Críticas al PP y al alcalde por no "garantizar la seguridad jurídica con sus decisiones"

Vista aérea de la rotonda de la S20.
Vista aérea de la rotonda de la S20. / DM
  • Díaz Tezanos les recuerda otras resoluciones como la ley del fracking o la de costas, también anuladas por los tribunales, y Santander sí Puede exige la dimisión de De la Serna

  • El concejal santanderino Saro (IU) indica que esto "supone la pérdida de más de 10 años de costoso trabajo para la elaboración del plan en vigor"

  • El PP se defiende de las críticas censurando a los que se alegran de una anulación "sin pensar en las consecuencias que podría tener para la ciudad"

Las reacciones tras la noticia de la posible anulación, por parte del Tribunal Supremo, del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, ha generado toda clase de críticas contra el PP y contra el alcalde Íñigo de la Serna. La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, enmarca la posible anulación del plan urbanístico de Santander junto a otras decisiones del PP en la pasada legislatura y anuladas judicialmente, que demuestran que los populares "no garantizan la seguridad jurídica". El concejal no adscrito Antonio Mantecón ha pedido la dimisión del alcalde y la del concejal de Urbanismo santanderino, César Díaz, por la anulación del PGOU, mientras que el concejal de Izquierda Unida, Miguel Saro, pregunta al equipo de Gobierno (PP) "quién va a asumir la responsabilidad" tras la anulación del Plan.

Díaz Tezanos se ha manifestado así, después de que el Tribunal Supremo haya adoptado esa decisión en respuesta a un recurso de casación presentado por la asociación ecologista ARCA. A la espera de conocer la sentencia, la vicepresidenta ha hecho una valoración en la que ha afirmado que el PP del expresidente regional, Ignacio Diego, y del alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, "no garantizan la seguridad jurídica con las decisiones que tomaron en la pasada legislatura".

En este sentido, ha recordado otras decisiones del PP anuladas por los tribunales como el plan general de Cabezón, la ley de autorizaciones provisionales para los derribos, la ley del fracking o la ley de costas, así como el recursos perdido sobre el POL, y que representan un "gran quebranto económico para los ciudadanos", ha reconocido.

"Todo aquello que nos vendieron, de que ellos garantizaban la seguridad jurídica, se viene abajo una decisión más de anulación del plan general de Santander", ha resumido Díaz Tezanos, quien ha precisado que el Gobierno tendrá que estudiar la sentencia y analizar si se deriva algún tipo de actuación por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio (CROTU).

Casares: "Las obras pasaban por encima de las personas"

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Pedro Casares, denuncia que, de confirmarse la sentencia del Tribunal Supremo "estaríamos ante la confirmación oficial de la irresponsable y especulativa política urbanística" del Partido Popular.

Casares asegura que se abre "una etapa de incertidumbre" sobre la política urbanística de Santander y a su vez esta sentencia "daría la razón a miles de afectados por el desarrollismo insostenible de De la Serna y el PP".

El líder de los socialistas santanderinos afirma que esta sentencia "pondría fin a un PGOU especulador donde las obras pasaban por encima de las personas". "El problema de El Pilón, Prado San Roque, Varadero, el catastrazo que afecta a los vecinos de Monte, Cueto y San Román o el vial en la S-20 que obligó a desalojar a Amparo, son consecuencia de la mala gestión urbanística de Íñigo de la Serna, que ha antepuesto siempre la especulación urbanística a los intereses de los santanderinos" denuncia el edil socialista en un comunicado de prensa.

Mantecón: "Presentaría una moción de censura"

El concejal no adscrito Antonio Mantecón ha pedido la dimisión del alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, y del concejal de Urbanismo, César Díaz. En su opinión, se deben "asumir responsabilidades políticas de forma inmediata" tras conocer la sentencia del Alto Tribunal. Mantecón felicita a la asociación ecologista ARCA por el gran trabajo realizado para tumbar el PGOU, porque "sin su iniciativa judicial no hubiera sido posible llegar hasta este punto".

Para Santander sí Puede, el fallo del Supremo "no viene sino a confirmar todas nuestras declaraciones respecto al modelo de ciudad que ha propuesto el equipo de gobierno para los próximos años. No es asumible por los ciudadanos que Santander convierta su paisaje en el paradigma del cemento y la especulación", afirman desde la dirección del partido.

A su entender, el fallo del Tribunal Supremo "confirma también nuestra visión sobre las erráticas justificaciones que ha venido dando el alcalde, pleno a pleno, para apuntalar una serie de actuaciones urbanísticas que escapan a toda lógica". "Hemos repetido hasta la saciedad la absurda previsión de crecimiento demográfico que contenía el plan general, siendo como es uno de los pilares básicos en los que se fundamenta la actuación prevista para el conjunto de la ciudad", prosigue Mantecón.

Por otro lado, denuncia que el alcalde y su equipo "han querido urbanizar todo lo urbanizable más allá del bien y del mal", y afirma que con el PGOU de 2012, "cualquier atisbo de hacer una ciudad respirable, habitable, más humana, desaparecía ante la incontinencia del ladrillo".

Para Mantecón, las consecuencias económicas del fallo del TS son "imprevisibles, a la espera de conocer la sentencia en profundidad, aunque probablemente serán mucho menos cruentas que las manifestadas por el alcalde y su lugarteniente César Díaz para meter miedo -dice- a los vecinos de El Pilón o de Prado San Roque".

Sobre las consecuencias más inmediatas, Mantecón entiende que "proyectos faraónicos como La Remonta o aquellos otros destinados a las élites como El Pilón o Prado San Roque van a tener que ser paralizados. Y, "por supuesto, tendrán que 'dar una vuelta' a los presupuestos de 2017, que deberán ser modificados en profundidad para adaptarlos a la sentencia", añade.

Por último, Mantecón afirma que si pudiera, presentaría inmediatamente una moción de censura "pero el propio alcalde ya se ocupó de cercenar esa posibilidad con mi expulsión del grupo municipal, ya que la ley de bases no permite a los no adscritos presentar o apoyar mociones de censura", concluye Mantecón.

IU: "Nefasta gestión"

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santander, Miguel Saro, ha preguntado al equipo de Gobierno (PP) "quién va a asumir la responsabilidad" e indica que el pronunciamiento del Alto Tribunal "supone la pérdida de más de 10 años de costoso trabajo para la elaboración del plan en vigor, realizado por técnicos externos al Ayuntamiento y fundado en premisas falsas para disimular el que es su único objetivo: agotar todo el suelo verde del municipio".

Para el edil de IU, el plan urbanístico, un documento importante poara gestionar el territorio y con "tremenda importancia económica" para la ciudad, era "un instrumento al exclusivo servicio del capital inmobiliario y en contra de los intereses de la mayoría de los santanderinos".

"Su anulación supone el aumento de la inseguridad jurídica en todo el territorio municipal y la paralización de todos los procesos de gestión urbanística y licencias iniciadas en desarrollo de este plan impugnado", ha advertido Saro, que ante ello ha cuestionado al PP "quién va a asumir la responsabilidad de esta nefasta gestión municipal y de la tremenda arbitrariedad que se ha seguido a la hora de decidir el futuro de Santander".

Para concluir y augurando que habrá que elaborar un nuevo planeamiento, el concejal de IU ha avanzado que desde su partido se va a luchar para que "el nuevo proceso de elaboración del plan se haga con la participación de todos los santanderinos".

Podemos: "La sentencia es una victoria de la sociedad"

Podemos Cantabria ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander es "una victoria de la sociedad civil, del poder popular".

En un comunicado, Podemos Cantabria ha destacado que el PGOU de Santander ha sido anulado por unanimidad por el Tribunal Supremo atendiendo a una demanda de la asociación ecologista ARCA, por lo que "una vez más la sociedad civil y la justicia son los que miran por los intereses reales de la ciudadanía, mientras que la mayoría de los partidos políticos hacen políticas para su beneficio y el de sus constructores afines", ha denunciado.

En este sentido, ha recordado que esta formación solicitó en noviembre de 2015 en el Parlamento la declaración del PGOU de Santander como "lesivo" para los intereses de la ciudadanía, en una votación en la que no contó con el apoyo ni del PP, ni del PRC, ni del PSOE ni de C's.

Además, ha apuntado que diversos colectivos como ARCA y DEBA han denunciado las "graves consecuencias sociales que este plan tendría, dado que recoge la posibilidad del derribo de 3.000 viviendas en un plan que desde el inicio ha partido de unas premisas que se han considerado irreales".

El PP responde a las críticas

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda y portavoz del equipo de Gobierno (PP), César Díaz, ha salido a defender al equipo de Gobierno municipal ante tanta crítica desde la oposición, y ha censurado la "irresponsabilidad" manifestada por los representantes políticos que "se alegran de que se pueda anular el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander sin pensar en las consecuencias que pueda tener para la ciudad".

En un comunicado, Díaz ha remarcado que lo único que esgrimen quienes piden responsabilidades políticas por la posible anulación del plan se centra en lo que tiene que ver con el modelo territorial, haciendo hincapié en la previsión de crecimiento demográfico, y dando por hecho que la sentencia del Tribunal Supremo, que todavía se desconoce, va a estar basada "única y exclusivamente en ese argumento, que están repitiendo todos al unísono".

"Hay quienes ya están poniendo en boca del Tribunal Supremo ese argumento contra el PGOU de Santander sin que aún se conozcan los términos de la sentencia, que aún está por dictar, mostrando, de esta manera, que lo único que importa aquí es sacar rédito político y no las consecuencias que una anulación del Plan General podría tener para la ciudad", ha señalado.

El concejal ha insistido en que el PGOU se sometió a un amplio proceso de participación pública, con cuatro períodos de alegaciones, que tuvieron como resultado la incorporación de la gran mayoría de las propuestas planteadas al documento.

Asimismo, ha recordado que el Plan General ha contado con todos los informes favorables, tanto de los servicios técnicos y jurídicos municipales, así como los correspondientes informes sectoriales, tanto del Gobierno de Cantabria como de los demás organismos implicados.