La Audiencia requiere al fiscal que suba las penas pactadas del 'caso Obras Públicas'

Según han avanzado a El Diario Montañés fuentes conocedoras del caso, la magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y presidenta del tribunal del jurado que juzgará este caso, Almudena Congil, ha requerido al fiscal Jesús Alaña que suba las penas acordadas con seis de los ocho acusados (las hijas del funcionario quedan en calidad de partícipes a título lucrativo). El motivo de esta petición radica en una discrepancia jurídica a la hora de calcular las penas. La magistrada entiende que el fiscal ha fijado el castigo por debajo de lo que debería.

El representante del Ministerio Público considera que el exjefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez –que acepta 7 años de cárcel por delitos de fraude en la contratación, cohecho, y blanqueo de capitales en concurso medial con el falsedad en documento mercantil– es autor de los hechos que se juzgan, mientras que el resto de acusados –la mujer y cuatro empresarios– son cooperadores necesarios. Partiendo de esta base, Alaña entiende que el funcionario tiene que tener una pena superior al resto (no solo por ser autor de cuatro delitos), y así lo plasmó en el acuerdo que suscribieron las partes.

Por el delito de fraude en la contratación, el fiscal estableció para el funcionario una pena de dos años de cárcel. En cambio para los constructores la redujo a un año. En el caso del delito de cohecho, la pena para el exjefe de Carreteras era de dos años de cárcel y 6.000 euros de multa, y para los empresarios de un año y 1.800 euros de multa. Es decir, al funcionario le pedía el doble de pena (4 años) por los mismos delitos que a los empresarios (2 años).

Sin embargo, la magistrada, en una interpretación «más rígida» del Código Penal, considera que el autor y los cooperadores necesarios tienen que tener la misma pena ante el mismo hecho delictivo. Eso no quiere decir que el fiscal tenga que elevar a los cuatro años el castigo de los empresarios, pero sí aumentarlo por encima de los dos años. Y, según ha podido saber este periódico, ese incremento se traducirá en algún mes más de cárcel y un aumento de la multa. El acuerdo supone que solo el líder de la trama, Miguel Ángel Diez, entre en prisión y que al resto de acusados se le suspenda las penas de cárcel que se les impongan. Pero al superar ahora los empresarios los dos años de cárcel, se les tendrá que aplicar una suspensión de pena extraordinaria, que requiere de una multa adicional.

Fuentes jurídicas explican que tanto el criterio aplicado por el fiscal como el de la magistrada tienen «apoyo jurídico». Sin embargo, el matiz está en que, a la hora de aplicar la misma horquilla de pena, el fiscal rebaja el castigo en el caso de los cooperadores necesarios, al estimar que no tienen la misma responsabilidad penal que el autor, cuyo actuación en los hechos es «más grave» que la de los anteriores.

Según han traslado fuentes del caso a este periódico, los acusados están conformes con las nuevas penas y desde hace unos días están firmando el nuevo acuerdo de conformidad, que será recogido a través de una adenda. Es decir, no será necesaria la celebración de una vista en la que los ocho acusados rubriquen ante la instructora del caso el nuevo acuerdo. Basta con que todos ellos lo firmen y después lo remitan al fiscal, que a su vez se lo presentará a la magistrada que juzgará el caso.

Este trámite también evitará que la titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, instructora del caso, tenga que dictar un nuevo auto de apertura de juicio oral, con lo que se agilizará el proceso.

Más complicado será, según apuntan fuentes del caso, señalar cuanto antes la vista para que los acusados ratifiquen ante la magistrada Congil el acuerdo que están firmando (ayer faltaban dos acusados de hacerlo), puesto que tendrán que cuadrar las agendas de los letrados de las defensas.

Lo que no se modificará respecto al primer acuerdo es la responsabilidad civil derivada de las infracciones delictivas, que supusieron un perjuicio al Gobierno de Cantabria, por el fraude en la contratación, de 1.623.257,14 euros (esta cantidad corresponde a las mordidas que recibió el funcionario).

A esa cantidad tendrán que hacer frente cinco acusados. Así, el funcionario de Carreteras tendrá que indemnizar con 749.648 euros; José Luis Blanco, con 110.500 euros; José Saiz Gómez, con 252.000 euros; y Vidal Celis y Elías Celis, con 255.554,57 euros cada uno.