Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada

El nuevo vial entre Requejada y Suances, de menos de 8 kilómetros de longitud -a través un puente que atravesará la ría de San Martín- y presupuestado inicialmente en 45 millones, costará finalmente 187,8 y el Gobierno regional lo pagará en 26 años. Así lo desveló la semana pasada la Consejería de Fomento que dirige Roberto Media. La intención del Ejecutivo es utilizar una nueva fórmula denominada 'pago por disponibilidad'. Es un método de financiación donde la Administración pública proporciona a la empresa concesionaria un canon fijo a cambio de la disponibilidad del servicio y del mantenimiento de la obra durante un periodo determinado. De esta manera, el Gobierno cántabro no tendría que endeudarse ni poner de inicio ni un solo euro -a costa de incrementar notablemente el precio final de la infraestructura-.

La intención de Fomento es sacar cuanto antes la licitación. La empresa adjudicataria dispondría de un año para elaborar el proyecto, tres para ejecutar los trabajos y 26 para ocuparse del mantenimiento. «Hay que ver los pliegos para valorar si el mecanismo en sí es sostenible, viable y factible», explica Miguel Ángel Sainz, secretario general de la ACP. «La clave es que sea una actuación que tenga sentido para las compañías», continúa. «Dependiendo de todo esto, con una amortización a tan largo plazo, las empresas concurrirán o no», apostilla.

Este modelo de colaboración público-privada no le parece mal a los constructores cántabros, aunque resaltan las dificultades que se les plantean. «Es un modelo que puede ser interesante, pero para las empresas familiares es un reto mayor porque es una inversión a muy largo plazo», explica Juan de Miguel, presidente del Grupo SIEC. «Me imagino que la apliquen para los grandes proyectos pues a las empresas medianas y pequeñas nos limita», subraya. «Podríamos entrar con una UTE -una Unión Temporal de Empresas- con otras compañías técnica y financieramente mayores. No podemos meternos así tan alegremente, pues te puede eliminar para hacer el resto de actividades», concluye.

«Vemos muchas virtudes, pero también retos que habrá que ver si se recogen en las particularidades; como que en estos nuevos contratos se puedan incluir revisiones de precios para protegernos de la inflación», opina José Domingo San Emeterio, presidente de Copsesa. «Todas las fórmulas que permitan ayudar a desarrollar más infraestructuras siempre son bien vistas por nuestra parte», añade.

«La idea me parece buena, pero a tantos años no creo que encuentren inversores», afirma Antonio Casado, propietario del Grupo Casado. «El canon que se paga es pequeño y la amortización es a muy largo plazo», considera. «Empresas locales no creo que haya, y nacionales tampoco con ese periodo tan amplio para la amortización; aunque bueno, ellos (por el Gobierno de Cantabria) dispondrán de sus estudios», finaliza.

Sobre esto último ya se pronunció el Ejecutivo la semana pasada, cuando Media aseguró durante su comparecencia en la comisión parlamentaria para presentar las cuentas de 2026 de su departamento que se trata «de una infraestructura muy compleja, que va a hacer que opten las principales empresas del país».

A quienes nos les ha parecido una buena idea la construcción del futuro vial entre Requejada y Suances por medio de esta fórmula es a la oposición, que se ha unido en las críticas. «La anualidad de esa carretera verdaderamente es una barbaridad, unos 8 millones. Nos huele muy mal», afirma el regionalista Pedro Hernando. «Si realmente mantener ese vial durante 26 años va a costar 150 millones, hay que plantearse que la presidenta (María José Sáenz de Buruaga) vaya a su pueblo por otra alternativa», afirma. «Primero nos dicen que iba a costar 45 millones, ahora que 188, que es tres veces más, y para llevarla a cabo hipotecan el futuro de Cantabria condicionando los Presupuestos regionales durante 26 años», subraya la socialista Ainoa Quiñones. «Es un nuevo pelotazo millonario del PP, como el que ya hicieron con Ferrovial en el Hospital Valdecilla por 900 millones de euros», sentencia.

A Vox tampoco le gusta. «Para apostar por un proyecto público-privado hay que demostrar que se trata de lo más beneficioso para el ciudadano», considera Leticia Díaz. «Queremos saber cuál es el precio real de la obra si se ejecuta por parte del Gobierno de Cantabria y cuál es el coste con financiación bancaria», argumenta antes de recalcar: «Teniendo en cuenta que el mantenimiento de carreteras era uno de los contratos con generosas 'mordidas', asociado a la corrupción, resulta sorprendente la opacidad del Ejecutivo regional en la materia».

Como vara de medir, los partidos exponen que «el nudo de Torrelavega», una obra «mucho mayor», ha costado 160 millones o que «el polígono de La Pasiega», con estación intermodal incluida, rondará los 200 millones.