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El PP rompe veinte años de paz

El PP rompe veinte años de paz

La inminente apertura de expedientes a nueve diputados y el proceso judicial para investigar el congreso colocan a los populares en una posición muy frágil

Gonzalo Sellers

Domingo, 28 de mayo 2017, 15:33

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Para entender lo que está pasando en el PP cántabro basta con regresar a la noche del 24 de mayo de 2015. Todos los escarnios públicos, las demandas en los tribunales y las amenazas de expedientes disciplinarios que forman parte de la rutina del partido desde hace tres meses se explican por aquella debacle electoral. La pérdida del 29% de los votantes, de siete diputados y de decenas de ayuntamientos encendieron la chispa de una ruptura que ha acabado con más de dos décadas de paz interna.

Aunque el recuerdo de Hormaechea y su escisión en la UPCA ya es recurrente en las conversaciones de pasillo, nadie imaginaba que pudieran repetirse escenas similares a las de aquella etapa infame de la historia del PP. "Estábamos acostumbrados a ver las peleas desde la barrera", comenta un diputado popular haciendo referencia a las famosas paredes de cristal del PSOE. Pero basta con echar un vistazo a los últimos datos de las urnas para encontrar muchas semejanzas entre lo que pasó a comienzos de los 90 en el PP y lo que ocurre ahora, más allá de la evidente división cainita que nadie se preocupa ya por ocultar.

  • tres declaraciones de guerra

  • Demanda civil para anular el congreso por irregularidades

  • . Los dieguistas buscan unas nuevas elecciones y suspender las funciones de la dirección.

  • Firmantes

  • Santiago Recio (diputado) y Lorena García (Valdáliga). Negativa a relevar al portavoz por orden de la Ejecutiva

  • Nueve diputados dicen que esa decisión sólo la puede tomar el grupo parlamentario.

  • Firmantes Ignacio Diego, Eduardo Van den Eynde, Carlos Albalá, Francisco Rodríguez Argüeso, José Manuel Igual, Cristina Mazas, Santiago Recio, Mercedes Toribio y Ruth Beitia.

  • Denuncia contra Julián Vélez por una votación de 2015.

  • Alcaldes del PP piden expedientar al exregidor de San Vicente por no apoyar a la candidata popular en la Mancomunidad de Valdáliga.

  • Firmantes

  • Enrique Bretones (Alfoz de Lloredo), Francisco Javier Camino (Mazcuerras), Borja Ramos (Santiurde de Toranzo), Gastón Gómez (Santa María de Cayón), María Vázquez Sánchez (Ruiloba), Belén Ceballos (Los Tojos), Santiago Mantecón (Castañeda), Jesús Fuente (Cabezón de Liébana), Javier Gómez (Potes), Fernando Fernández (Udias), Lorenzo Manuel González (Valdáliga), Jesús María Cuevas (Cillórigo de Liébana), Azucena Escudero (San Pedro del Romeral), Juan José Barruetabeña (Argoños), Manuel Grande (Tudanca), Luis Ángel Agüeros (Lamasón), Antonio Fernández (Riomiera), Miguel Ángel Prieto (Saro), Pedro Manuel Martínez (Campoo de Enmedio), Pedro Luis Gutiérrez (Campoo de Suso), Agustín Saiz Pérez (Cieza), Juan Carlos García (exalcalde de Bezana).

De las nueve elecciones autonómicas celebradas en Cantabria, sólo hubo una con peores resultados para ellos que la de 2015. Fue aquella de 1991 en la que el partido del disidente Hormaechea les relegó a la tercera posición, con solo un 14,7% de los votos y seis diputados. En todas las demás, desde 1983 hasta 2011, lograron mejores números.

Esta bofetada, agravada por llegar sólo una legislatura después de haber obtenido la mayoría absoluta, fue el detonante de todo. Si el PP hubiera podido seguir gobernando, la crisis actual no existiría o quizás sólo se hubiera retrasado una legislatura. Pero la realidad es que la caída elevó el tono de las críticas internas y precipitó cambios que ya se barruntaban en el seno del partido.

"No puede ser que la misma noche electoral, habiendo ganado el PP sacó un diputado más que el PRC, ya sepamos a ciencia cierta que no vamos a gobernar", se quejó entonces un alto cargo del partido. Empezaban a aflorar las primeras críticas al aislacionismo del Gobierno de Ignacio Diego.

Ese pensamiento cristalizó después en la candidatura que María José Sáenz de Buruaga presentó el 15 de febrero. La entonces secretaria general, mano derecha de Diego primero en el partido y después en el Ejecutivo durante los últimos diez años, quería propiciar "un cambio en las formas de trabajar, de hacer y de relacionarnos con los demás y de dejar de perder el tiempo con cuentas del pasado".

Sin citarlo, al menos expresamente, Buruaga se refería a las continuas alusiones que el Gobierno del PP hizo a la "herencia recibida" durante los años que ostentó el mayor poder territorial de la historia de la región. Es decir, las facturas en el cajón, que a día de hoy se siguen utilizando en los discursos de los dirigentes populares; la judicialización de GFB y Cantur, que han quedado en papel mojado después de que los tribunales dieran carpetazo, y el enquistamiento del diálogo con el resto de fuerzas políticas que ha imposibilitado a sus candidatos llegar a pactos para gobernar los ayuntamientos. "Necesitamos pacificar, serenar nuestra relación con las demás fuerzas políticas y tener una relación productiva", dijo.

Intentos de pacto

Para entonces el enfrentamiento entre facciones era ya público. El portavoz en el Parlamento, Eduardo Van den Eynde, fue el primero en alzar la voz contra ella, a quien acusó de ser una "traidora por impulsar una candidatura en la sombra y llevar meses actuando a través de conciliábulos, sembrando la difamación, e interponiendo a otros como correa de transmisión de sus opiniones, por lo sabido, hirientes e insultantes para quien es aún su presidente". Un desencuentro inédito en un PP que siempre se había mostrado como una balsa de aceite frente a los terremotos que sufrían otros partidos. Pero aún faltaban dos capítulos importantes: la imposibilidad de consensuar una candidatura única y el congreso.

No entraba en los planes de Ignacio Diego presentarse a las primarias. Su idea era dar el relevo a Buruaga a cambio de colocar estratégicamente a los suyos en la dirección del partido. Pero su número dos se negó. El expresidente, espoleado por su entorno más cercano, decidió entonces ir a la guerra.

En cuatro fases

  • Crisis del pp

  • Eduardo Van den Eynde. Portavoz parlamentario del PP

  • "Buruaga es una traidora por impulsar una candidatura en la sombra y actuar en conciliábulos"

  • Joaquín Solanas. Portavoz de los dieguistas

  • "Buruaga debe dimitir en una semana o lo hará después forzada y con un daño irreparable"

  • María José Sáenz de Buruaga. Presidenta del PP

  • "Ignacio Diego ofrece un reparto de sillones para mantener el férreo control del PP"

  • Isabel Urrutia. Diputada del PP

  • "No quiero que haya cosas como que el portavoz, con la función de unir y dirigir,se despache con mentiras"

Cuesta abajo

Ni siquiera en Madrid consiguieron apaciguar la marejada que llegaba de Cantabria. Alguno en Génova aprendió en aquellos días a situar en el mapa a una comunidad autónoma muy cómoda siempre en un discreto segundo plano. Diego puso sobre la mesa muchas opciones. Desde un candidato de consenso hasta dar un paso atrás si le dejaban elegir al secretario general y a la mitad de la Ejecutiva. Pero Buruaga se negó. Quería hacer su propia renovación y los movimientos de Diego sólo parecían distintos modos de bloquear su proyecto.

A partir de aquí todo fue cuesta abajo para el PP, con una campaña electoral enfangada por declaraciones cruzadas y acusaciones de irregularidades por el pago de cuotas desde la cuenta de un afiliado de Laredo. Diego consiguió ganar la primera vuelta, la del voto directo de los afiliados, con un 46,3% de apoyos frente a un 42,2% de Buruaga. Pero ella venció por la mínima en el Congreso. Una diferencia de tan solo cuatro delegados entre ambos, sumado a los precedentes de confrontación, era terreno abonado para la impugnación, como ha sucedido.

No pasaron ni 24 horas y el dieguismo, ese sector crítico de alcaldes, afiliados y altos cargos que no reconoce la autoridad de la nueva dirección, se fundó en un bar de Castañeda. La sucesión posterior de desencuentros se puede recitar casi como una tabla de multiplicar: viaje a Madrid para denunciar presuntas irregularidades en la sede de Génova; presentación de una demanda judicial para anular el congreso y suspender la autoridad de la dirección; un escrito contra Julián Vélez, exalcalde de San Vicente del Mar, por votar contra el candidato del PP en la Mancomunidad de Valdáliga hace dos años; la orden de la Ejecutiva para relevar al portavoz parlamentario y la negativa de nueve diputados a acatarla.

Y, mientras tanto, Ignacio Diego no ha dicho ni una palabra. Desde que se puso a disposición de la nueva presidenta y animó a los suyos a pasar página al día siguiente del congreso, nada se ha vuelto a saber del que lideró al PP cántabro durante los últimos trece años. Ni para alentar a los críticos ni para defender a su sucesora. Pero muchos en la nueva dirección no echan en falta que hable. Dan por hecho que es él quien mueve los hilos de una rebelión que, quizás, en unos meses, termine de parecerse del todo a la de Hormaechea.

Génova, del apoyo tibio al respaldo total

Génova reapareció después del congreso de marzo para mostrar su "apoyo sin fisuras" a la nueva presidenta del PP cántabro. La dirección nacional, que en los primeros días de las primarias ejerció como mediadora entre Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga, a la que señaló públicamente como su favorita, desapareció en las últimas semanas del proceso. "Para no salpicarse con la sangre", pensaban entonces algunos en el partido, que con la boca pequeña criticaron la espantada que dio el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, en el congreso. Llegó, habló diez minutos y se marchó sin esperar a la investidura del ganador. Por lo que pudiera pasar. Algo inaudito en un acto de este tipo.

"El congreso se celebró en un clima de normalidad, con debate de personas pero, sobre todo, de ideas", señaló en aquel momento el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, metiendo a Cantabria en el mismo saco que el resto de primarias de todo el país, hubieran sido o no tormentosas.

"Deslealtad"

Esa intensidad del apoyo durante el principio de la campaña, que disminuyó cuando más cruentos se volvieron los ataques, se recuperó tras el congreso y no ha disminuido desde entonces. En Génova no sentó nada bien que Diego presentara su candidatura cuando, según su versión, habían pactado que no lo hiciera mientras durasen las negociaciones para intentar una candidatura de consenso. "Fue una traición y una deslealtad que mereció la oportuna desautorización", señaló en su momento Buruaga.

Ese sostén de Madrid a la presidenta se personificó en Íñigo de la Serna. El ministro de Fomento, cuyas desavenencias con Diego eran públicas y notorias cuando estaba en el Ayuntamiento de Santander, acompañó a Buruaga en la presentación de su candidatura. Y ella también supo aprovecharse de esa baza. "Íñigo de la Serna ha mostrado su apuesta por el cambio. A nadie se le escapa que comparte consejo de ministros con Mariano Rajoy. Eso deja muy claro qué es lo que piensa Génova", recordó en un momento de la campaña la candidata.

Es más, una vez que los críticos presentaran en los tribunales una demanda para anular el congreso, el ministro de Fomento volvió a mostrar en público su "lealtad y respeto absoluto" a la nueva presidenta.

Después de que Mariano Rajoy apelara a la "unidad" para evitar un daño electoral y pidiera "integración" en los territorios, la dirección nacional ha dado un último respaldo a Buruaga con su problema en el Parlamento de Cantabria.

La negativa de nueve diputados a aceptar la orden de cambiar de portavoz supondrá tomar medidas disciplinarias que marcarán un antes y un después en el PP regional. El comité ejecutivo regional se limitará a abrir expedientes informativos, pero Génova se ha ofrecido a llevar de primera mano la investigación y elección de sanciones a los parlamentarios. Es más, desde Madrid llamaron a algunos de ellos para que recapacitaran y asegurarles que el mandato de cambio de portavoz es "lícito".

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