Tensión en el pleno de Torrelavega por el uso simbólico de cascos de la Policía Local

El primer choque se produjo durante la intervención de Roberto García Corona (Vox), en el debate del punto relativo a la adhesión del municipio a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. En ese momento, sacó a relucir el casco de Policía Local y declaró: «Hemos traído un casco como muestra de solidaridad con sus lamentables condiciones de trabajo. Lo hacemos como medida de aviso, después de haber visitado las instalaciones». Apenas terminó la frase, el alcalde lo interrumpió y le llamó al orden, advirtiéndole de que no podía desviarse del punto en discusión ni utilizar «símbolos ajenos al Ayuntamiento» sin la autorización de sus titulares.

El tono se elevó de inmediato. López Estrada acusó a García Corona de haber recibido un casco «de manos de agentes que no tienen autoridad para cederlo» y le advirtió que estaba vulnerando el reglamento de la sala. El portavoz de Vox respondió con firmeza: «Este casco, al igual que esta mesa y este micrófono, es propiedad de los vecinos». Y exigió poder terminar su intervención. El alcalde, sin embargo, se negó y le retiró el turno de palabra, cediéndoselo a Miguel Ángel Vargas (PP), que también portaba un casco policial.

En lugar de continuar el debate, Vargas se negó a intervenir como gesto de protesta por lo ocurrido con su compañero: «No voy a intervenir porque no puede retirar la palabra por un tema que a usted no le guste». Su declaración provocó una sonora ovación de los agentes que, una vez más, habían acudido al pleno en señal de protesta.

La controversia se reavivó cuando se abordó el presupuesto general de 2025, momento en el que todos los grupos de la oposición aprovecharon para denunciar lo que consideran un «abandono» de la Policía Local. Miguel Ángel Vargas criticó duramente que la partida prevista para mantenimiento de las instalaciones policiales sea de apenas 9.350 euros. «Cualquiera que quiera hacer una pequeña reforma sabe que eso no da para nada. No hay ni siquiera una partida para proyectar una nueva comisaría», dijo, casco en mano, señalándolo como símbolo del deterioro del cuerpo.

Borja Peláez (IU-Podemos) también mencionó la situación de los agentes al criticar el «abandono de los servicios públicos esenciales» y alertó del riesgo de que «la precariedad acabe afectando a la seguridad de todos».

Desde Vox, García Corona reiteró que «se destinan más fondos a ferias anecdóticas que al bienestar de quienes garantizan la seguridad ciudadana». Reprochó al equipo de gobierno que «no hay una sola inversión digna para la Policía Local» y calificó de «vergüenza» la situación de las instalaciones compartidas con la Policía Nacional, que, recordó, presentan desde hace años deficiencias «insalubres».

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), respondió a las acusaciones reconociendo que la situación del cuerpo policial es uno de los asuntos que «hay que resolver». Explicó que el problema de fondo reside en la cesión del edificio: «El inmueble pertenece a la Policía Nacional. Para intervenir ahí, necesitamos un nuevo convenio que actualmente no está vigente». Añadió que el próximo 18 de junio está prevista una visita de técnicos de Patrimonio del Estado para evaluar las posibilidades de actuación, y se comprometió a que el Ayuntamiento presentará un proyecto concreto para las instalaciones «en cuanto se dé luz verde».

En todo caso, subrayó que «los procedimientos administrativos deben respetarse» y que todas las reivindicaciones del cuerpo «siguen su curso legal». «Nadie discute que los agentes tengan razón, pero hay un ritmo que se debe seguir», concluyó. La tensión, sin embargo, quedó lejos de resolverse y deja claro que la Policía Local seguirá siendo protagonista de los próximos plenos.