Acayro recurre la ejecución de su condena porque todavía no se la han notificado

La Sala Segunda del TS elevó en cinco años, hasta los diez, la inhabilitación por la que había sido condenado el juez al considerar que es autor de un delito de prevaricación judicial dolosa. Es por ello que, en su recurso, el afectado apunta que no puede iniciarse la ejecución de su condena sin habérsela notificado, «máxime tratándose de una sentencia que no se limita a confirmar la de instancia, sino que dicta una nueva».

La condena a Acayro, cuyo entorno avanzó la intención de recurrir al Tribunal Constitucional, fue por dictar resoluciones en perjuicio de un abogado cántabro. Con esta sentencia, Acyro Sánchez se convirtió en el primer juez con plaza en Cantabria que es condenado por el Tribunal Supremo. La Sala consideró al juez autor de un delito de prevaricación judicial dolosa. «Actuó a sabiendas de su injusticia» contra un abogado, (José María Real), que se querelló contra él de la mano del Colegio de la Abogacía de Cantabria. Esta condena, que incluye una multa de 3.650 euros a razón de una cuota diaria de 10 euros durante doce meses, supone la pérdida definitiva de su condición de juez y de los honores que le son anejos, a lo que se suma la incapacidad para obtener durante diez años cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales, e inhabilitación especial para empleo o cargo público.