Malestar y confusión en los centros con el nuevo sistema para elegir director
A 97 colegios e institutos de la región les toca renovar este curso a su máximo responsable pero apenas se ha presentado un candidato en la mayoría de los procesos
Víctor Puente
Lunes, 9 de mayo 2016, 07:24
A 97 centros escolares les toca renovar a su director este curso. Son una tercera parte de los colegios e institutos que existen en Cantabria (310) que estrenarán el nuevo sistema de elección que impone la Lomce. En su esencia, el proceso selectivo es similar al que venía funcionando con la anterior ley educativa (LOE). Los candidatos tienen que presentar un proyecto educativo que es evaluado por una comisión en la que está representada la administración y la comunidad educativa del centro. Los aspirantes que logren 15 puntos o más sobre los 20 posibles se someten a la fase de méritos en la que esa misma comisión de nueve miembros se encarga de evaluar para decidir a quién da la plaza.
El problema que indigna a los directores cántabros y a la propia administración regional viene con las pequeñas pero sustanciales modificaciones que la ley Wert introduce en la orden que regula la selección, nombramiento, evaluación y cese de directores: Mayor peso de la administración en esas comisiones (cinco frente a los dos del Consejo Escolar y los dos del claustro de profesores); aumento de la puntuación mínima de la evaluación del proyecto educativo (ahora son 15 puntos sobre 20 cuando antes bastaba con obtener la mitad), y posibilidad de que se presente al proceso cualquier profesor con cinco años de experiencia como docente y que cuente en su curriculum con un curso formativo sobre función directiva (antes solo podían presentarse aquellos que con estas características formaran parte también del claustro de profesores del centro).
No se puede poner en un centro a un director que no cuenta con el apoyo de su comunidad educativa. Los profesores, los padres y el personal administrativo que conoce el trabajo del día a día tiene algo que decidir en estos procesos, por lo que su opinión, aunque no sea decisiva, tiene que ser primordial. Esta es la primera de las críticas de Silvino Corada, director del instituto Santa Clara de Santander y miembro del colectivo que representa a los directores de Secundaria de Cantabria. Sabe muy bien de lo que habla porque lo ha vivido en primera persona. Es uno de los directores al que le ha tocado someterse este año al proceso de renovación de su mandato. Tras 22 años en el cargo, ha vuelto a contar con el respaldo de su centro para seguir cuatro años más. Era el único candidato. He decidido presentarme porque aún hay cosas por hacer y quiero completar el trabajo de estos últimos años.
Tras este breve paréntesis reflexivo, Corada continúa con sus quejas hacia los cambios en la normativa. No entiende que se suba el corte para pasar la primera prueba, la del proyecto educativo. Es un cambio brutal. En los quince folios que te dejan para explicarlo es muy difícil exponer tus ideas, y el despropósito se agrava cuando ves que entre los que te evalúan hay más personas de fuera del centro que de la casa.
El director del Santa Clara también habla de las repercusiones negativas que están teniendo estos procesos en el seno de los colegios e institutos. Aunque se intentan normalizar, las tensiones son inevitables cuando se presenta más de un candidato. Y convivir con ese malestar durante dos o tres meses, que es lo que suelen durar estos procesos, no es bueno para nadie.
Consciente de que el problema no es culpa de la administración regional al tratarse de una norma básica de la Lomce que hay que cumplir porque lo dice la ley, este director aplaude la actitud de la Consejería de Educación que dirige Ramón Ruiz para paliar estos cambios en la medida de sus posibilidades.
Muchas quejas
Según fuentes de la administración, las tensiones que se generan en los procesos con más de un aspirante apenas se han dado, ya que en la mayoría de los casos que ya se han resuelto (más de sesenta) se ha presentado un candidato por puesto.
Lo que no se han podido evitar son las quejas de los aspirantes, tanto por las novedades que ha traído la Lomce como las confusiones que despierta una prueba que se celebra por primera vez con estas características. De ello da fe Santiago Ferreiro, director del colegio público María Sainz de Sautola y que en esta ocasión le ha tocado ser miembro de una de las comisiones que evalúan a los candidatos a director. Ha habido muchas quejas y por lo que se comenta mi sensación es que la mayoría de los directores está en contra de un proceso en el que la administración tiene más peso que el propio centro, que es el que al final sabe que persona está mejor preparada para encargarse de la dirección.
Ferreiro no se muestra muy optimista sobre que la situación pueda revertirse en el futuro. Para que se pueda cambiar esta orden tiene que haber una modificación de la Lomce en sus normas básicas. O se echa abajo la ley o se llega un acuerdo a nivel nacional para que se modifique, afirma con tono realista el docente.
Tensiones en los centros
Desde los sindicatos también ponen en entredicho los cambios normativos pero no vuelcan todo su enfado sobre la Lomce. Siempre ha sido una orden que no ha gustado nada a la comunidad educativa. Es un proceso que viene de largo. Con el paso de los años todas las leyes educativas que se han ido sucediendo han ido restando peso a los representantes de los centros en estas selecciones y la Lomce ha sido la puntilla. El entrecomillado es de Jesús Aguayo. El portavoz del sindicato STEC considera que estos procesos han dejado de ser una elección para convertirse en un concurso que carece de sentido democrático y en el que pueden presentarse personas que no conocen el centro. Siempre hemos defendido que a estos procesos solo puedan presentarse aquellas personas que tengan ese centro como destino definitivo. No se puede permitir que llegue un paracaidista de otro centro del que se desconoce su capacidad para liderar un centro. Es una barbaridad.
Las quejas por los cambios normativos no son ajenas a STEC, al que le han llegado muchos casos de aspirantes con reclamaciones, recusaciones y hasta repeticiones de las pruebas en algunos centros porque la norma es bastante confusa tal y como la redactó la anterior Consejería (PP). Cualquier norma que se aplica por primera vez genera causística pero si a eso le unes que está mal redactada y se saca deprisa y corriendo y sin negociar, este es el resultado, remacha.
Otro sindicato al que le han llegado muchas quejas sobre las pruebas es ANPE. El sindicato con mayor representación en la Junta Personal Docente tras STEC reconoce que se están produciendo cosas raras en algunos de los procesos que se están celebrando este curso. Las anomalías a las que se refiere Federico de los Ríos, portavoz del sindicato, es que algunos de los proyectos educativos que se han presentado a las pruebas han recibido la calificación mínima (cero). ¿Y esto por qué? ANPE no se atreve a dar las razones pero desde el sindicato UGT, que también se han hecho eco de estas prácticas, sí se aventuran a dar una respuesta. Es la única manera que tienen las comunidades educativas de los centros de contrarrestar el mayor peso que tiene la administración a la hora de evaluar los exámenes. No tienen otra forma de conseguir que salga el candidatos que ellos prefieren para su centro, opina Fernando García, portavoz de UGT.
Tanto ANPE como UGT, los sindicatos que han detectado este tipo de anormalidades, piden que los directores sean elegidos únicamente por la comunidad educativa del centro para evitar este tipo de tensiones porque el problema está siendo muy gordo, denuncian.
CC OO también se suma a la petición de sus compañeros de representación de reclamar a la administración que se modifique la orden, a partir ya del curso que viene. Lo lógico es buscar la democratización de los centros y la única manera para lograrlo es que sean los centros los que elijan a su director y no que venga impuesto por la administración como marca la Lomce, explica Javier Ramírez, portavoz de este sindicato.
¿Qué opina la Consejería?
Con la unanimidad evidente en la comunidad educativa de la región, falta por saber cuál es la postura que maneja la Consejería al respecto. No estamos de acuerdo con los cambios que se han aplicado porque defendemos la autonomía de los centros y la mayor participación de los profesores y los padres en cualquier decisión que incumba a su comunidad educativa, explica a este periódico Alonso Gutiérrez, director general de Centros Educativos de la Consejería de Educación. Pero si lo rechaza, ¿por qué no lo cambia? Lo único que hemos hecho es aplicar una normativa que nos ha venido heredada de la anterior administración. No hemos podido hacer otra cosa porque nos obliga la ley a aplicarlo, continúa.
Lo que sí anuncia uno de los miembros del equipo del consejero Ramón Ruiz es la intención del Gobierno regional de cambiar la normativa en el futuro. Es un elemento más del control por parte de las administraciones que impone la Lomce y eso va en contra de nuestro modelo de política educativa, concluye Alonso.