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Todos los grupos, salvo Podemos, avalan la prórroga a la planta de cloro de Solvay

Todos los grupos, salvo Podemos, avalan la prórroga a la planta de cloro de Solvay

La formación morada se queda sola en su iniciativa para que el Gobierno de Cantabria «dé marcha atrás» en la moratoria de dos años para adaptarse a la nueva normativa ambiental

Isabel Arozamena

Martes, 27 de junio 2017, 15:29

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Dos a favor y 30 en contra, es el resultado de la votación de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos para que el Gobierno de Cantabria «dé marcha atrás» en la tramitación de una moratoria de dos años para que la planta de cloro de Solvay se adapte a la nueva normativa no contaminante. Así, la formación morada se quedó ayer sola en el pleno del Parlamento en la defensa de su iniciativa que obtuvo el rechazo frontal, con distintos matices, de PP, PRC, PSOE y Ciudadanos, que apelaron a los puestos de trabajo, más de un centenar entre directos e indirectos, y al mantenimiento de una industria centenaria de la cuenca del Besaya. «La prórroga es legal, justificada y necesaria», resolvió la diputada regionalista Rosa Díaz.

Fue Verónica Ordóñez la encargada de defender la proposición no de ley. La representante de Podemos alertó del peligro que supone el uso de mercurio por ser un elemento «muy contaminante» que afecta directamente a la pesca. Ordóñez echó mano de numerosos requerimientos que, desde distintas instancias, se han enviado al Ejecutivo cántabro informando que la fecha del 11 de diciembre de 2017, establecida por la Comisión Europea para el cambio de tecnología, «es innegociable y de obligado cumplimiento».

La diputada de Podemos censuró que sabiendo esta fecha límite, Solvay negoció la venta de su planta de cloro a un grupo portugués, condicionada a que se otorguen las autorizaciones pertinentes para continuar produciendo hasta la adaptación. La prórroga, aseguró, «vulnera la legislación nacional y europea y es ilegal. «No lo decimos nosotros», señaló, «lo dice la patronal del sector, la sociedad civil como Ecologistas en Acción, sindicatos como USO, la Unión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente».

Avisó que Cantabria «no es ni puede ser una república bananera donde las leyes se cumplen o no en función de determinados intereses privados con influencia en el Gobierno autonómico». Por so, dijo que una prórroga implicaría una multa de la UE «de la que ustedes serían directamente responsables» y que «mermaría las arcas públicas». «Pedimos que cumplan con su obligación de hacer cumplir al ley y den marcha atrás a la propuesta de prórroga», reclamó la diputada de Podemos.

Juan Ramón Carrancio, por Ciudadanos, acusó a Ordóñez de «irresponsable» por poner «en peligro decenas de puestos de trabajo» en una comarca tan castigada como la del Besaya. La paralización de la empresa, hasta que adapte su tecnología, implica su salida y pérdida del mercado, precisó Carrancio.

En parecidos términos se expresó el socialista Víctor Casal, que se mostró de acuerdo con la necesidad del cambio de tecnología, pero aseguró que la prórroga «es posible en casos excepcionales» y así lo establece la propia normativa. Es lo que ha ocurrido, afirmó, en otras fábricas que utilizan mercurio en Bélgica, Francia, Italia y Alemania. «Solvay no está cometiendo ninguna ilegalidad pidiendo la prórroga ni el Gobierno dándola», espetó, y demandó a Podemos que «diga claramente que quieren su cierre porque no quieren industria pesada para Cantabria».

Emisiones

También Rosa Díaz, del PRC, recriminó a Podemos por «su absoluto desconocimiento de lo que es la empresa Solvay, su historia y su implicación» con la comarca. Recordó que la empresa se ha comprometido a que durante la prórroga las emisiones van a ser menores y que el cierre conllevará la pérdida de 40 puestos de trabajo directos y otros 60 indirectos.

Las críticas de Podemos al Ejecutivo PRC-PSOE, por su inacción a la hora de exigir el cumplimiento de la normativa medioambiental, fueron compartidas por el PP a través de Ildefonso Calderón, que centró sus reproches en la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, y el presidente regional, Miguel Ángel Revilla. Acusó a ambos de «no haber hecho los deberes» y dejar el futuro de la planta «en manos de Bruselas».

Sin embargo, advirtió de que si no hay prórroga para cambiar la tecnología de mercurio por la de membrana «habrá que cerrar y para cuando se quiera volver al mercado, el proyecto empresarial será inviable». La comarca del Besaya, precisó el exalcalde de Torrelavega, «ya ha sufrido bastante» y «la ineficacia de Revilla y su consejera supondría la puntilla». Opinó que la prórroga «es el último clavo ardiendo» al que agarrarse.

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