de su calidad de vida y sufrimiento constante e intolerable», denuncia la asociación, que lamenta que la justicia «se preste a la manipulación de grupos que pretenden imponer su ideología contra una ley aprobada democráticamente».

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