El Gobierno cántabro excluye de los recortes a sus 124 liberados sindicales
«No hay prevista ninguna reducción», anuncia el Ejecutivo regional, que cifra en un «coste bajo» el derivado de la medida
ISABEL AROZAMENA
Domingo, 11 de diciembre 2011, 13:40
El Gobierno de Cantabria aplicará el próximo año un drástico recorte de sus gastos, que se centran básicamente en los de ámbito corriente, un 3% menos que el año anterior, y en transferencias de capital que también sufren un importante tijeretazo del -14,44%. Los que no se han visto afectados por esta ola de austeridad del Ejecutivo que preside Ignacio Diego son sus liberados sindicales a tiempo completo, que ascienden a 124 personas.
El Ejecutivo del Partido Popular en Cantabria no tiene previsto reducir el número de los empleados públicos que están dedicados a esas tareas, como sí han hecho o comunicado ya, según los casos, siete comunidades autónomas, todas ellas controladas por el PP: Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Galicia, Valencia y Baleares. Esa opción «no se ha contemplado» por ahora, señalaron a este periódico fuentes cercanas al jefe del Ejecutivo cántabro, ya que es una cuestión que no se ha incluido en los presupuestos del próximo año, que acaban de superar el primer escollo parlamentario, y que sí inciden en recortar gastos en alta dirección, protocolo y propaganda, con un ahorro de seis millones de euros.
Por los recortes en transferencias de capital se ingresarán casi 20 millones de euros, mientras que los gastos de personal del sector público empresarial se reducen en los presupuestos de 2012 casi diez millones de euros.
El coste que supone a las arcas regionales mantener el mismo número de liberados sindicales «es bajo» señalaron desde el gabinete que preside Ignacio Diego, aunque no pudieron precisar la cuantía total, una cifra que entra dentro de lo estipulado para este tipo de conceptos.
De los 124 liberados sindicales con los que cuenta el Gobierno de Cantabria, el mayor número corresponde al sector sanitario con un total de 57, mientras que hay 35 en el ámbito docente, 25 en el general y siete en el sector de la justicia. Todos ellos son a tiempo completo mientras que luego se fijan horas determinadas o bien se agrupan en otro tipo de delegados a tiempo parcial, como ocurre en las empresas privadas. A juicio de las centrales sindicales, el número de representantes que trabajan en esas funciones es el «ajustado» a sus necesidades.
Los liberados están amparados por la capacidad normativa que tienen los representantes del personal para cederse entre sí las horas sindicales que les corresponden por ley, a fin de que uno o varios de ellos queden dispensados de su trabajo para dedicarse por completo a la defensa de los derechos de sus compañeros.
Pactos
En el caso de las administraciones públicas existe, además, el 'liberado institucional', fruto de pactos entre centrales y gobiernos, por los que se aumentan las horas de las que pueden disponer los delegados y que, por consiguiente, dan lugar a que pueda haber un mayor número de eximidos que el estrictamente legal.
Saber el número exacto de liberados del sector público español, a tiempo parcial y completos, es misión imposible por la cantidad de administraciones, organismos, entes y empresas estatales, autonómicas, provinciales y municipales que hay, y que en total emplean a algo más de tres millones de trabajadores entre funcionarios y personal laboral. Hasta los propios sindicatos dicen desconocerlo.
No obstante, las estimaciones más fiables apuntan a que alrededor de 15.000 empleados públicos están exentos a tiempo completo de las tareas propias de su puesto para dedicarse a cometidos sindicales. A ellos hay que añadir un número indeterminado, pero en cualquier caso muy superior -en España hay cerca de 50.000 delegados de personal entre todas las administraciones-, de dispensados a tiempo parcial que dedican un cierto número de horas de su jornada de trabajo -normalmente entre 15 y 40 al mes- a funciones de representación laboral.
Como contrapunto, en las empresas privadas del país, que aglutinan a 12 millones de asalariados -cuatro veces más que el sector público-, sólo hay unos 4.200 liberados a tiempo total, según la patronal CEOE, que tampoco tiene cifrados los parciales.
Asturias, a la cabeza
Lo que sí se conoce con cierta precisión, a tenor de los datos proporcionados por los propios gobiernos, es el número de liberados a tiempo completo que hay en las administraciones, organismos y empresas públicas de las comunidades: algo más de 10.350. Dado que en su conjunto emplean a cerca de 1.350.000 trabajadores, la media es de uno por cada 130 empleados públicos autonómicos. En Cantabria, con sus 124 dispensados de forma total entre los 20.300 trabajadores dependientes del Gobierno regional, esta proporción se eleva a uno por cada 163 empleados y se sitúa algo por encima de la mitad del ranking -en el octavo puesto- de liberados sindicales de las 17 comunidades en relación a su número de trabajadores.
En cabeza, y muy destacadas sobre las demás, figuran Asturias y Andalucía. El Principado, que también es una de las regiones donde más empleados públicos hay -36.300- en relación a su población, tiene 557 liberados en nómina (uno por cada 65 trabajadores). Por su parte, Andalucía, con más de un cuarto de millón de personas pagadas por su Gobierno -el único que no facilita el número de sus liberados sindicales-, es también donde más exentos hay en números absolutos: por encima de los 3.700, según estimaciones de algunas centrales, lo que arroja una proporción de uno por cada 68 empleados.
En el extremo opuesto está Cataluña, que además de ser la que menos personal público tiene -165.600 trabajadores- en relación a su población también es la de menor proporción de liberados totales con 518, uno por cada 319 empleados. No obstante, también cuenta con otros 1.602 dispensados parciales.
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