Queda desierto el concurso para construir las viviendas de alquiler asequible de El Zapatón
El resultado de la licitación obliga a revisar plazos y altera el calendario que situaba el inicio de las obras a finales de este año, según avanzó el Gobierno de Cantabria
La licitación para construir las quince viviendas de protección oficial (VPO) previstas en la finca del aparcamiento de la Avenida de La Constitución, en ... el barrio de El Zapatón, ha quedado desierta. Ninguna empresa ha presentado oferta al concurso público convocado por el Gobierno de Cantabria para ejecutar las obras, cuyo presupuesto de licitación ascendía a 2.460.278 euros. El plazo para la recepción de propuestas permaneció abierto hasta el 20 de octubre y finalizó sin que se registrase ninguna candidatura. Esta circunstancia obliga ahora a la Consejería de Vivienda a redefinir el procedimiento con el fin de volver a sacarlo a licitación, lo que conllevará nuevos plazos y retrasará el inicio de unos trabajos que estaban llamados a arrancar antes de que concluyera el año.
El resultado de la licitación altera el calendario que el consejero de Vivienda, Roberto Media, había trasladado el pasado mes de mayo, cuando presentó el proyecto en Torrelavega. Entonces señaló finales de este año como horizonte posible para ver el arranque de las obras en el solar del aparcamiento. Aquel día, Media subrayó el carácter prioritario de esta promoción dentro del plan autonómico de vivienda y recordó que, junto a las quince de El Zapatón, el Ejecutivo estaba impulsando otras 42 viviendas protegidas en El Valle (Sierrapando) y doce en la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo (La Inmobiliaria).
Antes de este revés, la actuación de El Zapatón había avanzado con paso firme en los últimos meses: la finca ya había recibido las máquinas para la realización de catas del terreno y el proyecto de ejecución, redactado por M2 Arquitecto se entregó para la tramitación municipal. Además, el contrato de redacción del proyecto y el de dirección de obra estaban adjudicados, por lo que la licitación de los trabajos representaba el último gran trámite antes de iniciar la construcción.
La Consejería de Vivienda deberá decidir si repite el proceso o ajusta condiciones con el fin de atraer empresas
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La demora prolonga el uso del aparcamiento gratuito en la parcela donde se levantarán los pisos de protección oficial
l hecho de que el concurso haya quedado desierto abre un nuevo escenario. A partir de ahora, la Consejería deberá analizar si procede volver a licitar el contrato en los mismos términos o introducir ajustes en el pliego con el objetivo de favorecer la presentación de ofertas en un segundo intento. Entre las cuestiones que habitualmente se revisan en estos casos se encuentran las condiciones económicas del contrato, los criterios técnicos o determinados requisitos administrativos que puedan estar dificultando la concurrencia. La reactivación del proceso requerirá nuevos plazos administrativos, lo que añade tiempo al desarrollo de una promoción considerada prioritaria en materia de alquiler asequible. La opción de repetir el procedimiento sin cambios o de introducir modificaciones será la decisión clave para marcar el ritmo en este punto. Hasta que no se adopte una resolución al respecto, el proyecto quedará temporalmente en pausa.
Prioridad compartida
En Torrelavega, el retraso supone aplazar la incorporación de quince viviendas de alquiler asequible en un contexto de fuerte demanda y precios elevados. Tanto el Gobierno de Cantabria (PP) como el Ayuntamiento (PRC-PSOE) han situado la ampliación del parque protegido como una prioridad compartida. El alcalde, Javier López Estrada (PRC), ha insistido en que la vivienda es «una prioridad» y ha advertido de la «burbuja» que vive el mercado del alquiler en la ciudad. Según ha señalado en distintos momentos, Torrelavega cuenta actualmente con más de 200 viviendas protegidas en tramitación, una cifra superior a la de los quince años previos. En relación con los futuros alquileres de estas promociones, el Ejecutivo regional avanzó que serán «como mínimo un 30% más bajos» que los precios del mercado libre. Con un alquiler medio en torno a 650 euros en la ciudad, el coste de una vivienda protegida podría situarse en alrededor de 455 euros en el caso de dos habitaciones. El PSOE ha defendido públicamente que, en ningún caso, los precios superen los 400 euros mensuales, mientras que el PRC ha mostrado su voluntad de favorecer el alquiler más asequible posible, recordando que la normativa de VPO establece límites para garantizar la viabilidad.
El terreno elegido, propiedad del Gobierno cántabro, ha funcionado durante años como aparcamiento gratuito en pleno centro urbano, con alrededor de medio centenar de plazas. La falta de adjudicatario mantiene, por ahora, esta zona de aparcamiento en funcionamiento, retrasando también la transformación urbana prevista en este punto.
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