Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»

Pero el descanso que encontraron los afectados al ver reconocido su «calvario» se ha esfumado al saber que sus acosadoras no recibirán sanción alguna por parte del Servicio Cántabro de Salud ni de la Consejería. Ni pérdida de la plaza fija –conseguida en el último año por las tres trabajadoras que eran interinas cuando se produjeron los hechos por los que han sido condenadas (la cuarta ya era fija entonces)–, ni tampoco de la condición de personal estatutario. Según indican desde el departamento de César Pascual, los servicios jurídicos no pueden hacer nada porque «en su día no se abrió el expediente disciplinario y ahora ya es tarde porque los hechos han prescrito».

Una respuesta que ha caído como un mazazo entre las víctimas de las acosadoras. «Nos machacaron, es una vergüenza que no pase nada. No se puede consentir que sigan trabajando en sanidad como si no pasara nada», lamenta una de las afectadas. Una indignación que es compartida por otra de las profesionales que también tuvo que cambiar de puesto para no soportar las humillaciones a la que le sometían: «Con esto hemos aprendido que no vale de nada quejarse», dice, totalmente desmoralizada. Aunque no van a quedarse de brazos cruzados. Ya están en contacto con sus abogados para asesorarse, «porque esto no puede quedar así». En los últimos días, «extrañados» al ver que la sentencia ya era firme y Sanidad no movía ficha, cuando «el propio consejero aseguró hace un año que el asunto era de extrema gravedad» y que tendría consecuencias cuando concluyera el proceso judicial, varias perjudicadas le han enviado escritos exigiendo medidas contra las condenadas y en defensa de sus víctimas, algunas de las cuales siguen trabajando cada día codo con codo con ellas –ahora en Valdecilla–. «¿De qué valió escapar de Sierrallana y perder contratos, si ahora están aquí? Es surrealista», plantean. «Igual de surrealista que es comprobar que después de todo lo pasado, al final nuestras maltratadoras se van de rositas, porque habrá que ver si al final entran o no a la cárcel», añaden.

Un desenlace con el que reviven la «tristeza» y la «impotencia» de aquellos años en los que «no se hizo nada» por frenar las coacciones de las condenadas, critican. «Todo el mundo en el hospital, en el SCSy en la Consejería sabían lo que ocurría en Anatomía Patológica de Sierrallana», insisten quienes lo denunciaron sin descanso a lo largo de tres legislaturas distintas. «¿Cómo puede ser que ahora no se pueda hacer nada? ¿Por qué no se hizo en su momento?», se cuestionan.

José María Fernández, el sindicalista que fue determinante para destapar la trama, recuerda que «la administración tiene que velar por sus trabajadores. Tiene que abrir el expediente disciplinario, sí o sí, hay una sentencia firme y hechos probados; quién dice que han prescrito, en qué se basan los servicios jurídicos para decir que no se puede. La Consejería puede hacerlo ahora, hay jurisprudencia, que se informen».