La atención en las residencias de Cantabria «se complica» en verano ante la falta de auxiliares de enfermería

«Es una locura», subraya Óscar López, que dirige la de Santa Ana, en Santoña. «Podemos hacer hasta ocho llamadas para cubrir un hueco.Sin duda, es el principal escollo de nuestra gestión». Él pone un ejemplo muy ilustrativo: «De las 8.000 horas de atención de media que tengo que cubrir al mes en el cuadrante de auxiliares gerocultoras, he tenido que sustituir 2.800 horas por bajas, vacaciones, asuntos propios... Casi un 40%. Puede pasar que nos llamen una hora antes de empezar el turno para decirnos que no vienen, y ¿qué haces?», plantea el gerente. En su caso, ha tomado la decisión de «planificar el trabajo siempre con dos personas de más para cubrir las ausencias no programadas, y aún sí nunca sobra nadie». En junio, pagó 164 nóminas para atender una residencia, con capacidad para 174 usuarios, prácticamente llena.

«Quien no haya hecho acopio de personal antes del verano, ya no va a poder contratar a nadie hasta septiembre», añade De la Concha. ¿Qué significa eso? Que al más mínimo imprevisto, tocará hacer virguerías para garantizar la calidad del servicio, «bien llamando a alguien que libra para ver si puede cubrir ese hueco o asumiendo la incidencia las responsables de planta», responde. Traducido: más carga de trabajo para un personal que ya soporta un peso «excesivo» y que está «mal pagado», reconocen ambos.

Rubén Otero, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), indica que «la crisis de personal que atraviesan las residencias no cesa desde la pandemia. Es tremendo. Y ningún organismo parece querer abordar con seriedad esta situación. Desde dentro, se observa una realidad que dista mucho del ideal: escasez de auxiliares gerocultores –figura clave en la atención directa–, una financiación deficiente tanto por parte del Estado como de los usuarios y unos salarios que rondan el salario mínimo, pese a la enorme responsabilidad de cuidar a nuestros padres, abuelos… y, en breve, a nosotros». En concreto, la nómina está en 1.160,37 euros, según las tablas del convenio colectivo. «En residencias públicas gestionadas privadamente, donde viven hasta cien usuarios, trabajan entre 22 y 25 auxiliares de 07.00 a 22.00 horas (más o menos trece de mañana y diez de tarde). Esto significa menos de dos horas por residente para realizar todas las tareas básicas diarias», dice. Además, se da «una contradicción dolorosa: hay auxiliares con 66 o 67 años trabajando en condiciones físicamente exigentes, sin un reconocimiento específico que les permita jubilarse antes». Y a esto se suma «el elevado absentismo laboral, en ocasiones del 25%, provocado por el agotamiento, la falta de motivación y la sobrecarga».

Para Soledad Berasategui, directora de La Caridad, «este verano está siendo más complicado que el anterior», pero esto «es la pescadilla que se muerde la cola» y «la solución no está en nuestra mano». Para una instalación de 270 residentes en atención 24 horas y 35 en el centro de día, cuenta con 194 trabajadores. «Estamos cubriendo como podemos. Casi todos los días hay alguna incidencia. El personal nuevo dura muy poco. Los jóvenes dan prioridad a los hospitales cuando salen al mercado y las auxiliares veteranas también se van cuando tienen la ocasión. Claro que la solución pasa por subir los salarios, pero la presión sindical no debe ser hacia nosotros, sino a las administraciones públicas», remarca.

«El tema es complejo», subraya la presidenta de Lares –agrupación de entidades no lucrativas–, porque la mayoría de las plazas son concertadas, es decir, están sujetas al precio que paga la Administración. «Si quien te paga no lo sube, ¿quién lo asume?», plantea. A este respecto, desde la Consejería de Inclusión Social matizan que «desde 2022 Cantabria garantiza por ley que los precios concertados en el sector de la Dependencia y Discapacidad se actualizan conforme a los incrementos salariales que provengan de la negociación colectiva sectorial». Así que interpretan que la pelota no está en su tejado. «Como Gobierno, no podemos negociar un convenio colectivo ni mediar entre dos partes privadas», aclara la consejera Begoña Gómez del Río.

Sin embargo, desde el sindicato CC OO, que calcula que «hasta 27 residencias de la región sufren falta de personal, que impide sustituir vacaciones, ausencias justificadas o bajas», insisten en que, aunque el convenio es de aplicación es estatal, «desde la comunidad hay actuaciones que se pueden llevar a cabo» para paliar la situación, «empezando por incrementar la ratio de personal y el precio público de las prestaciones destinadas a atender a personas en situación de dependencia».

También desde la Federación empresarial apuntan como medida necesaria el «aumento progresivo de las ratios de personal hasta alcanzar niveles dignos». Una medida que no contempla el Gobierno de Cantabria. «Sabemos que los ratios son exigentes, pero modificarlos podría repercutir en la calidad del servicio y de las condiciones laborales», responde Gómez del Río. De otro lado, el sector reclama «la revisión y actualización de las aportaciones de los usuarios según sus ingresos reales, que se mantienen intactos desde 2011, lo que provoca una desigualdad injusta entre quienes accedieron a una residencia hace años y quienes lo hacen ahora», pagando más los segundos, aunque su pensión sea la misma.

De otro lado, Otero señala que «los auxiliares gerocultores siguen sin figurar en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura». También la gerente de San Cándido exige «dignificar la profesión, tanto en la parte de reconocimiento social de su trabajo como en la retributiva. Es curioso, si eres auxiliar de Valdecilla parece que eres alguien, si trabajas en una residencia, no pasa eso. Cuando el trabajo es mucho más importante. En los hospitales los pacientes están de tránsito, en nuestros centros se crean vínculos de atención directa con los usuarios. Las auxiliares son su bastón, a quienes cuentan sus cuitas a diario». De la Concha suscribe la afirmación de Rubén Otero de que «es hora de que las administraciones, las familias y la sociedad en general entiendan que cuidar a nuestros mayores no es un gasto, sino una inversión ética y social. Se tiene que subir los precios para mejorar el servicio. Porque cuidar a quienes nos cuidaron no debe ser un privilegio, sino una prioridad».