Los oficialistas del PP defienden ante el juez la limpieza del congreso y los críticos dicen que fue un fraude

Entre los asistentes al juicio están el exconsejero Miguel Ángel Serna y Santiago Recio./Sane
Entre los asistentes al juicio están el exconsejero Miguel Ángel Serna y Santiago Recio. / Sane

Miguelín, el afiliado de Laredo desde cuya cuenta se pagaron cuotas de afiliados, ha declarado a puerta cerrada | La gerente del PP dice que el pago de las cuotas a terceros es «un sistema legal» y Albalá insiste en las «irregularidades»

CONSUELO DE LA PEÑA/ AGENCIASSantander

Un año y dos meses después de su celebración, el XII Congreso Regional del Partido Popular de Cantabria, que ganó María José Sáenz de Buruaga a Ignacio Diego por tan solo por cuatro votos, ha llegado hoy a los tribunales después de que se admitieran dos demandas presentadas solicitando su nulidad. Una y otra parte no se han movido de sus argumentos: los críticos han insistido en denunciar las irregularidades en el proceso mientras la responsable de su organización y gerente del PP, Jesusa Sánchez, ha defendido la legalidad del pago de cuotas a terceros -eje de la denuncia- y ha dicho que se cumplió el reglamento.

El juicio ha comenzado con una gran expectación mediática. Miguelín, el afiliado del PP de Laredo desde cuya cuenta se abonaron 491 cuotas de otros tantos militantes de distintos municipios para que pudieran participar en la elección, ha estado apartado. Incluso, se llegó a especular con que no había ido esta mañana a Las Salesas. Finalmente apareció y la sala ha tenido que ser despejada. Pese a ser el testigo estrella, la juez Eva Aja ha acordado que declare a puerta cerrada por su supuesta discapacidad intelectual. Entre el público se encuentraban varios miembros del PP afines a Diego, como el exconsejero Miguel Ángel Serna, la diputada Mercedes Toribio y Santiago Recio, que es uno de los firmantes de la demanda.

El juicio ha quedado finalmente visto para sentencia, después de que por la sala hayan pasado una docena de testigos, todos afiliados y cargos del PP que participaron en el Congreso.

Muchos de esos testigos, citados a petición de las partes demandantes, han asegurado que en las mesas de votación se apuntaron a mano y sobre la marcha nombres de compromisarios para que pudieran votar.

También han dicho que a la hora de entregar las papeletas y la documentación en la sede del PP se discriminó a los afines a la candidatura de Ignacio Diego, y que «hubo un trato de favor» hacia los compromisarios de Buruaga a la hora de entregar la documentación del Congreso -«no tuvieron que hacer cola en la sede la víspera»-. Tambien explciaron que a la Junta Local de Medio Cudeyo se le privó de un compromisario porque a su portavoz en el ayuntamiento no se le reconoció la condición de nato.

Este portavoz municipal en Medio Cudeyo ha sido uno de los primeros testigos, y ha explicado que su solicitud de ser incluido como compromisario nato fue rechazada con el argumento de que la presentó fuera de plazo, algo que hoy ha vuelto a esgrimir en el juicio la gerente.

La consecuencia de ello, según el portavoz en Medio Cudeyo, fue que su municipio perdió un compromisario, ya que él participó en el proceso como electo, en un puesto que de otro modo podría haber ocupado otra persona. Además, ha añadido que aunque el voto era secreto, la mayoría era favorable a Ignacio Diego en esa junta.

Pero una de las cuestiones más importantes en este pleito es el abono de 500 cuotas de afiliados por medio de una cuenta a nombre del militante de Laredo que hoy ha declarado como testigo a puerta cerrada.

Según ha trascendido después en el turno de informes, este afiliado de Laredo ha reconocido que abrió una cuenta a su nombre antes del Congreso «para ayudar a Buruaga», pero que él no intervino directamente en las operaciones.

Albalá: «Hubo irregularidades en Laredo»

También han declarado el diputado regional Luis Carlos Albalá, que fue secretario de la comisión organizadora del Congreso. Muy firme durante su declaración, ha asegurado que «hubo irregularidades en Laredo» y que el pago de las cuotas de terceros «no está establecido en los estatutos». Albalá ha dicho que en vísperas de la primera vuelta del Congreso, en la que se votaba a los candidatos y los compromisarios, le alertaron del pago de esas 500 cuotas en Laredo y que alertó de esta situación a la presidenta de la comisión organizadora, la gerente del partido Jesusa Sánchez, que, según ha lamentado, le negó el acceso al extracto de la cuenta del PP que él había pedido para hacer las comprobaciones pertinentes.

El diputado regional ha subrayado que si todo se hubiera hecho en orden, «Diego hubiera obtenido más del 15% de los votos y no hubiera habido una segunda vuelta».

Jesusa Sánchez: «No se benefició a Buruaga»

Sin embargo, la gerente del PP, Jesusa Sánchez, ha asegurado que como presidenta de la comisión de organización del congreso se hizo todo de acuerdo con los informes jurídicos del partido. La dirigente popular ha dicho que el pago de las cuotas de terceros era «un sistema legal», como así lo indicaron los servicios jurídicos del PP. Y que le consta que algunos de los denunciantes pagaron cuotas de otras personas, y ha citado, en concreto, a Magdalena Gómez, una de las denunciantes, que ordenó 55 ingresos.

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No obstante, presionada por uno de los abogados de la acusación, la gerente ha reconocido que parte de los pagos realizados desde la cuenta de Miguelín se hicieron utilizando los ordenadores de la sede del PP, en Santander. También ha asegurado que utilizar la wifi del partido «es algo que nosotros no podemos controlar porque la usan muchas personas, incluidos los periodistas», pero también se vio obligada a admitir que esos ordenadores tienen una clave.

Sánchez también negó que se hubiera beneficiado al sector de Buruaga en la entrega de la documentación previa al Congreso. Según ha recordado, la víspera se vieron desbordados por la cantidad de afiliados que había en la sede y atendieron a todos «por orden de llegada. El personal era consciente de que estaba siendo observado con lupa para sacar punta a todo lo que hacían». La gerente ha criticado que los afines a Diego habían recibido instrucciones para acudir en masa a la misma hora para coger las papeletas y la documentación.

En este sentido, ha agregado que el diputado regional Santiago Recio, colaborador de Ignacio Diego en el proceso congresual, apareció cuando estaban dando las papeletas y «parecía que estaba pasando lista».

Además, ha incidido en que no se trataba de dar unas papeletas sin más, sino que era un trámite complejo, que requería toda una serie de explicaciones y comprobaciones que ralentizaban el proceso.

Jesusa Sánchez ha rechazado que facilitara a nadie censos de afiliados y ha hecho hincapié en que en todo el proceso solo se limitó a hacer su trabajo, sin apoyar ««ni a una candidatura ni a la otra».

Mercedes Toribio, diputada del PP, ha testificado después de la gerente para explicar que pagó cuotas de afiliados, pero que lo hizo en el banco en el que previamente éstos habían rellenado y firmado la conformidad, además de dar sus datos. Todos ellos eran militantes de Los Corrales de Buelna, salvo un caso de Molledo que se lo pidió expresamente, ha declarado.

En el juicio también ha declarado Cándido Cobo, que estuvo también en la comisión organizadora del Congreso y que forma parte del Comité Ejecutivo que preside Buruaga, y el afiliado que, tras el Congreso, presentó una denuncia en comisaría porque, según ha repetido hoy, vio que en dos mesas se añadían el nombre de compromisarios a mano en la lista para que pudieran votar.

En cambio, en las 500 cuotas pagadas desde la cuenta del afiliado de Laredo lo que figuraba eran los DNI.

La última baza para anular el congreso

El sector díscolo del PP intenta quemar con este juicio sus últimos cartuchos para conseguir la nulidad de ese cónclave en el que Buruaga arrebató el liderazgo del PP a Ignacio Diego, quien ostentó la presidencia del partido durante 13 años y del Gobierno de Cantabria entre 2011 y 2015. Afiliados afines al exdirigente popular intentaron echar abajo el congreso por la vía judicial y forzar una nueva consulta. Denunciaron supuestas irregularidades en el ámbito penal, con querellas y denuncias que fueron desestimadas, y también en el ámbito civil, con sendas demandas, acumuladas en un solo proceso que, ahora sí, llegan a juicio.

Las dos demandas persiguen el mismo objetivo: conseguir la nulidad del congreso porque, a su juicio, Buruaga ganó con trampas. La primera está firmada por el diputado autonómico Santiago Recio –que iba en la candidatura de Diego– y la teniente de alcalde de Valdáliga, Lorena García. La otra está suscrita por tres afiliados del PP de Laredo: María Magdalena Gómez, Puerto Larrañaga y Luis Ángel Maté.

El proceso congresual desató una crisis que hoy en día aún no ha encontrado fin y que, lejos de amainar, ha cobrado más virulencia con el paso del tiempo. Uno de los capítulos de mayor tensión se vivió el pasado mes de marzo cuando ocho de los trece diputados regionales y los tres senadores populares, avalados por un millar de firmas de afiliados, pidieron explicaciones a Buruaga y a otros cargos sobre la supuesta utilización de una persona con discapacidad psíquica para pagar las cuotas de medio millar de afiliados, lo que les habilitaba para votar en el congreso.

A apenas un año de las elecciones autonómicas y municipales, la Justicia tiene que dilucidar ahora si fue válido el proceso o hay que repetirlo. Un juicio sumamente mediático que decidirá el presente y futuro del partido en un momento especialmente estratégico. Que un congreso de un partido político acabe en el Juzgado no es corriente. No son muchos los antecedentes y, de hecho, una de las partes querellantes ha recurrido a un abogado con experiencia en ese campo, Manuel Estrada, que logró ya anular el cónclave del PP de Gijón de 2015.

Declaración clave

Ni Buruaga ni Diego están citados para el juicio, en el que todas las miradas están puestas en el afiliado de Laredo desde cuya cuenta se realizaron transferencias bancarias por vía telemática para el pago de las cuotas de 491 militantes para que pudieran votar en las elecciones primarias del partido. Fue Miguel L. M., conocido como 'Miguelín', quien según los denunciantes padece una discapacidad intelectual. Sin embargo, según la parte demandada, tiene «capacidad plena» para realizar transferencias bancarias.

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