Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija

Y no solo eso, sino que la sentencia tampoco deriva en inhabilitación, porque «nadie la pidió». Una situación que desde el entorno del consejero César Pascual, que siempre creyó que «ese expediente estaba abierto y paralizado a la espera de reactivarse» tras la resolución judicial, no dudan en calificar de «totalmente surrealista». Un revés que los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria tratan de compensar, buscando desde hace días la manera que permita, al menos, «una restitución moral de las agredidas» por la «vía prevención de riesgos laborales», que es el único resquicio. Es decir, como mucho, un traslado forzoso de puesto o de centro para las condenadas. «Hasta que no encontremos a qué agarrarnos, no se puede hacer nada», insisten las mismas fuentes. «Lo que sí está previsto es crear un grupo de trabajo para hacer un protocolo y que esto no se vuelva a repetir».

Las cuatro condenadas actuaron durante más de ocho años (de 2011 a 2019) como «un grupo de presión y de poder» en el laboratorio de Anatomía Patológica del hospital de Torrelavega, sometiendo a sus compañeros a vejaciones, insultos y desprecios continuados, hasta el punto de provocar bajas médicas y abandonos de puestos entre sus víctimas, con la finalidad de «imponer sus directrices» y ascender en la lista de contratación –entonces tres de las cuatro protagonistas de esta campaña de hostigamiento eran interinas–.

Tras múltiples denuncias, que pasaron por los despachos de cinco gerencias en tres legislaturas distintas sin consecuencia alguna (de la del PP con Buruaga al frente de la sanidad cántabra a las dos del bipartito PRC-PSOE, con Luisa Real primero y Miguel Rodríguez después, como consejeros), no se abrió una investigación interna hasta 2019. Y fue gracias al empeño del delegado sindical José María Fernández Cobo –afiliado de USOhasta su paso a UGT–, que se volcó en la defensa de las víctimas desde el primer momento (su primera denuncia data de 2011) y recabó con el tiempo las pruebas suficientes para forzar una inspección de Sanidad. Pruebas de conversaciones y mensajes incendiarios en el grupo de whatsapp de las acusadas, a las que se añadían indicios de que empezaban «a pasar cosas que ponían en riesgo el funcionamiento del propio laboratorio». El resultado de aquella investigación fue un informe «demoledor» de la inspectora tras tomar declaración a todas las personas implicadas. Al detectarse conductas que podían ser constitutivas de delito, el asunto se trasladó al Ministerio Fiscal.

Lo siguiente fue un maratoniano juicio que concluyó con una sentencia sin precedentes –dictada por el Juzgado de lo Penal Nº3 de Santander y ratificada en junio de 2024 por la Audiencia de Cantabria–. Penas de entre tres y cinco años de cárcel para las cuatro técnicos por media docena de delitos de coacciones hacia otros compañeros. Las víctimas veían, por fin, reconocido su calvario, aunque a día de hoy varias de ellas siguen compartiendo su jornada laboral al lado de sus acosadoras –ahora recolocadas en Valdecilla, donde consolidaron su plaza en las últimas oposiciones–. Y aunque lo esperado es que esa trama al descubierto les acabara costando el puesto –o como mínimo se tradujera en una suspensión de empleo y sueldo–, la realidad es que no va a ser así, una vez confirmado lo que algunos afectados se temían sin dar crédito a que pudiera ser verdad: las condenadas no perderán su condición como personal estatutario ni su plaza en la plantilla delSCS.