El Estado niega que haya denegado los permisos para limpiar los ríos cántabros
Cantabria ·
«El alcalde de Cabuérniga ha dispuesto en todo momento de comunicación directa con el personal de la CHC, pero no consta a lo largo de esta semana que se haya dirigido a dichos teléfonos», explican desde Confederación
Las inundaciones sufridas la pasada semana por muchas localidades de Cantabria, debido al desbordamiento de los ríos Saja, Besaya, Ebro, Hijar, Pas, Asón y Deva vuelve a enfrentar a los socios de Gobierno, socialistas y regionalistas. Y por si fuera poco, el presidente Miguel Ángel Revilla y muchos alcaldes de su partido arremeten contra la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), a la que acusan de no hacer bien su trabajo de mantenimiento de los cauces. Pero desde la Confederación se defienden y aseguran que no se ha denegado ninguna petición de limpieza de cauces de un ayuntamiento cántabro y que no se ha puesto «en ningún momento inconvenientes» a esas actuaciones, «siempre con los criterios y condiciones ambientales fijadas por la Dirección General del Medio Natural de Cantabria».
En un comunicado la CHC ha respondido así al alcalde de Cabuérniga, Gabriel Gómez (PRC), quien este martes avisó de un riesgo de desbordamiento «inminente» del río Saja, que puede afectar a viviendas de Renedo, Terán y Sopeña, y acusó a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y a la Delegación del Gobierno de «mirar para otro lado».
La CHC asegura que entre 2016 y 2018 se han resuelto 34 solicitudes de limpieza de cauces, de las cuales ha sido favorables 31 y solo 3 se han archivado, aunque ninguna ha sido denegada.
De Cabuérniga, ha precisado que el Ayuntamiento formuló dos peticiones, una para la limpieza del canal de Caborzal que se realizó en diciembre pasado y otra, el 7 de enero, para limpiar el entorno del puente donde fluyen los arroyos de Rubial y Verdero, en Sopeña, que está pendiente del informe de la comunidad autónoma.
«El alcalde de Cabuérniga ha dispuesto en todo momento de comunicación directa, cuando así lo ha deseado, con el personal de la CHC, contando con sus teléfonos personales directos. Al contrario de lo señalado en sus manifestaciones, no consta a lo largo de esta semana que se haya dirigido a dichos teléfonos para manifestar alguna de las incidencias que ahora relata«, afirma la CHC.
También indica que a finales de 2018 se encargó a Tragsa labores de conservación de cauces de Cantabria por más de 319.000 euros, y hasta ahora se ha actuado en los puntos «más urgentes».
La CHC recuerda, además, que su presupuesto para 2019 en Cantabria es de 790.000 euros y señala que la competencia para acometer las actuaciones en cauces de áreas urbanas y aledañas es de los ayuntamientos de acuerdo con la Ley de 2001 que regula el plan hidrológico nacional.
La Confederación cita en su nota de prensa también el decreto de 1984 que establece el traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado a la comunidad autónoma para programar, aprobar y tramitar hasta el abono de las certificaciones, las inversiones de las obras de su interés en materia de encauzamientos y defensas de márgenes en áreas urbanas.
«No obstante el ámbito competencial definido por la normativa, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico considera prioritario colaborar con el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos competentes en la defensa de las zonas urbanizadas ante las avenidas, en las labores de gestión del riesgo de inundación y de conservación de los cauces«, añade.
Y respecto a las necesarias actuaciones de urgencia en los cauces, recuerda que el artículo 10 del reglamento de dominio público hidráulico recoge la posibilidad «de su ejecución con carácter provisional que posteriormente deberán ser, en su caso, legalizadas».
