El Gobierno quiere dar mayor autonomía urbanística a los ayuntamientos

El Gobierno de Cantabria quiere dar mayor autonomía a los ayuntamientos a la hora de elaborar sus planes de ordenación urbanística. Para ello, limitará la intervención de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio (CROTU) en la aprobación de dichos proyectos, y dejará mayor espacio a los municipios en pos de una agilización del proceso. Entre los planes inmediatos, destaca la reducción de las competencias del Ejecutivo a lo dispuesto estrictamente en la ley: el control de la legalidad y las cuestiones de carácter supramunicipal, con el objetivo de acabar con la «invasión competencial» de la comunidad autónoma, según afirmó el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quien añadió que «los ayuntamientos que planteaban un determinado modelo se encontraban con que la comunidad autónoma les cuestionaba ese modelo sin tener competencias para ello, y sin tratarse de temas de legalidad. Hay que reducir esa capacidad de actuación porque eso permite que se aumente, automáticamente, la capacidad de decisión de los ayuntamientos».

El consejero apuesta porque en los próximos cuatros años todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma -entre ellos, Santander, cuyo proyecto aún se encuentra en tramitación-, tengan un plan general de ordenación urbana, pese a que, tras la aprobación de la Ley del Suelo de 2001, tan sólo cinco consistorios han adaptado su plan general al texto legislativo. Además, Fernández apuntó que «los planes son como la fruta: si esperas demasiado tiempo se pudren», en referencia a proyectos que, en primera instancia se diseñaron en el contexto de una época económica muy distinta económicamente, en la que primaba el uso inmobiliario del suelo.

Fernández adelantó queen la próxima reunión de la CROTU se impulsará un debate para «poner de manifiesto «el verdadero alcance» de la actuación de la Administración autonómica. Asimismo, anunció que las próximas semanas serán importantes para el encauzamiento de este asunto, y adelantó la convocatoria de la tercera comisión entre el Gobierno y la Federación de Municipios de Cantabria, ya que, en su seno, se abordará la forma en que se pueden impulsar los planeamientos. «Se van a estudiar, entre otras cosas, la forma de impulsar los planes de urbanismo, para encontrar un modelo para todos los ayuntamientos para desbloquear el problema». En el mismo sentido, defendió la importancia de contar con estos calendarios, para que todos los ayuntamientos fijen unos «hitos» de aprobación de sus respectivos planes.

Intereses comunes

Fernández quiso incidir en los «intereses comunes» que tienen ayuntamientos y Ejecutivo en la aprobación de los planes generales y puso de manifiesto su compromiso con la «filosofía de la cooperación, colaboración y coordinación», frente al escenario anterior que convertía a las partes en «adversarios». Además, agregó que su departamento consignó unas partidas presupuestarias para ayudar a los ayuntamientos a que aprueben sus instrumentos de planeamiento.

En opinión de Fernández, el ámbito de actuación autonómico en este asunto estaba «inflado»; y lamentó que muchos planeamientos se encuentren «paralizados», en un 90% enterrados en los «cajones de los ayuntamientos». Negó que dicha paralización se produzca en el seno de la CROTU. Tal y como afirmó, «los ayuntamientos caen en una especie de desánimo y después van paralizándose». La consejería quiere evitar «a toda costa» que eso suceda porque, si bien «los PGOU son complejos, su complejidad no es insalvable y no hay razón para que no puedan ser aprobados».