Cermi impugna la normativa cántabra de acreditación de los centros de atención a la discapacidad

Cermi impugna la normativa cántabra de acreditación de los centros de atención a la discapacidad
DM

Denuncia que se ha publicado sin consenso y sin acuerdo alguno con el sector y que deja a las entidades sociales ante un escenario de futuro «muy complejo»

Pilar Chato
PILAR CHATOSantander

El Gobierno regional aprobó el pasado mes de marzo una nueva normativa para regular la atención a la dependencia en Cantabria. Esta norma, la llamada normativa de acreditación, no sólo crispó a las empresas que gestionan las residencias de mayores, sino también al sector de la discapacidad. Ese descontento se ha plasmado ahora en una oposición directa con acciones que pueden tener consecuencias. El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (Cermi), junto a las entidades que lo componen, ha impugnado esa normativa de acreditación aprobada por el Gobierno de Cantabria y publicada el pasado 14 de marzo. Oficializa así su oposición a una disposición a la que acusan de haberse publicado sin consenso y sin acuerdo alguno con el sector y que deja a las entidades sociales ante un escenario de futuro «muy complejo».

Esta norma incluía los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados, así como los criterios y el procedimiento de acreditación, con las nuevas ratios de trabajadores que se exigen. En ese momento también se aprobó el decreto que actualizaba los precios públicos por plaza concertada, que conllevará un 10,54% más de inversión pública (de ahí los siete millones de euros anuales). Aunque a finales de 2017 la Administración negoció un acuerdo con las empresas proveedoras de servicios a personas mayores, englobadas en las entidades FED, PAD y Lares, el diálogo se rompió y la implantación del nuevo sistema llegó sin el respaldo del sector empresarial y tampoco del de la discapacidad.

Para Cermi, el objetivo de esta impugnación es que la administración y el ICASS reflexionen sobre la situación y resuelvan de inmediato lo que consideran «un agravio» para las entidades sociales de la discapacidad.

A su juicio, una vez que se ha hecho público el contenido de la norma se constata el planteamiento de determinadas exigencias que confirman la «preocupación máxima» de las entidades de cara a su sostenibilidad.

Además, ha recordado que, en marzo de 2018, Cermi Cantabria denunció la paralización del desarrollo de la propuesta de normativa que se estaba trabajando de forma conjunta, a la vez que expresaba su alarma ante la consolidación de los recortes en servicios sociales para las personas con discapacidad.

En su momento, Cermi determinaba que era preciso elaborar una normativa específica para la autorización y acreditación de servicios sociales destinados a la atención de personas con discapacidad en Cantabria, junto con una memoria económica que recoja de modo objetivo y real una estructura ordenada de costes de los servicios.

«Durante las últimas legislaturas, se ha trabajado intensamente en coordinación con los diferentes gobiernos, hasta que se produce la paralización en el trabajo conjunto en 2018 y que se ha saldado con esta publicación por sorpresa», ha asegurado.

Desde CERMI Cantabria insisten en la «necesidad» de contar con un pacto político global, que permita resolver este tema de forma ordenada y planificada hacia el futuro, con objeto de dar coherencia entre la calidad de la atención y los recursos aplicados, manteniendo para ello un modelo normativo estable y progresivo.

Por último, han recordado que la normativa «tiene que ser consecuente» con el modelo económico que la sustente, y que las entidades no pueden seguir cofinanciando unas plazas, que son de responsabilidad del Gobierno, haciendo peligrar su sostenibilidad.