José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»

Y que las reacciones a esa «desconcertante» respuesta –las condenadas pueden acabar en la cárcel (o no, porque sus abogados ya han pedido la suspensión de la pena), pero seguirán formando parte de la plantilla del SCS– se hayan concentrado en Chema tiene una explicación de peso: él fue el sindicalista que peleó durante más de ocho años en los despachos de los distintos gerentes del hospital (hubo cinco entre 2011 y 2019, tiempo en el que sucedieron los hechos juzgados, «aunque no han dejado de ocurrir en los años siguientes», matiza él) para que alguien pusiera freno a los insultos, mofas y muestras de hostigamiento que le comunicaban «un día sí y otro también». «La primera fue en 2011, una delegada de CSIF recurrió a mí (entonces yo estaba en USO), porque en su sindicato no le hacían caso, para denunciar acoso a un compañero por su condición sexual. A partir de ahí nos fuimos dando cuenta de que no era solo lo de aquel chico», cuenta Fernández, aún sin acabar de asimilar el varapalo de esta semana, que «ha indignado a todo el hospital, porque esto era conocido por todos y las autoras de las coacciones nunca han mostrado ningún signo de arrepentimiento, ni siquiera en el juicio».

«Si Sanidad no actúa ahora contra las cuatro acosadoras, a quien condena es a las víctimas, que bastante han pasado ya», declara. «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Anatomía Patológica de Sierrallana, y no hablamos de hechos aislados, sino de que el acoso de las condenadas era diario». En cuanto él empezó a moverlo, «lo primero que hizo la Gerencia fue apartar de su puesto a la jefa de servicio y a la entonces coordinadora», que pasó a convertirse en «la cabecilla del grupo de presión». «Incluso a mí y a mi compañero de sindicato nos desafiaban, nos hacían muecas cuando nos cruzábamos por el hospital o no nos dejaban pasar por las escaleras. Pero estábamos advertidos de no entrar al trapo».

A partir de ahí, «a cada coordinador que iban nombrando le machacaban de cualquier manera, con vejaciones de todo tipo, por el físico, la ropa, entorpeciendo el trabajo, desobedeciendo las indicaciones, con montajes de fotos ofensivos y mensajes pegados en folios por los aparatos del laboratorio... daba igual, todo valía» con tal de escalar en la lista de contratación, que era el objetivo final. «Tres de ellas consiguieron la plaza fija gracias a la antigüedad acumulada haciendo la vida imposible a los demás, porque nadie les paraba», por más que se denunciaba una y otra vez.

«Por mi despacho pasaban todas las víctimas llorando, una de ellas estuvo casi 18 meses de baja con una depresión de caballo, incluso temimos que la cosa acabara muy mal. En todos estos años ha habido momentos muy tristes. Otra coordinadora tuvo que marcharse a trabajar a Canarias y otra se fue al País Vasco porque no la apoyaron en absoluto, y eso que las diferentes gerencias recibieron infinidad de denuncias, pero no hacían nada», rememora Fernández, que censura sin tapujos el papel de la sección sindical de CSIF en Sierrallana, «siempre del lado de las acosadoras, negando cada queja de las víctimas. Para mí, su responsable es tan culpable como ellas».

En la carpeta con la documentación del caso que aún conserva, la lista de afectados por las coacciones de las condenadas tiene once nombres propios, aunque no son los únicos ni todos llegaron a denunciar en su día. «Hubo quien se fue del hospital porque no aguantaba más, renunciando incluso a la vacante, dejando por escrito que se marchaban porque no se podía trabajar allí», precisa el exsindicalista, que en esta lucha brindó asesoramiento, pero también el consuelo que nadie les daba. Por eso recibió el agradecimiento de las víctimas cuando se conoció la contundente sentencia, en enero de 2023, ratificada en 2024 y firme desde septiembre de 2025. «Lo lamentable de todo esto es que la justicia cumplió con su trabajo, pero los políticos no. A mí me gustaría conocer ese informe en el que dicen las asesorías jurídicas que no se puede hacer nada, porque he preguntado a abogados, he buscado la ley, he leído el Estatuto Marco y dice claramente que con una sentencia firme y condena penal se les puede abrir expediente disciplinario, aunque no se les hubiera abierto antes. No puede ser que se vayan de rositas. Estoy convencido de que se puede hacer algo», sostiene.

A esa decepción por parte de la Administración se suma que «me duele muchísimo que los sindicatos o las juntas de personal no se hayan manifestado, no se hayan solidarizado con estas compañeras acosadas». En este sentido, critica que «a todo el mundo se le llena la boca con el 'no al bullying', 'no al acoso', pero cuando realmente hay que tomar medidas te chocas contra un muro».

Chema, que ha perdido la cuenta de las veces que presentó escritos por registro para denunciar la sucesión de ataques, recuerda que «estuvimos callados durante muchísimos años, siguiendo los pasos que teníamos que seguir, sin hacer ruido mediático para no perjudicar el proceso, pero afortunadamente la justicia nos dio la razón, fue soberana».

En ese largo camino resalta «la gran suerte que tuvimos con la inspectora encargada de la investigación interna, que hizo un trabajo extraordinario, a pesar de todas las trabas que le pusieron. Tengo que reconocer que cuando me senté con ella, abiertamente le dije: 'Bueno, no sé si usted va a hacer algo ya, porque ya hemos dado tantísimas vueltas...' Yella me respondió: 'Yo voy a hacer mi trabajo'. Y gracias a eso todo salió a la luz. En su informe final dice claramente que ve indicios penales y que se les abra expediente disciplinario». Pero no lo hicieron. ¿Por qué? «No lo sé. Pero no es solo eso, fíjate, había cuatro trabajadoras del SCS denunciadas por acoso por sus compañeros y ni el propio SCS ni la Consejería se personaron en el juicio», que se encaminó, tal y como recomendaron los abogados entonces, «hacia los hechos que se podían demostrar con pruebas reales».

Llegados a este punto, anima a los afectados «a presentar una demanda contra el SCS por dejación de funciones. Me alegra saber que van a continuar con el proceso, que no van a dejar que esto se quede así como si no hubiera ocurrido nada».