Los alquileres se comen gran parte de los recursos del Gobierno

La Consejería de Obras Públicas se instaló en el viejo Palacio del Mueble en el año 2009. El Gobierno optó por la financiación estructurada para hacerse con un edificio situado en la calle Alta que acababa de caerse y por el que pagó casi cinco millones de euros. Hoy, esos 3.400 metros cuadrados se llevan el 6,26% del ya de por sí exiguo presupuesto de la Consejería: 1.030.000 euros anuales. Hay que pagar los 4.500 metros cuadrados y unos trabajos de acondicionamiento que firmó el arquitecto Luis Castillo y ejecutó al empresa Ascán al precio de 4,5 millones de euros. Es sólo un ejemplo de muchos.

El equipo que dirige Leticia Díaz lleva meses elaborando un informe exhaustivo que dé idea de cuál es la situación real para poner fin al que, aseguran, es uno de los principales problemas que el Ejecutivo ha encontrado. Por la vía de la financiación estructurada y los alquileres desmesurados, explican se va gran parte de dinero que podrían haber destinado a inversiones. El Gobierno gasta 7 millones de euros anuales en el pago de alquileres. Mucho dinero para un Ejecutivo obligado a recortar de todas partes si quiere engordar el estrecho margen de inversión que la actual crisis económica le ha dejado.

El edificio de Piedra, en el Paseo Pereda, sede de la Consejería de Economía, le cuesta al Ejecutivo 1.433.000 euros por año. Un dinero al que hay que sumar lo invertido en las obras de rehabilitación y acondicionamiento. 4.055 metros cuadrados sujetos a cuatro contratos diferentes (uno por piso) que los servicios jurídicos del Gobierno ya han denunciado y renegociado a la baja, porque el acuerdo alcanzado con la propiedad en 2008 se cerró por ocho años. «En aquellos casos en los que denunciar el contrato no nos va a costar demasiado, lo hacemos, y, si podemos, como en el caso de éstas dependencias, volvemos a negociar los términos del acuerdo», explica la titular del departamento.

La idea, asegura la consejera de Presidencia, es determinar cuáles son los más caros, qué coste tendría la denuncia de determinados contratos, renegociar a la baja en aquellos casos en lo que pueda hacerse y reinstalar divisiones en aquellos locales que admitan una reorganización.

«La situación es compleja porque, a alquileres altos y compromisos a veinte años, en algunos casos, se suma la financiación estructurada que el bipartito utilizó reiteradamente para esconder nueva deuda». Díaz explica la esencia de esa vía de financiación: «Es como si usted quiere hacerse una casa y en lugar de ir al banco y pedir financiación por la que deberá pagar intereses que doblarán el precio de la vivienda, le pide a alguien que lo haga por usted. La operación acaba con que, finalmente, deberá pagar, en lugar del doble, el triple o el cuádruple. Eso sí, consigue esconder durante un tiempo ese nuevo endeudamiento».El anterior Gobierno alquiló al exalcalde de Medio Cudeyo, Juan José Perojo, unas instalaciones ubicadas en la Avenida de los Castros, sede del que fue el negocio familiar Muebles Perojo. En arreglarlo, acondicionarlo para acoger una suerte de centro de investigación vinculado al Museo de Prehistoria (pendiente de ubicación desde que se tiró el edificio de Puertochico), el anterior Ejecutivo gastó 1,5 millones de euros. Además, el contrato de alquiler firmado en su día (hace prácticamente dos años) establece el pago de 8.000 euros mensuales.

Mientras los servicios jurídicos estudian todos los contratos vigentes tratando de arañar algún ahorro, la consejera de Presidencia asegura que se trata de una tarea complicada porque a los diferentes tipos de contrato, las distintas cláusulas y características de las instalaciones alquiladas por el Gobierno, se suman circunstancias como la que afecta a la sede de la Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente ubicada en la calle Lealtad. Un edificio por el que se pagan 587 euros el metro cuadrado en el caso del bajo y sobre el que pesan seis contratos distintos. Los firmados con cada uno de los seis propietarios del inmueble.

Presidencia ha sido la primera en dar cuenta del trabajo de su departamento en la redacción de planes de eficacia y cooperación en un esfuerzo por conseguir el ahorro que le ha exigido el jefe del Gobierno. Una encomienda en la que los alquileres que mantenía el anterior Ejecutivo tienen peso específico y que ha deparado grandes sorpresas. «Hemos encontrado cosas realmente increíbles. En nuestro afán por prescindir de lo que se pueda, pensamos en un traslado de la sede de la Dirección General de la Mujer, que actualmente se encuentra en la calle Castilla. Sin embargo, resultará complicado. ¡El anterior Gobierno prorrogó en el mes de mayo el alquiler por un periodo de diez años!». 58.000 euros se están pagando al año por ese alquiler. 208 metros que salen cada uno de ellos a 280,40 euros.

No sólo son problemas que afectan a los locales del centro de Santander. La Consejería de Ganadería, en el calle Gutiérrez Solana, le cuesta a las arcas regionales 219.129 euros al año. La cantidad que paga religiosamente el Ejecutivo por 1.940 metros cuadrados en el barrio de La Albericia

Otro departamento cuyas instalaciones nacieron envueltas en polémica. La decisión de alquilar el edifico Lagunilla para instalar la Dirección General de Desarrollo Rural, como se conoce a las dependencias situadas junto al Edificio Europa, nació envuelta en una controversia que llegó incluso a los tribunales. Lo populares acusaron al entonces consejero de Ganadería, Jesús Oria, de delito continuado de falsedad de documento público relacionado con las obras de reforma. El PP denunció el pago anticipado a la empresa pública Tragsa de 382.596 euros sin que la reforma del edificio hubiera comenzado. Finalmente, el TSJC archivó la querella.