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Los padres de alumnos critican la privatización de la educación. :: j. g.
Cantabria invierte 3.016 euros por cada alumno de la enseñanza concertada

Cantabria invierte 3.016 euros por cada alumno de la enseñanza concertada

La federación de padres FAPA critica que Educación cierre colegios públicos por «el descenso de matrícula» mientras «sostiene» los centros privados

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Viernes, 16 de febrero 2018, 07:18

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La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cantabria (FAPA) lamenta que el anunciado cierre del colegio Simón Cabarga de Santander, que se materializará a finales de este curso, pone de manifiesto que «la única política educativa que ha llevando a cabo tanto el Gobierno actual como los anteriores es la de reducir los presupuestos dedicados a esta área, sin poner nada de su parte para favorecer la enseñanza pública como la única capaz de garantizar una educación de calidad para todos los niños y niñas». En su crítica, el colectivo desvela la paulatina privatización de la enseñanza que consiente la Consejería de Educación, «permitiendo el cierre de colegios públicos con la única razón del descenso de matrícula, mientras siguen sosteniendo la educación concertada».

FAPA lamenta que el Simón Cabarga vaya a ser cerrado «con apenas 30 años de vida», mientras la educación concertada «alcanza los 33 con una excelente salud gracias a nuestros gobernantes». Una salud que, numéricamente, se traduce en 77,5 millones de euros. Ese es el dinero que el Gobierno de Cantabria destina este año a «la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos», tal y como aparece reflejado en los Presupuestos de 2018. Un millón más que en 2017. Si se tiene en cuenta que en la educación concertada hay matriculados este curso 25.693 alumnos, contabilizando todos los niveles, desde Infantil hasta Formación Profesional, la media asciende a 3.016 euros por cabeza. Y si el cálculo se realiza por aula, la cuenta sale a 65.180 euros por clase, aunque hay que especificar que el módulo es más caro según se asciende en la escala educativa.

55% es el porcentaje de alumnos de Infantil y Primaria de Santander que acuden a colegios concertados

Cerca del 80% de esta inversión pública en los centros concertados se dedica al pago de los profesores -la Administración asume incluso su cotización a la Seguridad Social- y el otro 20% al sostenimiento del centro.

La situación de Santander

La federación, representante mayoritario de las familias de la enseñanza pública, lamenta «profundamente» la decisión tomada por el Gobierno de Cantabria de unificar los colegios Los Viveros (Infantil), Ramón Pelayo y Simón Cabarga (ambos de Primaria), situados todos ellos en el entorno de la calle Alta, lo cual conlleva en la práctica el cierre de este último, que este curso cuenta con sólo 60 alumnos.

La asociación que preside Leticia Cardenal reprocha que la medida sea «una forma de potenciar la educación pública y racionalizar los gastos de mantenimiento y personal», tal y como la ha «justificado» la Consejería; y critica que el descenso de matriculación en los centros públicos se «solucione» con su cierre, más en una localidad como Santander en la que las plazas en la educación concertada significan ya el 55% del total. Según los datos de escolarización, 8.029 alumnos de Infantil y Primaria estudian en colegios concertados, mientras que otros 6.387 (el 44%) lo hacen en públicos. Los 139 restantes asisten a colegios privados que carecen de concierto.

En la capital cántabra existen este curso 24 colegios públicos y 26 concertados, pero dos tercios de las plazas que ofertan los públicos pertenecen a centros del extrarradio (San Román, Peñacastillo...). En esta tesitura, FAPA reprocha a la Administración no aprovechar centros con pocas plazas como el que va a cerrar para «potenciar una educación que prestase más atención a la diversidad del alumnado y sus necesidades de forma individualizada». «¿No se podía haber convertido este 'problema' en una oportunidad para potenciar la educación pública?», se cuestiona. «Lamentablemente, ha primado el interés económico por encima de todo lo demás», se responde.

77, 5 millones de euros dedica el Gobierno de Cantabria en 2018 a «la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos».

Recuerda FAPA que el origen de los conciertos educativos se produjo «ante la necesidad de cubrir la falta de plazas existente en los colegios públicos», planteamiento que, en su opinión, «ha quedado aparcada por los diferentes gobiernos, que han seguido sosteniendo este sistema bajo la falacia de la libertad de elección de las familias. Libertad que los números han demostrado repetidamente que sólo se produce para un sector de la población, pues la inmensa mayoría del alumnado más desfavorecido social y económicamente está en unos centros públicos que cada vez cuentan con menos recursos». El colectivo espera que el cierre del Simón Cabarga sea «el último» -el Jesús Cancio está en el punto de mira-, pues las familias «no estamos dispuestas a consentir que se siga mermando la educación pública».

El reparto de alumnos en Cantabria es inverso al de Santander si se analizan los datos globales de las etapas de Educación Infantil y Primaria, en las que el 69,1% de los alumnos (35.699) estudian en la enseñanza pública y el 29,3% (15.122) en la concertada. Algo que se justifica en que la mayor parte de los centros con conciertos se concentran en la capital. El otro 1,5% corresponde a escolares de centros privados (800) sin conciertos económicos. Si el análisis se extiende al conjunto de la enseñanza, las proporciones son similares: un 70,6% de los 94.119 estudiantes que pueblan las aulas de Cantabria este curso lo hacen en centros públicos; un 27,2% en concertados; y un 2% en privados.

Extensión de los conciertos

La inversión pública en centros privados aumentará además en caso de que se apruebe el Pacto por la Educación, ya que la subcomisión del Congreso de los Diputados que trabaja en el asunto ha avalado, con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, la universalización del derecho a la educación de los 0 a los 18 años, concretando que los poderes públicos deberán garantizar la escolarización de todas las personas que soliciten los tramos no obligatorios, tanto del primer ciclo de Infantil (0-3 años) como de Bachillerato (16-18). Esto implica, tal y como revela el sindicato STEC, extender el sostenimiento con fondos públicos a estos dos tramos del sistema educativo que hasta ahora permanecían al margen del régimen de conciertos.

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