Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos

Para que un complejo al completo dé el visto bueno al uso turístico de una de las viviendas el primer paso es convocar una junta de propietarios. Y tal y como plantea el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria, Alberto Ruiz-Capillas, en la región, por el momento, se han dado «escasas solicitudes formales». El proceder, a la hora de la verdad, de quienes tienen intención de establecer este uso para una vivienda «es en primer lugar, consensuar y convencer al resto de los propietarios». Muchos no pasan de esa fase. Y quienes consiguen un visto bueno mayoritario «son los que finalmente convocan el encuentro formal o esperan a la siguiente junta ordinaria para abordar el debate». Es decir, primero tantean y se aseguran para después afrontar la votación.

No es una situación sencilla. La tónica general entre propietarios es de «preocupación» por este tipo de uso para sus viviendas vecinas. «Ruidos, incendios, trasiego de personas en las zonas comunes, deterioro por el aumento del uso...» son las principales inquietudes que plantean a las empresas que forman parte del Colegio. «En la última reunión que tuvimos con el anterior director general de Turismo, desde las empresas de administración de fincas ya trasladamos, como medida de tranquilidad para los propietarios, la necesidad de demostrar que se cumplen con los requisitos de seguridad indispensables para el uso turístico. Por ejemplo, dar cuenta de que la vivienda tiene instalado un sistema de detección de humos», explica.

El aspecto económico también marca la toma de la decisión. «Se planteó la posibilidad de que las comunidades pudieran requerir el aumento de la cuota a pagar un 20% por parte de quienes alquilan su vivienda de forma temporal». A pesar de las propuestas y los requisitos, la realidad es que, a raíz de la reforma en la normativa, «la controversia se ha frenado».

Va a ser «muy difícil» que las comunidades den el visto bueno al uso turístico. Pero hay excepciones. «En otras regiones –también de forma aislada en Cantabria–, se ha dado la aprobación con una condición concreta: comunidades en las que existen muchas segundas residencias». Es un factor que, a pesar de no estar directamente relacionado, marca una tónica generalizada. «Las localidades donde más segundas residencias hay, especialmente en la zona oriental, son las que más probabilidades tienen de dar el visto bueno al uso turístico», plantea. «Aunque el permiso de cada vivienda se aprueba de forma individual, dar el visto bueno a unas sí y a otras no es entrar en un agravio comparativo».

En la región existen alrededor 6.500 viviendas de uso turístico legales. Sin embargo, las estadísticas arrojan que el total, contando las que aún no estaban legalizadas, son casi diez mil. La modificación de la normativa no tiene efecto retroactivo. Eso significa que quienes contaban con una licencia previa al 3 de abril no necesitan pasar por una junta de propietarios. Sin embargo, aquellos que utilizaban la vivienda con un fin turístico, pero no habían regularizado la situación de ese uso, sí que deberán afrontar el proceso de aprobación del resto de la propiedad en junta.

El cambio en la Ley ha supuesto «un giro radical» para los vecinos. «Ahora, por defecto, no está permitido el uso turístico», lo que implica que, «los propietarios tendrán información sobre si hay una vivienda en su edificio con este fin y está en su mano aceptarlo o no». Este era antes uno de los principales problemas entre vecinos: «La falta de información». A pesar de que «en Cantabria no se han dado excesivos incidentes», la realidad de otras comunidades autónomas mantenía en alerta a quienes convivían con una propiedad de estas características. «Cuando las barbas de tu vecino ves cortar pon las tuyas a remojar», plantea Ruiz-Capillas, «con la cantidad de noticias que llegan de lugares como Palma de Mallorca, es normal que las zonas de Cantabria con mayor número de visitantes tuvieran preocupación».