«Una traición vecinal puede poner en peligro nuestras vidas»

Unas llamativas pancartas cuelgan desde el pasado fin de semana de ventanas y balcones de varios edificios de la calle Camilo Alonso Vega. En concreto, de los números 14, 14A, 16, 16A y 18. Es imposible no fijarse en ellas. Y cada día hay más. «Nos quieren derribar 66 plazas de garaje, ¿quiénes son los culpables?», se puede leer en algunas de ellas. Otro de los mensajes es aún más contundente: «Estos garajes tienen sentencia de derribo. Tres propietarios piden para no ejecutarla 189.000 euros, cuatro plazas y tres trasteros de por vida». Literal. César Fernández Mañanes, vecino y anterior presidente de la comunidad de propietarios, pone voz a las pancartas.

«Esto es la historia de una traición que puede poner en peligro la estabilidad de los edificios, no sólo nuestro patrimonio, también nuestras vidas», asegura. Una «traición» vecinal que ha terminado en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº10 que considera que las obras de ampliación realizadas en el garaje comunitario que comparten los 66 propietarios de los cinco edificios no son ajustadas a derecho. La sentencia, que ha ratificado después la Audiencia Provincial, es firme y obliga a derribar la segunda planta del aparcamiento, la que se construyó entre 2009 y 2011 «tras realizar el proyecto, obtener las licencias municipales y atender todo lo que nos dijeron los técnicos del Ayuntamiento», detalla.

El juez ha estimado la denuncia presentada por tres propietarios y ha concluido que la obra afectó a los pilares del edificio, un elemento común que obliga a tener la unanimidad de todos los dueños para realizar cualquier tipo de modificación. Así lo dice la Ley de Propiedad Horizontal. «Teníamos esa unanimidad, los 66 propietarios estábamos a favor de realizar la obra y así lo aprobamos en asamblea», recuerda Mañanes. Pero todo se torció a poco de empezar. «Uno de los propietarios cambió de opinión, dijo que su voto era para otro tipo de obras, convenció a otras dos vecinas –una de las cuales ya ha fallecido– e inició un conflicto con el resto que ha tenido este resultado. Primero presentó recursos en el Ayuntamiento de Santander para tratar de impedir los permisos y, al no lograrlo, acudió después a los juzgados», relata por su parte el actual presidente de la comunidad, Carlos Valderrama. «No sé que pretende –añade Mañanes en referencia al precursor de la demanda–. Las obras no han perjudicado a ningún vecino y el proyecto es el mismo que él había presentado hace años cuando era presidente de la comunidad. Es hacer daño por hacer».

El garaje estaba «preparado» para hacer una segunda planta en el espacio que quedaba entre el original y el primer piso de los edificios, un lugar que «con el paso de los años se convirtió en un nido de ratas, humedades, suciedad... Era insaluble», relata Valderrama. «Llevábamos casi cuarenta años para hacer la ampliación del garaje –los bloques se construyeron en la década de los 70–. Las obras no sólo han permitido solucionar el problema de los 15 propietarios que se quedaban sin plaza por falta de espacio –cada año se realizaba un sorteo para repartirlas–, también ha servido para reforzar la estructura, construir trasteros, renovar los bajantes, pintar... Todo han sido beneficios», describe. «Administrativamente esta obra es legal, pero judicialmente no. Los denunciantes han buscado resquicios legales para echar abajo algo que ellos mismo aprobaron. Y a día de hoy, todavía nos preguntamos las razones», añade Mañanes. De nada han servido los intentos de conciliación que han buscado con el propietario que «encabeza» la demanda. Y hace ya tiempo que desistieron de que tanto él como las otras dos vecinas pagaran los 12.000 euros por piso de la derrama.

Los otros 63 propietarios, «muchos de ellos ancianos y parados de larga duración», sí hicieron frente a esos gastos y también a las costas judiciales del proceso. Están «cansados», «frustrados» y «con los bolsillos vacíos», pero no se rinden, pese a que la sentencia tiene orden de ejecución. Su esperanza reside ahora en que el Ayuntamiento deniegue la licencia de derribo porque los informes técnicos «adviertan del peligro» que supone deshacer la obra. «Si tiramos esta planta del garaje, podemos poner en serio peligro la estabilidad de los edificios», advierte Mañanes. El derrumbe de la calle Del Sol está aún vivo en la memoria. Y mientras tanto, al margen de las pancartas y pegatinas repartidas por el barrio, no descartan tomar más medidas para «hacer visible» su protesta.